La reforma procesal: mucho más que el cambio de una ley
El debate sobre la reforma del Código Procesal Penal de la Nación no es nuevo ni original, pero sí es imprescindible. En los últimos días, el nuevo proyecto presentado por el Poder Ejecutivo volvió a poner el tema en el lugar que merece en la agenda pública. Hay por lo menos tres ejes que son claves en esta discusión: consenso, eficacia y garantías.
Consenso
La necesidad de reformar los sistemas de justicia penal es reconocida de manera casi unánime. La experiencia de la mayoría de las provincias argentinas y de los países latinoamericanos demuestra que todos llegaron a la misma conclusión: sus códigos procesales generaban un estado de injusticia tan evidente que requerían modificaciones estructurales.
Esta injusticia se manifiesta de dos formas básicas: una falta de eficacia para investigar y perseguir los delitos –sobre todo los complejos–, y una falta de respeto por los derechos y garantías de las personas. Por eso es que en nuestro país existe un amplio consenso sobre lo esencial que resulta el paso a un sistema acusatorio y adversarial. Prácticamente la totalidad de los partidos políticos y sectores sociales coinciden en esto.
El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo se enmarca en esta línea de ideas. Es una propuesta sumamente positiva, que busca generar un modelo mucho más acorde a lo que prevé la Constitución. Lógicamente, esto no quita que algunos artículos sean muy cuestionables –particularmente, el régimen de prisión preventiva.
Eficacia
La ineficacia general de la Justicia se agrava particularmente cuando lo que hay que investigar y juzgar es un fenómeno criminal complejo. Así ocurre en casos de corrupción y delitos económicos, narcotráfico, trata de personas, etc. Las causas duran una cantidad desmedida de años, y en muy pocos casos se llega a resultados satisfactorios, tanto en términos de condenas como de recuperación del dinero ilícito. La reforma apunta a corregir problemas de raíz en estos temas.
Esto implica la necesidad de que el Estado desarrolle una persecución penal estratégica e inteligente. Para eso, debe tener en cuenta las diferencias entre los distintos tipos de delitos que existen, y comprender la importancia de incidir sobre los mercados criminales que han crecido. En este punto, el rol del Ministerio Público Fiscal es central, dado que es el organismo encargado de esta tarea; los esfuerzos de los últimos años se orientan en este sentido.
La falta de transparencia que existe actualmente en la actuación de la Justicia resulta funcional a los pésimos resultados. La idea de que la sociedad pueda saber cómo están trabajando sus jueces y fiscales no es algo menor, sino que es la forma de hacer efectivo el control popular de los actos de gobierno que establece la Constitución.
Garantías
Sumado a lo anterior, la Justicia tiene un serio problema de falta de respeto de las garantías y derechos de las personas involucradas –sean los investigados o las víctimas. Esto se ve con mucha claridad cuando los acusados provienen de los sectores sociales más pobres. Se sabe que no es casual que ellos sean los únicos que llenan las cárceles, en condiciones inhumanas de detención. Como si esto no fuera lo suficientemente preocupante, se suma otro problema: amplios sectores de la sociedad reaccionan apoyando –y exigiendo– estos comportamientos ilegales por parte de policías, jueces y fiscales, sin entender que en realidad son sumamente perjudiciales para todos.
Una de las modificaciones esenciales para garantizar un mayor respeto por las garantías es la división de roles entre el juez y el fiscal. No se trata de dar “mayor poder a los fiscales”, sino de cumplir con lo que establece la Constitución. Una idea básica de imparcialidad exige que quien proponga allanar un domicilio no sea la misma persona encargada de controlar si ese allanamiento es justo o no.
Se pretende reemplazar a los viejos expedientes repletos de hojas por audiencias públicas donde todos nos veamos las caras. Esto no solo va a mejorar el desempeño de la Justicia, sino que además va a permitir una defensa mucho más fuerte de los derechos y garantías.
Con un importante consenso sobre la necesidad de rediseñar un sistema de justicia penal que hoy resulta intolerablemente injusto, ya es hora de lograr la reforma que se viene demorando desde hace décadas.
(Columna de opinión escrita por Agustín Carrara, Director Ejecutivo del CIPCE, publicada en Puntojus.com).