El Banco de Italia fue vaciado por sus inversores, y liquidado en 1985.
La liquidación no sorprendió a los medios bursátiles, que desde hace tiempo especulaban con las dificultades de la entidad. La desición del Ministerio de Economía (presidido por Juan Sourrouille) de liquidar el Banco, era parte de un proceso heredado de la dictadura y, en el marco de la paulatina profundización del modelo neoliberal guiada por el FMI y los grandes grupos económicos.
Como ocurrió durante el gobierno militar y muy frecuentemente en la historia argentina, los deudores de los bancos liquidados fueron principalmente empresas vinculadas a los accionistas de los mismos bancos. Éstas quedaron como deudoras del Banco Central para luego arreglar quitas importantes. Este mecanismo fraudulento, que contribuyó a vaciar bancos con grandes beneficios para los “deudores”, estuvo limitado a empresas grandes con mucho poder de cabildeo, que durante este período se beneficiaron con las Resoluciones 441/84 y 497/84 del Banco Central (1).
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala I, en su sentencia del 26 de marzo de 1991, revocó la eximición de prisión otorgada en primera instancia a Luis María Gotelli (h.), y ordenó su inmediata detención.
Contra ese pronunciamiento, la defensa interpuso recurso extraordinario, el que fue concedido.
Entre los fundamentos de esa decisión, consideró la Cámara, que al nombrado Gotelli se le había dictado auto de prisión preventiva en orden al delito de administración fraudulenta, cometido en forma reiterada, y que, junto con su hermano, también procesado en la causa, habría ejercido las mismas prerrogativas crediticias en relación al Banco de Italia y Río de la Plata para llevar a cabo, de ese modo, una política financiera dirigida exclusivamente a beneficiarse con perjuicio para el patrimonio de aquella entidad.
Sobre esas bases concluyó el a quo que la situación del encausado no encuadraba en ninguno de los supuestos del artículo 379, inciso 1°, del Código de Procedimientos en Materia Penal y, por ende, revocó la eximición de prisión que, bajo caución real, había sido concedida por el juez de primera instancia.
La clausura por prescripción de la causa sobre la caída fraudulenta del Banco de Italia, ocurrida en 1985, no sólo benefició a los directivos del grupo Gotelli, que estaban siendo investigados: la Justicia ordenó que tres empresas acusadas de haber intervenido en la maniobra de vaciamiento cobren alrededor de seis millones de dólares por bonos que tenían embargados.
Los fondos estaban trabados por una medida cautelar dispuesta por la jueza María Servini de Cubría hace diez años, a pedido del Banco Central, que interviene en el expediente como querellante.
Pero al cerrarse la causa sin condenas por la ineficacia judicial, las empresas lograron recuperar el dinero.
La paradójica situación había sido denunciada en septiembre de 2007 por el Centro de Investigaciones y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), que reclamó a la Justicia que no se libraran esos fondos.
"El ex Banco de Italia funcionó como una estructura delictiva para la comisión de fraudes financieros, razón por la que los bonos BAM constituidos en virtud de captaciones de ahorros públicos, no escapan a la calificación delictiva de todo el accionar del grupo económico", sostuvo el Cipce en su presentación, firmado por las autoridades del organismo, Pedro Biscay, David Baigún, Alberto Binder y Claudio Castelli.
La jueza desoyó el pedido y en octubre de 2007 ordenó el desembolso. Lo hizo luego de sobreseer, en abril de 2007, a todos los imputados por aplicación de la ley 25.990, que modificó los plazos de prescripción de los delitos.
Los beneficiados con la prescripción fueron Ricardo Pablo Gotelli, Luis María Gotelli, Juan Carlos Ureta, Joaquín Aventín y José Bartolucci. Se los investigaba por autopréstamos sin respaldo por más de 100 millones de dólares que había dado el Banco de Italia a empresas vinculadas, que resultaron insolventes.
