Este viernes, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) solicitó ser aceptado como querellante en la causa por el escándalo del criptoactivo $LIBRA y señaló que el Presidente Javier Milei debe ser investigado por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Pedro Biscay, directivo del CIPCE a cargo de la querella, afirmó que “la Justicia federal debe demostrar si, como dice el Gobierno, el que las hace la paga, o si esa regla no rige para quienes gobiernan”.
La presentación judicial califica al hecho como “un caso excepcional de corrupción, por ser prácticamente flagrante y estar probado casi en su totalidad a través de medios de prueba de público conocimiento”. Además, advirtió sobre el riesgo de que la fiscalía complejice innecesariamente la investigación para dilatar y así favorecer la impunidad.
La querella del CIPCE es la primera que se presenta bajo la figura de “querellante de la sociedad civil”, que el Código Procesal Penal de la Nación habilita a asociaciones civiles ante casos de graves violaciones a los derechos humanos.
El escrito señala que, de acuerdo con la jurisprudencia nacional e internacional, la lucha contra la corrupción resulta fundamental para garantizar el goce efectivo de los derechos humanos, en especial de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, cuya efectividad depende de políticas y presupuesto públicos. Tanto en Argentina como en América Latina, existen antecedentes de organizaciones de la sociedad civil aceptadas como querellantes en casos de corrupción.
El abogado Pedro Biscay, directivo del CIPCE a cargo de la querella, afirmó que “la Justicia federal debe demostrar si, como dice el Gobierno, ‘el que las hace la paga’, o si esa regla no rige para quienes gobiernan o para quienes cometen crímenes económicos. No es usual que un caso de corrupción sea cometido a la vista de todos. Debemos evitar que Comodoro Py y la Procuración General conviertan este caso en una prenda de negociación con el Gobierno, como suelen hacer ante este tipo de casos”.
Además, en el escrito se destacó la importancia de esta forma de participación de la sociedad civil, frente a la decisión del Presidente de crear una “Unidad Transitoria de Investigación” a cargo de una funcionaria dependiente del propio Presidente investigado. Esa unidad genera “fundados temores de parcialidad y riesgo de entorpecimiento de la investigación”.
La imputación
La presentación le imputa al Presidente de la Nación, Javier Milei, el haber publicado en su cuenta de la red social X (@JMilei) un mensaje sobre un proyecto de características privadas, promoviendo un negocio denominado “Viva La Libertad Project - Driving the Future of Freedom and Growth”, basado en la compra y venta del token $LIBRA (fecha y hora de la publicación: 14 de febrero de 2025, a las 19.01hs). Como consecuencia de dicho posteo, en un lapso breve de tiempo, el valor del token subió de $0,10 a un máximo de $4,50 aproximadamente.
Este hecho configura el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, previsto en el artículo 256 del Código Penal de la Nación, que reprime a los funcionarios públicos que se interesen en contratos o negocios privados de cualquier tipo, sea que lo hagan de manera directa o, a través de personas o negocios simulados y, con independencia del resultado al que se arribe en la negociación.
Se trata de una de las principales figuras penales de corrupción, ya que, a diferencia del delito de cohecho, no exige la comprobación de entrega alguna de dinero a cambio de garantizar un hacer o un no hacer por parte del funcionario.
El Presidente conocía el proyecto “Viva La Libertad proyect”, también a su impulsor Mark Davis, y difundió a través de su cuenta oficial el link, el código del contrato, el nombre del token y la alusión a los propósitos esenciales del mismo, que coincidían con la descripción del proyecto privado que figura en su sitio web.
La línea temporal muestra una secuencia de pocos minutos entre tres hechos necesariamente concatenados: la habilitación del token, el tuit presidencial y el incremento de su valor. Además, el Presidente utilizó una cuenta de X con “verificación gris”, que solicitó y le fue otorgada justamente por su condición de funcionario público.
El escrito solicitó incorporar a la causa la entrevista realizada por el periodista Jonatan Viale al Presidente, en la cual reconoce su conocimiento sobre el proyecto, preservar la evidencia digital y solicitar a Solana, plataforma digital en la cual se comercia el token $LIBRA, toda la información referida.
Además, se requirió que se conforme una causa por separado, exclusivamente dirigida a determinar la responsabilidad penal del Presidente por el hecho imputado.
Sobre el CIPCE
El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) es un centro especializado de la sociedad civil creado en 2003 por el INECIP, para promover la investigación y prevención de delitos económicos y actos de corrupción. Su misión es articular el conocimiento académico con el desarrollo de herramientas concretas que fortalezcan tanto la acción estatal como el involucramiento ciudadano en la lucha contra la corrupción. Con más de dos décadas de trayectoria, el CIPCE se destaca por la elaboración de proyectos de reforma, la medición del daño social causado por la criminalidad económica y la participación en casos judiciales de alto impacto, promoviendo mejoras en las políticas públicas y en la justicia penal.
Desde 2009, integra la Comisión de Seguimiento del Cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción y, desde 2017, la Red de Organizaciones contra la Corrupción (ROCC). A través de capacitaciones a actores judiciales de toda América Latina, ha contribuido con el fortalecimiento de las capacidades de investigación y persecución de la criminalidad económica en toda la región. Además, ha intervenido en causas de alto perfil, como la conocida “Causa Cuadernos” en 2021.
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