La Procuraduría federal especializada en investigar la corrupción asumió el ejercicio de la acción penal y pidió la reapertura del caso. El juzgado, interinamente a cargo de Daniel Rafecas, y eventualmente la Cámara Federal deben habilitar una investigación exhaustiva, proactiva y especializada para evitar la impunidad.

En respuesta a la presentación que realizamos desde el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) junto al INECIP, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), encabezada por Sergio Rodríguez, nos comunicó que se presentó en la causa $LIBRA, asumió el ejercicio de la acción penal y solicitó su reapertura. Además, interpuso un recurso de apelación en subsidio para el caso de que ese pedido sea rechazado.

La decisión recoge el reclamo que formulamos ante el sobreseimiento prematuro de Javier Milei, Karina Milei y los demás imputados. La intervención de la PIA constituye un paso fundamental para que los hechos sean investigados por un organismo especializado en corrupción, frente a la decisión del fiscal Eduardo Taiano de abandonar la persecución penal.

Ahora, el Juzgado Federal N.º 8, interinamente a cargo de Daniel Rafecas, debe hacer lugar al pedido de reapertura. Si lo rechaza, la Cámara Federal deberá admitir el planteo de la PIA y permitir que la investigación continúe. Está en juego la posibilidad de esclarecer hechos que involucran a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo y comprometen el interés de toda la sociedad.

Como señalamos en nuestras presentaciones, el cierre del caso dejó sin agotar líneas centrales de investigación: la trazabilidad de los fondos, la recuperación y el análisis de comunicaciones, los posibles acuerdos comerciales y los movimientos de dinero vinculados con los hechos. También cuestionamos la valoración aislada de indicios que deben examinarse en conjunto para reconstruir una posible trama de corrupción. Las limitaciones técnicas o las respuestas incompletas a pedidos de información exigen profundizar la investigación.

Asimismo, denunciamos que el sobreseimiento fue solicitado y dictado sin garantizar a las víctimas la posibilidad de ser escuchadas y pedir la revisión del criterio fiscal, mecanismo establecido por el artículo 80 del Código Procesal Penal Federal (artículo vigente en todo el país desde el 2019, por la resolución  2/19 de la Comisión Bicameral) y por la Ley de Víctimas . La participación de las víctimas y de la sociedad civil es una garantía indispensable para controlar decisiones que pueden clausurar definitivamente el acceso a la justicia.

Desde el CIPCE reclamamos que la intervención de la PIA tenga una respuesta judicial que permita avanzar. El caso $LIBRA exige una investigación exhaustiva, proactiva y especializada, capaz de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan. El juzgado y la Cámara Federal deben impedir que un cierre prematuro consagre la impunidad.