El fiscal Sandro Abraldes denunció por lavado de dinero a una decena de clientes de una cueva clandestina del banco BNP Paribas, quienes por esa vía transfirieron fondos a cuentas en Miami, Bahamas, Panamá, Suiza y Luxemburgo. Abraldes da por probada la transferencia ilegal de 250 millones de dólares pero por documentos incautados sospecha que la suma real es cuatro veces mayor. Entre los funcionarios que figuran en la lista está el ex director de la zona sur metropolitana de la AFIP, Andrés Vázquez, uno de los jefes de los doscientos inspectores fiscales que el 10 de septiembre de 2009 no dejaron papel sin dar vuelta en la sede central del Grupo Clarín. No es el único sospechoso vinculado con Clarín. También figura en esa lista el miembro de la sala C de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial José Luis Monti, quien transfirió a una cuenta suiza conjunta con su esposa (la secretaria letrada de la Corte Suprema de Justicia María Carmen Foltyn), un millón y medio de dólares, suma difícil de ahorrar con dos sueldos judiciales.
Monti, junto con sus colegas de sala Juan Roberto Garibotto y Alfredo Kolliker Frers fallaron en forma sistemática a favor de Papel Prensa en las diversas causas contra el Estado Nacional y los organismos de control, como la Comisión Nacional de Valores.
Estos magistrados revocaron la intervención judicial de Papel Prensa dispuesta en primera instancia y varios fallos favorables a la Comisión Nacional de Valores. Cuando la fiscal general Alejandra Gils Carbó apeló el fallo sobre la coadministración judicial, Monti y sus colegas la descalificaron aduciendo que atribuía al Estado Nacional facultades supralegales, emulando “la estructura de los controles económicos impuestos en el Reich alemán durante el régimen nazi”. El Procurador General de la Nación, Esteban Righi, respaldó a Gils Carbó, porque los camaristas “han quebrado el papel neutral que debe desempeñar el juez en el proceso”, y solicitó a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura la promoción del juicio político del ahorrista suizo y de sus colegas de sala.
El hallazgo fue accidental y ocurrió mientras el juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid investigaba sospechosas transferencias de dinero efectuadas por un antiguo contratista del instituto de servicios sociales para jubilados (Pami).
La "cueva" fue descubierta en el piso 27 de un edificio cercano a la Casa de Gobierno en cuya planta baja funciona una sucursal del BNP Paribas que está registrada ante el Banco Central argentino, tal como establece la normativa local.
Los efectivos de la Gendarmería que en noviembre del año 2007 allanaron el inmueble por orden del juez Aráoz de Lamadrid se sorprendieron cuando al llegar a la planta 27 se toparon con una "oficina de representación" de la entidad financiera que no figuraba en los registros del Banco Central, según consta en el expediente.
Ninguna de esas transferencias quedaba registrada en el país y el mayor movimiento se dio entre 2001 y 2002, cuando Argentina sufrió una de las peores crisis económicas y sociales de su historia, pero siguió por lo menos hasta noviembre último.
El 12 de diciembre de 2012, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los doctores Mariano Hernán Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo M. Hornos, dispuso así que el Juzgado Nacional con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires investigue las posibles conductas que habrían llevado a cabo empleados y funcionarios del BNP Paribás al facilitar a los clientes los mecanismos necesarios para que el dinero que invertían en las distintas sucursales de esa entidad bancaria en el mundo, fondos que se sospecha tienen origen ilícito, ingresaran al circuito financiero lícito, mediante maniobras que permitieran darles apariencia de legalidad.
A comienzos de octubre de 2013, La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y la Unidad de Información Financiera (UIF, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) solicitaron un recurso ante la Cámara de Apelaciones, por la denegatoria del juez Osvaldo Rappa, titular del Juzgado Criminal de Instrucción N° 35, a tomar declaración indagatoria.
Esta medida fue considerada "fundamental" por ambos organismos para el avance de la causa, pero Rappa la rechazó.
Para el juez, la documentación sobre la posible procedencia ilícita de los fondos depositados era “insuficiente e incompleta”, aún cuando la Cámara ya había establecido la existencia de indicios suficientes para avanzar con la investigación.
Según la presentación de la Procelac y la UIF, los clientes que concurrían a las oficinas del banco no lo hacían para concretar sus negocios jurídicos particulares, tal como declararon.
El 31 de octubre de 2013, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional dispuso el llamado a declaración indagatoria de clientes y directivos del banco BNP Paribas.
Entre los acusados se encuentran los directivos del banco francés Philippe Yves Henry Joannier, Christian Marie Francois Giraudon y Alexis Nicolás Quirot de Poligny.
La resolución de los jueces Jorge Luis Rimondi y Luis María Bunge Campos señala que las actividades, que infringían el régimen penal cambiario, se desarrollaban en la sede del BNP Paribas de Leandro Alem 855, piso 27, del microcentro porteño, donde funcionaba la oficina de "Clientela Privada" y "Complaince Office".
Se les atribuye también, tanto a empleados como a directivos, la administración de sumas de dinero para ingresar al mercado financiero, eludiendo la normativa y los controles referentes a la prevención del lavado de activos, en clara infracción a la normativa cambiaria vigente.
En noviembre de 2015, la Unidad de Información Financiera (UIF, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) solicitó a la Justicia que procese a los 22 imputados en la causa trabada contra el banco francés BNP Paribas.
La UIF solicitó además que se dicten medidas cautelares y se proceda a la individualización de los bienes muebles e inmuebles que podrían tener los seis directivos franceses y administrativos de la entidad bancaria implicados, para su aseguramiento.
Además, se pidió el procesamiento de Irma Haydee Ibrajimovich, María Inés Armando, Pedro Antonio Maffeo, Luis Pablo Cremona, Elba Ilda Guibernau, Carlos Raúl Long Sansberro, Daniel Omar Mónaco, Osvaldo Daniel Rodríguez, Santiago Virgilio Tedin Uriburu, Adriana Beatriz Terreni y Silvia Beatriz Zyla.
En el mes de junio de 2016, La Cámara del Crimen le ordenó al juez de instrucción Osvaldo Rappa que avance en la investigación de dicha causa.
El tribunal aceptó un planteo de la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para que la causa, que lleva una larguísima tramitación, se quede en el fuero penal ordinario y se enderece a la resolución de la situación procesal de los imputados.
El tribunal reprochó al juez de primera instancia Rappa que “en poco tiempo se está por cumplir un año desde la última audiencia indagatoria, sin que hasta la fecha se haya resuelto la situación procesal de los imputados”.
El 30 de junio de 2016, el juez de instrucción Osvaldo Rappa dictaminó procesamientos contra ex directivos, argentinos y franceses, y clientes del banco BNP Paribas por “lavado de activos”.
Rappa decidió el procesamiento de Armand Augustin Abeillon, María Inés Armando, Michael Basciano, Héctor Ignacio Borthaburu, Fernando Gabriel Celaya, Luis Pablo Cremona, Christian Marie Francois Giraudon, Elba Ilda Guibernau, Philippe Yves Henri Joannier, Irma Haydee Ibrajimovich, Marina Judith Ini, Carlos Raúl Long Sansberro, Pedro Antonio Maffeo, Daniel Omar Mónaco, Alexis Nicolás Quirot de Poligny, Osvaldo Daniel Rodríguez, Mariana Schuld, Santiago Virgilio Tedin Uriburu, Adriana Beatriz Terreni y Silvia Beatriz Zyla.
Además, el juez ordenó embargarlos por una cifra récord: más de $ 12.000 millones.
Rappa consideró que la "cueva" del BNP Paribas ayudó a cientos de clientes a canalizar al menos US$ 1000 millones hacia diversos paraísos fiscales entre marzo de 2006 y fines de 2008, por lo que procesó a sus ejecutivos por presunta asociación ilícita, evasión y lavado de activos.
El juez estableció que no sólo se quebrantaron deliberadamente las obligaciones relativas a la identificación del cliente inmediato, los deberes de diligencia frente a transacciones inusuales o carentes de sentido económico aparente, el reporte voluntario de tales operaciones y la conservación de la información sobre las transacciones sino que se diseñó una compleja arquitectura financiera, que tenía por objeto borrar el rastro de la ruta del dinero no declarado.
El 24 de septiembre de 2016, la Sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional de Argentina, confirmó los procesamientos por lavado de activos y asociación ilícita de los máximos responsables de la sucursal del banco BNP Paribas en la Argentina y de los ejecutivos que cumplían tareas de asesoramiento en una oficina clandestina que esa entidad financiera tuvo en funcionamiento entre 2000 y 2008.
Con los votos de los camaristas Luis María Bunge Campos y Jorge Luis Rimondi, se allanó así el camino para que el caso llegue a juicio oral y público, tal como lo había reclamado el fiscal general Carlos Gonella, acompañado por sus colegas Horacio Azzolín y Paula Asaro, en la audiencia celebrada ante ese tribunal el 29 de agosto de 2016.
En base a la prueba reunida en el proceso, los jueces concluyeron que la tarea que se desempeñaba en la oficina del piso 25 del edificio de Leandro N. Alem 855 de esta ciudad [donde estaba ubicada la sede de la entidad] se desarrollaba a espaldas del Banco Central de la República Argentina no sólo por un mero descuido u olvido administrativo sino porque la clandestinidad de la oficina era necesaria para cumplir con la tarea de asesorar, expatriar, administrar y repatriar el dinero de clientes que obtuvieron ilícitamente y, por ende, no podía ser declarado o ingresado al mercado financiero sino a través de las operaciones que los imputados ofrecían, para lo cual como oficina que formaba parte del grupo BNP Paribas estaban provistos de contactos a nivel mundial, conocimiento técnicos y recursos materiales necesarios.
Los procesados que con esta confirmación se encaminan a juicio oral y público son los directivos de nacionalidad francesa Phillipe Yves Henry Joannier, quien se desempeñó como director general de la sucursal argentina entre el 31 de enero de 2001 el 2 de mayo de 2006; Christian Marie Francois Giraudon, quien lo reemplazó en el cargo y cumplió esa labor hasta el 1° de noviembre de 2008; Christian Armand Agustin Abeillon, director administrativo desde el 1° de enero de 1999 hasta el 21 de diciembre de 2006, y Michel Michael Basciano, quien a partir de esa fecha ocupó ese lugar.
Los camaristas dictaron la falta de mérito de la oficial de cumplimiento, María Inés Armando, y del gerente director de “Retail Banking”, Pedro Antonio Maffeo.
Por otro lado, el Tribunal dispuso dictar el sobreseimiento respecto de las secretarias de la oficina, Irma Haydée ibrajimovich y Adriana Terreni, y de las recepcionistas Marina Judith Ini y Mariana Schuld, pues consideraron que “sus tareas eran meramente administrativas y cumplían las órdenes o pedidos que los asesores le encomendaban”.
Además, los jueces hicieron lugar a una de las peticiones que al unísono realizaron los defensores y ordenaron la reducción de los embargos dictados por el juez Osvaldo Rappa, los más altos dispuestos en Argentina, que sumaban inicialmente más de 12 mil millones de pesos. En ese sentido, fijaron 9 millones de pesos para Joannier y Abeillon, respectivamente; 6 millones de pesos para Quirot de Poligny; 4 millones de pesos cada uno para Giraudon y Basciano; y 2 millones de pesos para Borthaburu, Celaya, Cremona, Guibernau, Long Sansberro, Mónaco, Rodríguez, Tedin Uriburu y Zyla, respectivamente.
