Conmoción política en España: Investigan a Rodrigo Rato
Por Milena Berbari Luluaga
Ex vicepresidente del gobierno español, que podría haber llegado a la Presidencia de no ser porque José María Aznar eligió como sucesor al actual Presidente Mariano Rajoy. Ex director gerente del Fondo Monetario Internacional. Ícono del progreso (en gran parte especulativo) económico español, que hasta fue llamado por los medios “el hombre del milagro económico”. Baluarte del Partido Popular (partido que actualmente ostenta el poder de turno en España). Considerado en su momento como uno de “los mejores Ministros de Economía y Hacienda” de todos los tiempos españoles. Economista al que todo su partido y elogiaba y admiraba. Sin embargo, como dice el refrán español con acierto, “del amor al odio hay un sólo paso”, y los que antes defendían y admiraban a Rodrigo Rato, hoy, en el mejor de los casos, guardan silencio.
Y es que Rato se encuentra imputado en el procedimiento en el que se investiga la fusión y salida a Bolsa de Bankia, uno de los bancos españoles de mayor relevancia, por los delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida. Siendo presidente de esta entidad (nombrado por el propio Mariano Rajoy en 2010, cargo del cual dimitió en mayo de 2012), causó un perjuicio a miles de inversores particulares e institucionales por su administración de la caja, que provocó su rescate por unos 22.000 millones de euros. También se le atribuyen los delitos de administración desleal o apropiación indebida sobre las tarjetas black opacas al fisco, en la que los ex consejeros de Bankia y Caja Madrid cargaron 15,5 millones de euros entre 1999 y 2012.
Sin embargo, ésta es sólo la punta del iceberg. El pasado 15 de abril, la fiscalía de delitos económicos de Madrid activó una denuncia en su contra atribuyendo a Rato los delitos de fraude fiscal, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.
Fraude fiscal y blanqueo de capitales.
La Agencia Tributaria española habría detectado extraños envíos de divisas por un valor de 2,8 millones de euros procedentes de diversos países como Estados Unidos, Reino Unido, República Dominicana y Luxemburgo, con Rato personalmente como receptor, en los años 2012 y 2013, en los que no ejercía ninguna actividad profesional oficial en el exterior. Dicha Agencia descarta que los pagos desde el exterior procedan de sus dos únicos trabajos conocidos esos años: consejero asesor internacional de Telefónica y del Banco Santander, que son dos grupos españoles que realizan sus pagos en España. La Inspección asegura que el ex vicepresidente nunca ha declarado poseer bienes durante esos años en estos países, y los conceptos de los pagos, “cobros y pagos sin contrapartida” en su mayoría, dan a entender que son rentas obtenidas por Rato en los ejercicios 2012 y 2013, sin embargo, en las declaraciones presentadas por Rodrigo Rato en esos años no se incluyen estos importes. Su conclusión, por tanto, es que “podría tratarse de rentas no declaradas”. La cuota del impuesto sobre la renta de las personas físicas defraudada sólo en los ejercicios 2012 y 2013 alcanza los 1,42 millones de euros, según las estimaciones de dicha Agencia, sumados a otros 940.000 euros en el impuesto de sociedades entre 2011 y 2013. Además, sus sociedades habrían defraudado más de cinco millones en el IVA.
También existen movimientos a través de sus sociedades propias o lo que los inspectores denominan empresas históricas ligadas a la familia Rato, con ingresos de divisas procedentes de Luxemburgo (3,7 millones), Gibraltar (1,78 millones), Reino Unido (1,57 millones) o hasta 155.197 euros con origen en Suazilandia. En concreto, se registraron entradas en los últimos cinco años por valor de 13,26 millones y salidas por valor de 3 millones. En la Inspección de Hacienda ven indicios de fraude al no encontrar lógica en que haya “importante flujo de países con alto riesgo” como son Luxemburgo o Gibraltar en un grupo empresarial como el de Rato y su familia que, teóricamente, opera en el territorio español, salvo por un hotel ubicado en Berlín, por lo que “parecería probable que todo o parte del tráfico exterior esté alejado de la realización de una actividad económica real en el exterior”, sentencia la Inspección de la Agencia Tributaria en la información facilitada a la Fiscalía.
Alzamiento de bienes.
A pesar de que la Agencia Tributaria calcula que el patrimonio de la familia Rato se ha movido en una media de 27 millones de euros cada año desde 2009 a 2013 (dato que Rato ha negado rotundamente, estableciendo que “es una cifra nada real que no se sustenta”), el problema es que quizás el patrimonio de Rato haya menguado después porque puede estar procediendo a un aparente vaciamiento de su fortuna para alegar que no tiene dinero con el que responder a posibles responsabilidades por el escándalo de Bankia, por el cual se reclama que el aportey bloqueo bienes por el valor de 133,33 millones de euros para garantizar que asumirá su parte de la fianza millonaria impuesta por el juez.
En este sentido, la Fiscalía lo acusa de alzamiento de bienes apoyándose en la denuncia de la Agencia Tributaria, que ha descubierto donaciones artificiales de Rato a sus tres hijos de acciones por valor de 2,5 millones, actuando su ex esposa como representante. Y se dice “artificiales” porque Rato recobró posteriormente esas participaciones que donó mediante ampliaciones de capital suscritas por la sociedad Kradonara, que la Inspección considera "opaca". Por tanto, ve indicios de que usó a sus hijos de pantalla para aparentar menos patrimonio.
También, según la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), Rato habría creado un entramado de sociedades dispersas, con fines diversos, con el objetivo de ocultar su verdadero patrimonio.
Estallido del escándalo.
A mediados de abril se filtró en los medios de comunicación (sin saber nadie a ciencia cierta cómo, quién o con qué propósito)el nombre del Rato entre los 705 casos de altos cargos y funcionarios públicos que habrían regularizado su patrimonio acogiéndose a la llamada “amnistía fiscal” de abril de 2012, (establecida en el Gobierno del actual presidente, miembro del PP y según sus propias palabras, amigo de Rato, Mariano Rajoy) y de los cuales la Agencia Tributaria envió en febrero al Sepblac (Comisión de Prevención de Blanqueo de capitales e Infracciones monetarias)para depurar los casos sobre blanqueo de capitales. Con esta ley, el gobierno español permite la posibilidad tanto a empresas como ciudadanos que tengan dinero en “negro” (es decir, no declarado) en España o en el extranjero lo digan a Hacienda y éstos a cambio sólo les cobrarán entre un 8% y un 10% según el caso de impuestos, a partir de allí todo ese dinero será legal y no habrá sanciones, ni intereses de demora, ni recargos, ni ningún otro control. Sólo después de este hecho empezaron a quedar al descubierto las actividades de Rato, antes de ello ningún organismo de control público podría tener noción de su actividad privada. Y fue él mismo quien hizo saltar las alarmas al entrar en vigor la obligación de declarar todos los bienes y derechos en el exterior (la conocida como declaración 720) y detallar en abril de 2014 un patrimonio como persona física difícilmente conjugable con su participación en sociedades en el extranjero, algunas de ellas vinculadas a paraísos fiscales, según informó el Sepblac.
Detención y registro.
Tras la filtración a los medios de datos que ponían en peligro la investigación y podrían alertar a Rato con riesgo de que se produjera destrucción de documentación y de pruebas, es que la Oficina Nacional de Investigación al Fraude, que llevaba meses investigando, decidió solicitar la judicialización del caso y la petición de entrada y registro del domicilio de Rato que, posteriormente, fue autorizada por el juzgado de Instrucción número 35 de Madrid petición de la fiscalía de Madrid.
Dicho registro de su domicilio y su despacho en el barrio de Salamanca en Madrid y la detención del ex vicepresidente por siete horas (agentes de Aduanas por toda la cuadra de por medio y todos los medios de comunicación presentes dejando inmortalizada la escena de la infaltable mano en la cabeza del detenido ingresando al auto de policía) ha sido calificado como “una de las imágenes más demoledoras de la historia de la democracia española”.
Cuestiones de competencia.
Actualmente, estos asuntos han pasado de la Fiscalía de delitos económicos de Madrid a la Fiscalía Anticorrupción, la cual solicitó se le reconociera la competencia con motivo en las conexiones con el caso Bankia-tarjetas black, en el que la Fiscalía especializada ya investigaba la actividad económica de Rato. Un dato curioso es que justamente el 15 de enero pasado, ésta última había rechazado actuar contra el ex vicepresidente pese conocer los datos sobre fraude fiscal, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes que había recabado durante meses la Oficina Nacional de Investigación al Fraude y tres meses después, la misma Fiscalía reclama la competencia sobre el caso, pese a que los datos de la ONIF son los mismos que en enero. Frente a esto la Fiscalía anticorrupción alegó que la denuncia de la ONIF no estaba madura cuando la conoció y por eso no se encargó del caso.
Con respecto a quién deberá juzgar a Rato, también existen controversias ya que el juez de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, se inhibió en favor de la Audiencia Nacional en la causa que investiga al ex vicepresidente ya que entendió que podrían tener relación con otros delitos ya investigados en dicha Audiencia por el juez Fernando Andreu, instructor del caso Bankia. Esta decisión que fue recurrida el anterior 22 de abril por la fiscal anticorrupción Elena Lorente al entender que los indicios que se investigan contra el ex vicepresidente no encajan, al menos de momento, en los procedimientos por el caso Bankia y por el uso de las tarjetas black de Caja Madrid. Además, sostiene que, con los datos que se conocen ahora, no es posible saber si el delito de blanqueo de capitales atribuido al ex vicepresidente económico se cometió en el extranjero, y que no provocan una “grave repercusión en la economía nacional”, condición básica para que el delito pueda ser investigado en la Audiencia. Por lo que la competencia, en principio, debe corresponder al juzgado de Madrid, sin descartar, que más adelante, pueda verse "alguna conexión" con el caso Bankia.
Ahora, en caso de que el juez de la Audiencia Nacional no aprecie elementos de conexión entre la denuncia sobre los delitos fiscales, el blanqueo y el alzamiento de bienes, y las investigaciones que tiene abiertas sobre el caso Bankia, podría rechazar la competencia. En este caso hipotético, el juez Serrano de Madrid, debería plantear un “conflicto negativo de competencia” ante el Tribunal Supremo, que dirimiría la cuestión en última instancia.
Situación actual.
Con respecto a la situación procesal de Rato, la Fiscalía Anticorrupción rechazó la celebración de una vista en la que se decida sobre su ingreso en prisión preventiva en el marco del caso Bankia, así como las peticiones para que se le retire el pasaporte y se le prohíba salir del territorio nacional, al “no proceder acordar estas medidas en el marco de este procedimiento, en el que no se han producido novedades significativas en la investigación.” Por otro lado, se han bloqueado por orden judicial las 78 cuentas bancarias que el ex vicepresidente tiene en 13 bancos diferentes, los cuales recibieron instrucciones del juez para que se le remita en el plazo de un mes todos los movimientos de esas cuentas desde 2009.
En cuanto a la situación personal de Rato, además de ser hoy en día el eje principal de los telediarios españoles y estar en boca de todo el pueblo español, ha perdido en los últimos cinco meses todos los cargos oficiales que ostentaba como asesor del Banco Santander y Telefónica y como miembro del consejo de administración de Servihabitat, la inmobiliaria de la Caixa y el fondo estadounidense TPG. Todos ellos le suponían unos ingresos conjuntos superiores a los 600.000 euros anuales, aunque si se tiene en cuenta el patrimonio que la Agencia Tributaria atribuye al ex director gerente del FMI, cercano a los 27 millones, el impacto sería más el de aislamiento social que el de grave perjuicio económico. Por otro lado, más de 70.000 personas han firmado ya la petición para reclamar a la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid la retirada del honoris causa al ex ministro de Economía.
La autora, Milena Berbari Luluaga, es abogada por la Universidad Católica de Cuyo, San Juan. Miembro del instituto de Derecho Administrativo y del instituto de Derecho Constitucional, Procesal Constitucional y Derecho Internacional Público del Foro de Abogados de San Juan. Actualmente cursa el Máster en Corrupción y Estado de Derecho en la Universidad de Salamanca, España.