La justicia penal y los delitos económicos (Biscay, 2006)

"Las reformas de mercado en Argentina dejaron como resultado un proceso gradual de captura institucional del Estado por parte de los principales grupos económicos. La poderosa influencia que estos ejercieron y aún ejercen les permite condicionar los procesos de decisión, implementación de políticas y distribución de recursos públicos.
Asimismo, el reconocimiento de este fenómeno implica que las empresas tienen capacidad para manipular el mercado y el Estado, por lo que la corrupción debe ser entendida ante todo como un poder oculto que define las relaciones recíprocas entre la economía y la política. Por lo tanto la corrupción no es un problema de delitos cometidos en el sector público, sino de aquellos relacionados con la criminalidad de los actores económicos.
Ahora, si la justicia es el garante último de los derechos fundamentales, la independencia del Poder Judicial depende de la capacidad que los jueces tienen de enjuiciar y sancionar los delitos cometidos por políticos en el ejercicio de sus funciones y por empresarios beneficiados con la extracción ilegal de rentas públicas".

Éste es un artículo escrito por Pedro Biscay, miembro del Comité Directivo del CIPCE, intitulado “La Justicia Penal y el control de los delitos económicos y de corrupción. Experiencias Argentinas”. Fue publicado en el número 11 de la revista Sistemas Judiciales, en 2006.

Aquí, el autor analiza la relación entre Estado, Justicia y corrupción, y explica la investigación desarrollada por el CIPCE en sus inicios, al elaborar una base de datos de causas de delincuencia económica y de corrupción. Arroja datos sobre los principales ilícitos detectados en este estudio, los tiempos y las demoras en el avance procesal de las investigaciones judiciales, y algunos problemas detectados en dichas investigaciones, como así también posibles estrategias para prevenir y perseguir estos delitos.