La Corte Suprema rechazó darle un fin social al dinero decomisado a María Julia Alsogaray
Durante años, el CIPCE participó como Amigo del Tribunal en la causa donde se investigó el enriquecimiento ilícito de María Julia Alsogaray, quien finalmente fue condenada en 2004. Este caso representó el primer recupero de activos en hechos de corrupción en Argentina, a través del remate del petit hotel que tenía la ex funcionaria para luego decomisar más de tres millones de pesos.
Además del decomiso del dinero robado al Estado, el CIPCE ha litigado para lograr la entrega social de este dinero, proponiendo al Hospital Garrahan como destino posible. Frente a la negativa de la Corte Suprema, en 2010 presentamos un recurso de reconsideración, explicando la importancia de que ese dinero fuera aplicado a un fin social específico, para visibilizar los efectos de la corrupción y reparar el daño social causado. El 6 de agosto pasado, luego de casi tres años, la Corte rechazó nuestro pedido, dando por cerrado el caso.
En su resolución, los jueces sostienen que asignar este dinero a un hospital público constituye una “liberalidad” que no están autorizados a realizar, y que esta “transferencia sin cargo de fondos públicos a terceros” iría en contra de las normas que garantizan el financiamiento del Poder Judicial.
Con este fallo, la Corte ha demostrado dos cosas. En primer lugar, sigue ratificando la vergonzosa lentitud de la Justicia, habiendo tardado veinte años para resolver una causa que se inició en 1993. En segundo lugar, el Máximo Tribunal ha decidido darle la espalda a la sociedad civil, negándose a participar en una política pública que busque combatir la corrupción. Asignar ese dinero a un fin social específico habría sido un paso fundamental en el cambio cultural que se necesita para enfrentar la criminalidad económica, mostrando la importancia de recuperar los activos robados al Estado. Por el contrario, ahora el Estado solo cuenta con una suma de dinero inmovilizada desde 2009, que ha perdido valor a causa de la inflación, y que se confundirá dentro de la masa de gastos el Poder Judicial, sin poder identificar en qué será utilizada.