Las irregularidades cometidas por los responsables del Banco Feigin S.A. presentan las características de un vaciamiento por cuanto, por medio de diversas maniobras, se desviaron fondos pertenecientes a los depositantes al Banco Central y al Banco de la Nación Argentina, a favor de empresas vinculadas a escasa o nula solvencia patrimonial.
Estas maniobras no podrían haberse desarrollado de no mediar una red de relaciones con las entidades oficiales y otras entidades financieras que permitieron generar un perjuicio millonario al público y al Estado Nacional.
En junio de 2002, La Cámara Federal de Córdoba confirmó el procesamiento de ex directivos del Banco Feigin, acusados por múltiples maniobras fraudulentas que determinaron la caída de la entidad en 1995.
La Cámara no sólo ratificó en gran parte la resolución del juez federal N° 2 de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes, sino que en diversos aspectos fue más dura al momento de calificar la conducta de los ex directivos de la entidad, a quienes se reprocha haber consumado una serie de operaciones irregulares que prácticamente vaciaron al Banco Feigin poco antes de su liquidación.
Al mismo tiempo, la Cámara rechazó un planteo de los abogados del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que actuaban como querellantes, quienes reclamaron el encuadramiento de los hechos en la figura de la subversión económica, recientemente derogada por el Congreso Nacional.
Sostuvo la Cámara que, no obstante la gravedad de las maniobras ilícitas detectadas, los hechos no constituyen subversión económica, sino defraudaciones y estafas en perjuicio del patrimonio del Feigin, de sus ahorristas y del Banco Central de la Republica Argentina.
Las maniobras incluyeron operaciones financieras fraguadas, para hacer aparecer que el Banco Feigin atravesaba sólo problemas de iliquidez transitorios, de modo de obtener asistencia crediticia del BCRA.
Tales operaciones, que incluyeron el falseamiento de datos en el balance de la institución, para ocultar la verdadera situación patrimonial, fueron determinantes para lograr que el Banco Central le otorgara aproximadamente 40 millones de pesos de redescuentos, de los que sólo se recuperaron nueve millones.
Esta última operación, que para el juez de primera instancia respondió a un plan de salvataje de entidades financieras, como consecuencia de la situación económica que vivía el país, inmerso en la crisis del efecto Tequila, para la Cámara configuró lisa y llanamente una estafa, de la que responsabilizó a los ex directivos.
se trata de operaciones irregulares diversas, por las que los directivos habrían logrado retirar fondos del Banco antes de su caída, tanto en beneficio personal y de sus empresas, cuanto a favor de algunos inversionistas y clientes más allegados.
La resolución de la Sala A de la Cámara, confirmó el procesamiento de los ex directivos José Ignacio Romero Díaz, Roberto Luis Zanotti y Roberto Tomás Thomann, por su participación en los hechos. También decidió mantenerles la situación de libertad en que se encuentran, la prohibición de salir del país y el embargo oportunamente trabado sobre sus bienes personales.
Además, confirmó, en algunos casos, y en otros ordenó, el procesamiento de empresarios y profesionales relacionados con el Banco Feigin, a los que se atribuye complicidad en algunas de las maniobras investigadas. Esa es la situación de Fernando Barcelona, Juan Carlos Bianchi, Santiago Felipe Castellanos, Humberto Ernesto Grumelli, Arnaldo Guillermo Inchauspe, Néstor Andrés Lentini, Juan Félix Marenco, Marcelo Martínez Casas, Rolando José Alberto Porolli y César Heraldo Saín.
En cambio, fueron sobreseídos Enrique Barbuto, Aldo Aníbal Elías y Aldo Fuad Elías, Víctor José Gullo, Jacques Mata, Guillermo Horacio Stegman y Julio César Treachi.
También quedaron sobreseídos los ex funcionarios de la entidad, Eduardo Balbarrey, Eduardo Ramón del Campillo y Eduardo Gañán.
Al ex síndico, Eduardo Héctor Riquelme, el Tribunal le dejó sin efecto el procesamiento en varios hechos y confirmó su sobreseimiento en otros.
