Nuevos casos, mismos problemas.

La “causa de los cuadernos” vuelve a poner en evidencia algunas cuestiones ya conocidas en torno a cómo se desarrolla la criminalidad económica en Argentina y cuál ha sido el rol de la Justicia federal. Por eso, un punto fundamental es que se avance no solo sobre el rol de ex funcionarios/as sino también sobre los actores del Poder Económico que tradicionalmente han cooptado al Estado como espacio para hacer negocios. La visión de grandes empresarios/as como supuestas víctimas de extorsiones es falsa y oculta que la criminalidad empresarial de las últimas décadas se ha visto ligada al vaciamiento del Estado y la consecuente fuga de capitales. La deuda externa es la contracara de la fuga de capitales y se ha generado sin seguir criterios de transparencia sobre la colocación de deuda.

No cabe ninguna duda de que quienes ejercen y han ejercido de forma corrupta la función pública deben ser investigados/as y condenados/as. Complementariamente, desde CIPCE sostenemos desde hace años que los/as empresarios/as de la Patria Contratista no son víctimas sino responsables fundamentales en esta matriz criminal que continúa vigente hasta la actualidad y que se caracteriza por las fuertes presiones en materia regulatoria, el control sobre los procesos de compras públicas y la prebenda a cambio de información privilegiada. La investigación de estas cuestiones debe extenderse a todo el país y a todas las actividades económicas involucradas. En particular, resulta fundamental investigar al sistema financiero.

Es fundamental que la Justicia federal pueda desarrollar políticas de persecución penal estratégicas e inteligentes. A contramano de lo que algunos/as parecen entender, esto de ningún modo debe hacerse al costo de prácticas ilegales. La violación de garantías constitucionales no equivale a eficacia de la política criminal, ni la justifica.

A la tradicional ineficiencia de la Justicia federal para desarrollar investigaciones buenas y rápidas se suma ahora la utilización extorsiva que se está viendo de la figura del arrepentido. Todo esto se inscribe en la complicidad que la Justicia federal suele mostrar con el Poder Político y -fundamentalmente- el Poder Económico. Las causas se frenan o avanzan según cuáles sean las reglas de juego del momento.

Tanto para este caso como para cualquier otro, necesitamos una serie de reformas en las prácticas de los operadores judiciales y de los organismos de control y supervisión, como así también algunas modificaciones legales, entre ellas:

• Implementar de manera urgente el nuevo Código Procesal Penal de la Nación, para que la justicia federal abandone un sistema fundamentalmente escrito y secreto, y el Ministerio Público Fiscal pueda reorganizar la persecución penal.

• Impulsar políticas de recupero de activos. Al margen de los debates parlamentarios actuales, hoy ya existen herramientas para localizar, cautelar y recuperar el dinero ilícito. Es responsabilidad de los/as operadores/as judiciales aplicarlas. Si no se comprenden y utilizan las herramientas actuales, difícilmente pueda darse una discusión legislativa de calidad en torno a la regulación de la extinción de dominio. Esto debe complementarse con información pública que permita a la sociedad conocer todos los activos cautelados y decomisados en causas penales; en este sentido, la información disponible sobre este caso en el Centro de Información Judicial es insuficiente y poco precisa (no se indica, por ejemplo, a quién pertenece cada bien cautelado).

• Desarrollar políticas de prevención y persecución de la corrupción y la criminalidad económica que dejen de hacer distinciones ilegales en base al partido político involucrado en cada caso.

• Transparentar el sistema de financiamiento de la política (por ejemplo, garantizando el conocimiento público sobre el historial de créditos y débitos operados en las cuentas bancarias de los partidos y alianzas políticas y generando un marco legal que restrinja al máximo las fuentes de financiamiento privado tanto a partidos y alianzas como a candidatos/as).

• Garantizar una red de organismos de control y supervisión libres de conflictos de intereses, ya que esto impide un adecuado desempeño de su función.