La causa se inició por la denuncia de la legisladora de Graciela Ocaña, quien denunció cambios en el presupuesto que la AFA le debe entregar anualmente al Gobierno. Entre 2009 y 2012 el FPT implicó un gasto para el Estado nacional de 3.084 millones y para el año 2014 se llegó a gastar otros 1.447 millones incluyendo la última modificación realizada en el presupuesto.
La legisladora también denunció un “irregular manejo de la pauta publicitaria” y además destacó como un tercer eje de la denuncia la “asignación discrecional de distintos canales de televisión para la transmisión de los partidos”.
El fiscal Taiano solicitó que la Tesorería General y a la Contaduría General investigue los fondos del FPT. También requirió que la Auditoría General de la Nación acompañe un avance de la auditoria.
El 13 de junio de 2014, el fiscal Eduardo Taiano imputó a los tres ex Jefes de Gabinete, Jorge Capitanich, Anibal Fernández y Juan Manuel Abal Medina y al presidente de la AFA, Julio Grondona, por supuestas irregularidades en la administración de Fútbol Para Todos.
El 19 de noviembre de 2014, Sedes de 25 clubes de fútbol fueron allanadas por orden de la jueza federal María Servini de Cubría en la causa en la que se investiga presuntas irregularidades en el manejo de los millonarios fondos del programa Fútbol para Todos.
En dicho allanamiento, se incautaron libros contables de cada institución en los que estarían los datos sobre los movimientos de los fondos que reciben por los derechos de televisación tras el acuerdo entre el Gobierno Nacional y la AFA.
Fueron allanadas las sedes de River, Boca, San Lorenzo, Vélez, All Boys, Argentinos Juniors y Huracán en la Capital Federal; Tigre, Independiente, Racing, Arsenal, Quilmes, Banfield y Lanús, en el conurbano bonaerense; Estudiantes y Gimnasia, en La Plata.
La jueza ordenó el allanamiento en los clubes que tuvieron al menos un año de vinculación con el programa “Fútbol para Todos”. Los voceros consultados informaron que la única sede de la que no pudieron llevarse los documentos buscados fue la de San Lorenzo porque el club tiene registrada como su sede oficial la de la avenida Asamblea y allí no tienen los libros contables, sino en otra dependencia.
El 15 de abril de 2015, la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó un duro informe que enumera una docena de irregularidades en el manejo de los fondos públicos destionados al programa Fútbol Para Todos entre agosto de 2009 y el 31 de diciembre de 2012.
Según los objetivos del programa, la intervención del Estado en la transmisión televisiva del fúbol debía servir para sanear las castigadas finanzas de los clubes. Pero la AGN detectó, por ejemplo, que en el lapso analizado fueron devengados 2.967 millones de pesos pero se libraron órdenes de pago por sólo 2.788 millones. Es decir que hubo 179 millones de pesos entregados sin la correspondiente documentación que certifique cuál fue su destino.
El informe, que fue anticipado antes de su aprobación por el diario La Nación, advierte que en el contrato entre el Gobierno y la AFA no figuran los documentos que certifiquen las declamadas deudas millonarias de los clubes, ni un estudio técnico que justificara los 600 millones de pesos que la Jefatura de Gabinete le garantizó como pago mínimo a la AFA en 2009. También critica que nunca haya habido un mecanismo de control periódica del programa, que permitiera "al Estado monitorear el resultado de las acciones de saneamiento financiero y reordenamiento administrativo de los clubes y determinar, en su caso, en qué momento esta finalidad se encuentra cumplida". Y dice que la indexación anual del acuerdo sobre la base del aumento del Valor Básico de Referencia (VBR) del abono de cable es ilegal.
La Jefatura de Gabinete explicó que esos gastos se pagaron bajo la figura del "legítimo abono"-una figura administrativa que admite el pago de gastos sin orden de compra- porque era habitual la prestación de servicios de las citadas empresas para desarrollar el cometido del FPT sin cumplir con los procedimientos de contratación pública. Pero la AGN considera que "el organismo ha desvirtuado un procedimiento de excepcional aplicación en el ámbito de la administración pública".
El 11 de mayo de 2016, Capitanich, presentó un escrito ante la magistrada en el que señaló que “la responsabilidad del Estado se agota en la transferencia de los fondos a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).
El 23 de junio de 2016, La jueza federal María Servini de Cubría procesó a los últimos tres jefes de Gabinete del gobierno kirchnerista, Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Abal Medina.
La medida -que fue criticada aunque tomada con alivio por los ex funcionarios- se hizo extensiva también al presidente de la AFA, Luis Segura, y a los dirigentes de esa entidad Rafael Savino, Carlos Portell, José Lemme, Miguel Ángel Silva, Eduardo Spinosa y Rubén Raposo. La jueza dictó además el sobreseimiento del actual coordinador ejecutivo en la Secretaría General de la Presidencia -a cargo de Fernando de Andreis- y secretario ejecutivo de FPT durante 2012, Mariano Delorenzi.
Además, se resaltó el retraso en la implementación del sistema AFA Plus, la forma y el monto de comercialización de los derechos de televisión del fútbol local al exterior, a cargo de Torneos, el contrato de la empresa Iveco como único sponsor y el manejo sobre las cajas de seguridad de Futbolistas Agremiados, que con la Fundación el Futbolista recibió $90 millones de la AFA desde 2010 tras un pacto con Julio Grondona.
El 9 de marzo de 2017, la Sala I de la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Luis Segura.
Los jueces Bruglia e Irurzun ratificaron la postura de la jueza de primera instancia, María Servini de Cubría.
"Las pruebas sugieren que, en los hechos, el buscado fortalecimiento económico de los clubes no se logró en el período de ejecución del Programa Futbol para Todos. Todo lo relativo al manejo del dinero estuvo signado por una sistemática desatención de los fines para los cuales debió haber sido destinado y los clubes profesionales de fútbol se vieron directamente afectados por ello", sostuvo Irurzun sobre el rol de los ex funcionarios.
Bruglia, por su parte, ratificó que existieron irregularidades con el cambio de cheques en financieras que la AFA utilizó para obtener fondos por anticipado con los contratos con la empresa de camiones IVECO (único auspiciente) y el 2% del contrato que se llevaba la fundación El Futbolista.
"La omisión de control fue un comportamiento consciente y voluntario de los ex funcionarios", aseguró Bruglia, quien agregó que "la ausencia de una competencia directa de control sobre la actividad de AFA, no impedía que el Estado, como parte en el contrato, pudiera exigirle a esa institución que rindiera cuentas sobre la aplicación del dinero recibido".
