Bonadío no puede seguir siendo juez de la Nación
El Consejo de la Magistratura recibió hoy la declaración del juez Claudio Bonadío como acusado en una causa por mal desempeño en sus funciones iniciada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), que podría derivar en un juicio político contra el magistrado. El juez hizo uso de la facultad de declarar por escrito, lo que obsta la posibilidad de los/as consejeros/as de formular re preguntas sobre su defensa en el mismo momento que éste expone, e impide dar mayor publicidad a un proceso que refuerza el esquema de rendición de cuentas de los funcionarios públicos y la posibilidad de la sociedad de escuchar un testimonio fiel y directo.
“Lamentablemente, el Consejo no nos extendió una copia de la declaración argumentando que era necesario adjuntar el escrito en el expediente para luego notificar a los consejeros”, explicó María Victoria Gama, abogada de ACIJ quien tuvo contacto hoy con funcionarios del Consejo. Agustín Carrara, director ejecutivo del CIPCE, sostuvo que “el Poder Judicial sigue demostrando su obstinación con los procesos escritos y secretos, negándose al control popular de los actos de gobierno”.
La nueva conformación del Consejo de la Magistratura inició este nuevo período intentando avanzar en el ejercicio de sus funciones disciplinarias sobre los jueces Bonadío y Oyarbide. A entender de ACIJ y CIPCE, sobre ambos jueces existen razones suficientes para que se avance en su enjuiciamiento político.
ACIJ y CIPCE denunciaron en 2011 el irregular accionar por parte del juez Bonadío en las causas “Boffil, Alejandro y otros s/ defraudación contra el Estado Nacional” y “Yoma, Alfredo Carim y otros s/ defraudación”, denuncia que hoy -tres años más tarde- comienza a avanzar.
Por las razones expuestas en nuestra denuncia y en posicionamientos previos, la conducta de Bonadío en ambas causas debería acarrear la más severa sanción, dado el tenor de las mismas: causas por defraudación contra el Estado que a raíz de su negligente accionar derivaron en la prescripción de la acción penal en el primer caso, mientras que en el segundo se pudo revocar a prescripción sólo por el accionar de la Cámara de Casación.
Como se observa, el escenario de desidia que verificamos en estas causas es posible a raíz de la falta de control por parte de las instancias superiores u órganos de control disciplinario como el Consejo de la Magistratura. Resulta evidente que un juez que no actúa con celeridad, diligencia, imparcialidad, independencia no merece integrar el Poder Judicial de la Nación.
Para que este tipo de causas, que tienen como punto de conexión el desfinanciamiento del Estado que se traduce en la imposibilidad de utilizar fondos públicos en las políticas públicas necesarias para la comunidad, así como el mal funcionamiento de las instituciones públicas, no se traduzcan en impunidad y desconocimiento por parte de la sociedad de la verdad de lo ocurrido, es necesario contar con jueces eficientes y diligentes que estén capacitados para perseguir penalmente a los responsables.
Objeciones similares hemos manifestado públicamente en más de una oportunidad en relación a jueces como Oyarbide, quien desde el mismo fuero ha cumplido históricamente un rol similar de protección al poder de coyuntura.
“La democracia exige de transparencia en el Poder Judicial encargado de controlar a los poderes políticos y económicos. Sin jueces diligentes y eficaces se contribuye a reforzar la idea imperante en la sociedad de que las causas que afectan los intereses de sectores poderosos no tienen resolución -y cuando se arriba a una decisión en la mayoría de los casos es una absolución-, reforzando el descreimiento de la sociedad en el rol que la Constitución asignó al Poder Judicial”, afirma Sebastián Pilo, coordinador del área de Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas y Lucha Contra la Corrupción de ACIJ.
El Consejo de la Magistratura tiene frente a sí un caso que evidencia un accionar reiterado dentro del Poder Judicial -negligencia y desidia en el trámite de casos de importancia institucional como lo son los casos de corrupción- y puede retomar las funciones disciplinarias y sancionatorias que le son propias y enviar así un mensaje directo de no tolerancia contra jueces como Bonadío u Oyarbide.