Human trafficking: an economic approach

This article was written by Julieta Denise Diéguez, a lawyer from the University of Buenos Aires, who is part of CIPCE’s workteam. The author analyzes human trafficking from an economic approach, that is, as a criminal market. In order to do that, among other things, she sums up the numbers and statistics provided by Kevin Bales, and she analyzes the situation of Argentina specifically. Finally, she suggests some questions to encourage the debate.

 

Una aproximación económica a la trata de personas

Por Julieta Denise Diéguez (Abogada, UBA).

Introducción

La trata de personas es un problema de seguridad pública, y no han sido pocos los esfuerzos gubernamentales destinados a intentar detener este tipo de prácticas. Ello es debido al avasallamiento que representa para los derechos y la dignidad de los explotados, por no mencionar los estragos financieros que causa en las economías nacionales el lavado de activos provenientes de este delito. Tomando en consideración la magnitud que en los últimos años ha alcanzado este fenómeno, en el año 2000 el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, recogió en su artículo 3º la primera definición del concepto “trata de personas” consensuada internacionalmente [1].

En el presente trabajo, me propongo realizar una primera aproximación a un tema que considero por demás interesante, no solo por los múltiples enfoques sobre los que puede ser estudiado, sino por la concatenación de asuntos que resultan aparejados. De igual modo, considero importante recalcar que a pesar de que hoy en día contamos con más información –o, al menos, posibilidad de acceder a ella-, es una temática que los actuales programas educativos universitarios no tratan con la profundidad que, entiendo, merece.

En este orden de ideas, y previo a cualquier análisis que sobre esta temática se intente, debe tenerse en cuenta que no estamos frente a un fenómeno nuevo. En el ámbito académico es usualmente conocida comola esclavitud de nuestra era, un flagelo que afecta a todo tipo de víctimas, las que varían según las “necesidades” del mercado. Si bien las legislaciones de numerosos países han abordado la cuestión –destacándose la posición por demás comprometida de nuestro país en los últimos años debido, principalmente, a la promulgación de las leyes Nº 26.364 y Nº 26.485 y el decreto presidencial Nº 936/11-, el marco de ilegalidad e impunidad en el que se mueven los involucrados sólo permite contar con cifras y datos aproximados. Pero ante todo, debe tenerse presente que la trata existe porque hay demanda.

El crimen en cifras

A fin de tomar una real dimensión de la situación a nivel mundial, es digno de mencionar que en más de 130 naciones han sido reportados casos, constituyéndose como una de las actividades criminales más lucrativas, después del tráfico de drogas y de armas [2].

El concepto trata engloba una amplia variedad de ilícitos, no solo en sí mismo [3] sino por la cantidad de delitos conexos que conforman el abanico de irregularidades: corrupción, lavado de activos y asociación ilícita, por mencionar sólo algunos. A claras luces estamos frente a violaciones graves de los derechos humanos en donde se busca obtener una ganancia económica a costa de la explotación del otro, considerando a las personas como meros objetos de cambio.

Ahora bien, en la tarea de sistematizar y arrojar un poco de luz sobre la situación de millones de damnificados en todo el mundo, Kevin Bales [4] ha adoptado una posición por demás proactiva, realizando entrevistas personales con tratantes, damnificados, familiares e incluso liberados. A pesar de que sospecha que sus cálculos pecan por no ser del todo exactos -e incluso considera que maneja cifras sustancialmente menores a las reales-, estima que a nivel mundial el número de personas reducidas a la condición de sometidos hoy en día supera los 27 millones, siendo África, el este de Asia y América del Sur las regiones en donde se concentran la mayoría de los casos. Asimismo, cabe destacar que un estudio comparativo de la situación y el modo en que son adquiridos estos nuevos esclavos demuestra que el precio por cabeza ha ido en franca disminución –pasando de costar U$S 40.000 hace poco más de 1000 años, al escalofriante precio de U$S 90 en Estados Unidos; mientras que en países como Nepal el precio suele ser menor-, a la vez que la demanda continúa su incremento, principalmente debido al aumento significativo de la población, la pobreza y vulnerabilidad extremas y, finalmente, la ausencia de acatamiento efectivo o, directamente, la inexistencia de ley al respecto. Esto, en muchos casos debido a los altos índices de corrupción y connivencia detectados, sobre todo entre los agentes policiales y fiscales involucrados. Como contrapartida encontramos una escasa fe en los procedimientos judiciales y sus resultados, lo que lleva a que muchos ciudadanos se abstengan de denunciar situaciones irregulares que llegan a su conocimiento.

No debe olvidarse que estamos frente a un crimen económico, que maneja exuberantes cifras de dinero. Se calcula que anualmente las ganancias netas globales son de aproximadamente U$S 40 mil millones [5]. Sin embargo, estimaciones más recientes indican que el alcance del problema es mucho mayor. Sólo en Europa, las sumas obtenidas por lo grupos delictivos ascienden a unos U$S3.000 millones por año, cuando menos.

El profesor Bales prevé que costaría aproximadamente U$S 400 liberar a cada víctima de manera aislada pero, en una economía mundial como en la que hace nos encontramos inmersos, con U$S 10.8 mil millones se lograría desvincularlas totalmente. En consecuencia, se les devolvería algo de la dignidad que les fue quitada e, incluso, traería aparejadas repercusiones financieramente positivas, toda vez que esta masa se incorporaría al circuito económico contribuyendo con su potencial laboral y convirtiéndose en una nueva fuente de consumo, debido a que durante su situación de esclavitud no sólo no aportan, sino que incluso generan pérdidas para las economías estatales [6].

Argentina bajo análisis

Por desafortunado que sea, nuestro país engrosa la lista de Estados en donde han sido reportados episodios de captación, traslado y “consumo” de trata de personas. A pesar de que, desde el año 2008, se comenzaron a implementar más arduamente políticas públicas orientadas a su combate, a decir verdad no se cuenta con un plan aplicado en todo el territorio de manera uniforme.

Aun así, se cree que existen, cuanto menos, 10.000 personas actualmente reducidas a situaciones de esclavitud [7]. La trata para fines de explotación laboral y sexual presentan la mayor cantidad de casos judicializados. En cuanto a la primera modalidad, debe resaltarse que los porcentajes de captación más altos fueron registradosen el N.E.A y N.O.A, siendo C.A.B.A y la provincia de Buenos Aires los principales destinos de explotación, en especial para la realización de tareas deservicio doméstico, trabajos en obras de construcción y, en condiciones paupérrimas, en talleres clandestinos, siendo el 84% de las víctimas reportadas varones mayores de edad.

Por otra parte, la trata con fines de explotación sexual es la modalidad más documentada a nivel mundial, no siendo Argentina una excepción. Estudios realizados en nuestro país [8] indican que la mayoría de las víctimas son mujeres, principalmente mayores de edad (liderando el 90% de los casos), acaparando los primeros puestos en cuanto a captación y reclutamiento las provincias de Misiones, Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos; siendo los destinos más usuales Córdoba, C.A.B.A, la región patagónica y la provincia de Buenos Aires, en especial sus grandes centros urbanos. Si bien se han detectado tratantes de diversas nacionalidades, en general se presentan situaciones en las que captadores y explotadores provienen del mismo país de origen que sus esclavos.

Ya desde una visión más “ciudadana”, debe tenerse en cuenta que muchos habitantes ni siquiera conocen cómo y dónde denunciar hechos de esta índole; hay poca confianza depositada en los operarios policiales y judiciales y ni siquiera son conocidas las variadas aristas que puede llegar a presentar esta ilegal actividad.

Párrafo aparte merecería el comportamiento desplegado por las fuerzas de seguridad durante los allanamientos y demás operativos, en donde se registra un alto grado de desconocimiento en relación a los protocolos de acción a seguir frente a aspectos sensibles, sin contar la falta de cuidado detectada al momento de tomar testimonios [9].

Hoy en día es inusual encontrar organizaciones criminales efectivamente desmanteladas, lo que en parte se debe a las variaciones encontradas en sus estructuras organizativas, las que, fundamentalmente, van cambiando según la demanda, la “calidad” de las víctimas y la actuación ilegal requerida en cada situación.

Interrogantes pendientes

A modo de conclusión, considero que previo a teorizar sobre aspectos sobre los que se necesita un abordaje más sensible, deberíamos detenernos a pensar: ¿en qué momento son calculados y sopesados los trastornos sociales, físicos y psíquicos sufridos por los sujetos pasivos de este delito?, ¿no debería destinarse parte del dinero obtenido en los procesos judiciales a robustecer la capacitación que se le otorga a los funcionarios involucrados en la investigación dela trata de personas? Si la idea es devolverles la posibilidad de reinsertarse armónicamente en la sociedad ¿no tendría que darse un primer paso ofreciéndoles seguridad y protección económica? A pesar de que la mayoría de las respuestas parecieran contestarse afirmativamente, considero que como sociedad aún nos queda mucho por aprender, ya que los padecientes que logran escaparse o ser liberados suelen ser los que resultan estigmatizados. Las leyes argentinas predican el acompañamiento y la posibilidad de dar un marco apropiado para que el proceso judicial y sus propias vidas puedan seguir adelante y recomponerse, pero los fondos con los que se cuenta hoy en día demuestran no ser suficientes. Si bien se ve un avance en la sistematización de datos orientados a poder realizar un seguimiento más detallado de cada caso, no hay un incentivo fuerte que enfatice y profundice su análisis.

Por otro lado, debe precisarse que continúa siendo un delito que no termina de visibilizarse a causa de los valores patriarcales en los que estamos inmersos y lo acostumbrada que parece estar la opinión pública y la población a comunicar y aceptar manifestaciones de violencia, especialmente dirigidas contra las mujeres.

Finalmente, y aunque el panorama planteado resulta desalentador, hay que tener presente que la puesta en escena de una problemática siempre sirve para dar pasos en pos de su solución, motivo por el cual un bien tan preciado como la información no hace más que ayudar a continuar con el camino ya comenzado. Asimismo, el estudio de esta materia desde ópticas nuevas aumenta la posibilidad de encontrar respuestas originales, a efectos de permitir soñar con un mundo que en un futuro, esperemos que cercano, no tenga lugar para la concreción de este tipo de injusticias.

 

Bibliografía utilizada

[1] El inciso a) del artículo 3° del Protocolo de Palermo define a la trata como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con  fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre  o la extracción de órganos.

[2]Roger.“Slavery Here and Now”, (Año 2007).

[3] El término trata comprende indiferentemente: los casos de explotación sexual, de explotación laboral, extracción de órganos, embarazos forzados, servidumbre doméstica, matrimonio forzado, explotación agrícola y doméstica, mendicidad infantil, entre otras prácticas análogas a la esclavitud.

[4] Kevin B. Bales nació en 1.952. Se graduó en1970 en Ponca City High School, en Estados Unidos. Es el co-fundador y -previamente- presidente de la organización más antigua en relación a los derechos humanos “Libertad a los esclavos”. Obtuvo su Ph.D. en London School of Economics, en 1994. Actualmente, entre sus muchas actividades orientadas a la salvaguarda y concientización sobre los derechos humanos y los perjuicios de la trata de personas, da clases en la Universidad de Surrey, en Inglaterra, país en el que reside. Es considerado como uno de los mayores expertos en materia de esclavitud contemporánea y son innumerables las obras que ha escrito sobre este tópico.

[5] Bales, Kevin. (Año2006). “Testing a theory of modern slavery”. Disponible en: http://www.yale.edu/glc/events/cbss/Bales.pdf

[6] TEDx: Kevin Bales: “How to combat modern slave”, (Año 2010) - Kevin Bales:Sex slaveschangesactivist´slife”, (Año 2009).

[7]INECIP Argentina. “¿Qué hicimos con la trata? Un recorrido por las principales políticas públicas de trata sexual en Argentina”. (Año 2013).Disponible en: http://issuu.com/inecipsedecentral/docs/que_hicimos_con_la_trata_inecip

[8]INECIP Argentina, Op. Cit. (Año 2013).

[9] Zaida Gatti [et. al], “Trata de personas: políticas de estado para su prevención y sanción”. Buenos Aires, Editorial: Infojus, (Año 2013).

 

 

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