Se investiga al ex Ministro de Planificación, Inversión Pública y Servicios, Arq. Julio De Vido y a su esposa, Alessandra Minnicelli, por el presunto enriquecimiento ilícito.
La denuncia la efectuó el abogado Ricardo Monner Sans en el año 2008 a raíz de una publicación del periodista Jorge Lanata en el diario Crítica.
En la causa se investigan la compra de una casa por un valor de u$s 750.000, los ingresos declarados por la esposa de De Vido, Alessandra Minnicelli, los cuales no coinciden con la categoría declarada ante el Fisco; el alquiler de un departamento de 320 metros cuadrados en Avenida del Libertador 2277 y de dos cochera; la omisión en la declaración jurada, en la que se habría omitido un cero y en lugar de declara un inmueble de 500 metros lo declararon de 50 metros; y la declaración de un terreno lindero de 750 metros cuadrados, así como otros inmuebles y sociedades en las que tendrían participación.
El 28 de julio de 2008, Ricardo Mooner Sanz denunció a Julio De Vido por enriquecimiento ilícito. En febrero del año 2009 el entonces juez Octavio Araóz de Lamadrid sobreseyó a los imputados.
El 9 de junio de 2009, la Cámara Federal confirmó el sobreseimiento, declarando mal concedido el recurso de apelación
El 28 de julio de 2009, la Cámara Federal rechazó el recurso de casación interpuesto por la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas.
En marzo del año 2012, la Cámara Federal de Casación confirmó el sobreseimiento por considerar que la FIA no tenía legitimación para apelar si no lo hacía el fiscal ante la Cámara. En el caso, Germán Moldes, fiscal ante la Cámara, no había apelado el sobreseimiento.
En agosto del año 2013 la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió que la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas tenía legitimación para recurrir la decisión.
El 22 de mayo de 2014, La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal se pronunció en la causa con relación al recurso de casación interpuesto por la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas contra la resolución de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal que había declarado mal concedido el recurso de apelación del Ministerio Público Fiscal contra el sobreseimiento dictado por el juez instructor respecto de Julio Miguel De Vido y de su esposa Alessandra Minnicelli, en orden al hecho investigado como presunto enriquecimiento ilícito de funcionario público.
Con motivo de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se ha reconocido a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas legitimación para recurrir en el caso, por lo que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal anuló la citada resolución de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal y dispuso el dictado de un nuevo pronunciamiento en la instancia de apelación, previo escuchar a todas las partes legitimadas.
El 18 de julio de 2014, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, confirmó el sobreseimiento de los imputados.
El 12 de junio de 2015, la Cámara Federal de Casación Penal revocó el sobreseimiento y ordenó seguir investigando.
El Juez Luis Rodríguez, a instancias del fiscal Patricio Evers, ordenó una serie de medidas de prueba: solicitudes a los Registros de propiedad inmueble, aeronaves, propiedad automotor, yates y buques, así como también a la Inspección General de Justicia sobre un grupo de empresas: Fonres S.A, Uni-Vite S.A, Coral Art S.A, Terrazas de Uriarte S.A, Torre Patricios S.A y Strips S.A
El 7 de octubre de 2015, el Juzgado Federal preparó medidas de prueba para ahondar en la investigación sobre el patrimonio de De Vido. Se trataba de oficios a la Oficina Anticorrupción para pedir las declaraciones juradas de bienes, las públicas y las reservadas; oficios al Banco Central, para conocer sus cuentas bancarias y saber con qué bancos opera el funcionario, y a la Bolsa de Valores, para saber si tiene acciones u otros instrumentos de inversión.
También prepara un pedido para que la Unidad de Información Financiera (UIF) le informe si algún banco o aseguradora emitió algún reporte de operación sospechosa (ROS) que involucre al funcionario y oficios a los registros de la Propiedad Inmueble, Automotor, de yates y de aviones, para saber qué propiedades y vehículos tiene a su nombre. Se trata del protocolo estándar para averiguar datos en las investigaciones de enriquecimiento ilícito.
El 23 de junio de 2016, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el allanamiento de los domicilios particulares y las oficinas del diputado nacional Julio Miguel De Vido “de acuerdo con lo ordenado y lo que se pueda ordenar en el futuro”.
El 24 de junio de 2016, el juez Rodríguez ordenó el allanamiento de varios inmuebles pertenecientes a De Vido.
El 8 de septiembre de 2016, El juez federal Luis Rodríguez encargó a peritos oficiales "estimar el valor de venta y de alquiler" de dos propiedades por las cuales el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, en el marco de la causa que lo investiga por enriquecimiento ilícito.
