Mauricio Macri, Marcos Peña, Luis Caputo y Nicolás Dujovne fueron denunciados por la emisión de deuda a cien años. Los denunciantes fueron 13 diputados del bloque del FpV-PJ (en la causa judicial, quien figura como principal denunciante es el diputado Norman Darío Martínez).
Se tomaron 2.750 millones de dólares a una tasa nominal del 7.125%, lo que objetivamente costará una tasa de interés anual del 7,9, al haberse colocado bajo la par, por un plazo de cien años.
El congreso al aprobar la Ley del Presupuesto General de Administración Nacional para el ejercicio 2017, N.º 27.341, Art. 34 a 46, autoriza al ejecutivo a contraer deuda pública y el decreto 29/2017 firmado por el presidente y los Ministros Marcos Peña y Luis Caputo, determina que este último es el encargado de decidir todo lo relativo a deuda externa, hasta un monto determinado. Haciendo uso de estas delegaciones, a través del decreto 29/2017, Caputo contrajo en nombre del Estado Nacional la deuda objeto de la denuncia.
El perjuicio económico para el estado, según los denunciantes, se basa en que en 13 años tendríamos cubierto el capital recibido y el resto sería para el pago de intereses.
El fiscal Pedro Zoni solicitó ante el juez Ariel Lijo abrir una investigación contra el ministro de finanzas, Luis Caputo, por posibles “conductas delictivas en perjuicio de la Administración Publica Nacional", Zoni afirmó que también “corresponde resaltar que en los últimos días se han expresado públicamente distintos especialistas vinculados con la emisión de bonos que han realizado diversos cuestionamientos sobre el endeudamiento denunciado que justifican la apertura de una investigación criminal”.
Actualmente la causa se encuentra en una primera etapa investigativa.
El perjuicio económico para el estado, según los denunciantes, se basa en que en 13 años tendríamos cubierto el capital recibido y el resto (87 años) sería para el pago de intereses.
Según el economista Alfredo Zaiat, esto implica que el país pagará durante 14 años el capital, de 2.750 millones de dólares, en tanto que los otros 86 años servirán para pagar intereses en una operación ruinosa para las arcas públicas.
