El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) manifiesta que la decisión de la Sala I de la Cámara Federal de confirmar la exclusión de las querellas en la investigación del caso $LIBRA constituye un grave retroceso para las posibilidades de esclarecimiento de hechos de extraordinaria relevancia institucional.

Dadas las serias deficiencias que rodean la actuación del Ministerio Público en el caso, dejar la investigación en manos exclusivas de los fiscales podría conducir al cierre prematuro de la causa, consagrando así un estado de impunidad en beneficio de todos los imputados.

La querella no constituye un obstáculo para la acción de los fiscales; por el contrario, posee una función esencial de protección del derecho de las víctimas, así como de control e impulso de la investigación. La exclusión de su rol resulta particularmente grave en una investigación que involucra incluso la eventual participación del Presidente de la Nación.

Cuanto mayores son los intereses comprometidos, mayor debería ser la intensidad de los controles institucionales sobre la investigación. Sin embargo, la decisión adoptada produce el efecto contrario: elimina uno de los principales mecanismos disponibles para exigir la profundización del caso y concentra exclusivamente en los fiscales la responsabilidad por su avance.

Ello ocurre, además, en una causa en la que no resulta admisible invocar la complejidad o la falta de recursos como explicación para la ausencia de una estrategia investigativa robusta. El caso cuenta con una importante cantidad de evidencia disponible —registros digitales, comunicaciones, transacciones financieras y operaciones con criptoactivos— que permite reconstruir los hechos y avanzar sobre las responsabilidades eventualmente involucradas. Por ello, la relevancia institucional del caso debería conducir al Ministerio Público Fiscal a concentrar sus capacidades y recursos para maximizar la investigación.

No existe justificación para que un caso de estas características no reciba el máximo impulso institucional del órgano responsable de la persecución penal. La sociedad espera del sistema de justicia la máxima diligencia y rigor frente a los delitos que involucran a funcionarios y poderosos.

Por otra parte, se subraya que se trata de una de las primeras resoluciones dictadas por los nuevos integrantes de la Sala que fueron recientemente designados para ocupar esos cargos por propuesta del propio Presidente de la Nación, con acuerdo del Senado. Esta situación introduce cuestionamientos que erosionan la confianza pública y la calidad institucional del sistema de justicia.

Por ello, la Cámara Federal de Casación Penal, llamada ahora a revisar esta decisión, tiene una responsabilidad institucional particularmente relevante. Su intervención debe orientarse a salvaguardar la averiguación de la verdad y a garantizar que decisiones estrictamente procesales no terminen convirtiéndose en obstáculos para el esclarecimiento de hechos de indudable interés público.

Permitir la continuidad de las querellas en el proceso significa garantizar que las víctimas puedan ejercer plenamente su derecho a impulsar la investigación, requerir la producción de pruebas y procurar que los hechos sean efectivamente esclarecidos.

En un caso que involucra al poder político y económico en sus más altas esferas, cerrar los mecanismos de participación y control ciudadano no contribuye a fortalecer la investigación. Por el contrario, profundiza las condiciones que pueden conducir a la impunidad.