El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), que interviene en la causa $LIBRA en calidad de amicus curiae (amigo del tribunal), solicitó a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), la fiscalía anticorrupción del Ministerio Público Fiscal de la Nación, que asuma la acción penal en el caso $LIBRA y apele los sobreseimientos dictados. La Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal habilita su intervención directa cuando el fiscal de la causa desiste de continuar la investigación, una facultad reconocida por la Corte Suprema en los precedentes Guillermo Moreno y Skanska.

El CIPCE cuestionón la actuación del fiscal Eduardo Taiano y del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, al considerar que el cierre de la causa se basó en una valoración arbitraria de la evidencia reunida y se produjo sin avanzar en líneas de investigación determinantes para el esclarecimiento de los hechos. En este contexto, la organización sostiene que la PIA debe ejercer las facultades que le otorga la legislación vigente para asumir directamente la acción penal, impugnar los sobreseimientos y garantizar la continuidad de la investigación.

La intervención de la PIA resulta fundamental para evitar que el cierre prematuro de la causa derive en la impunidad de posibles hechos de corrupción de enorme trascendencia institucional, que comprometen intereses colectivos. La investigación provocó una fuerte conmoción pública debido a la presunta vinculación del presidente de la Nación y de su hermana, secretaria general de la Presidencia. En este contexto, el CIPCE advirtió que la falta de una investigación efectiva podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado argentino por el incumplimiento de sus obligaciones de investigar y perseguir este tipo de delitos.

El CIPCE también señalón graves deficiencias en el desarrollo de la investigación, entre ellas, la falta de transparencia sobre las actuaciones, la desatención de pedidos para profundizar medidas probatorias y la ausencia de respuestas a las solicitudes de citación a indagatoria del Presidente.

Finalmente, subrayó la urgencia de que la PIA intervenga, dado que el plazo para apelar el sobreseimiento es de apenas tres días desde su notificación. Consideró que, frente a la gravedad de los hechos investigados y las irregularidades denunciadas, resulta indispensable garantizar la continuidad de la investigación y evitar que una decisión prematura impida el esclarecimiento de los hechos.