Por Martina G. Cirimele
La Alianza para el Gobierno Abierto (OGP – Open Government Partnership) es una iniciativa multilateral voluntaria que promueve el trabajo colaborativo entre Estado y organizaciones de la sociedad civil. Su objetivo es lograr que los gobiernos sean más transparentes, participativos y encuentren nuevas formas de crear políticas públicas con los/las ciudadanos/as.
Es en este marco y en colaboración con las Organizaciones de la Sociedad Civil que participan en las mesas de trabajo, es que desde el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) venimos participando del seguimiento del compromiso número tres, del Tercer Plan de Acción de Gobierno Abierto de la República Argentina.
Este compromiso, llamado “Segunda etapa del Portal “datos.jus.gov.ar” está compuesto por diferentes hitos, que tienen como objetivo principal la incrementación de la publicación, actualización y accesibilidad a datos estadísticos del sector justicia a nivel nacional y subnacional.
Desde el CIPCE nos centramos en seguir el progreso del cumplimiento de los siguientes hitos:
PUBLICACIÓN DE REGISTRO DE DATOS, PARTICULARMENTE, DE BIENES SECUESTRADOS Y DECOMISADOS (Cumplido).
- Publicación de al menos cinco (5) datasets por año con información bajo jurisdicción del Ministerio de Justicia, entre ellos: la base de datos de registro de bienes decomisados. El cual tiene como fecha final de cumplimiento el mes de julio.
En la página http://datos.gob.ar/ fueron publicados distintos registros de datos, entre ellos, el “Registro Bienes secuestrados y decomisados durante el proceso penal”. La publicación de estos datos se dio en el marco de un acuerdo entre el Gobierno nacional y las organizaciones civiles en el marco del tercer Plan de Gobierno Abierto, y surgieron por un pedido del CIPCE.
Como resultado del seguimiento, observamos que el registro está publicado desde septiembre del 2017 y que se actualiza con una frecuencia mensual.
Ahora bien, al margen del cumplimiento si bien este compromiso está cumplido, es interesante analizar qué tipo de información brinda el registro. Creemos que la información que aporta no resulta suficiente. El Registro de bienes secuestrados y decomisados, para ser eficiente y eficaz y, además, alcanzar un mayor nivel de transparencia debería contener, al menos, los siguientes datos:
- Los bienes: diferenciando si son bienes cautelados o decomisados y con la mayor cantidad de detalles posibles,
- Información sobre todas las medidas aplicadas sobre los bienes,
- las causas y personas físicas y jurídicas a las que están vinculados dichos activos,
- la duración de las medidas, la fecha de cautela,
- la fiscalía que cauteló, las condiciones en las que fueron otorgadas por el juez, el juez que autorizó,
- el uso y destino de los bienes,
- quién es el responsable de su administración,
- cómo se está administrando (¿está en un depósito? ¿Se está usando? ¿Por quién? ¿Se lo dieron a alguien como depositario judicial? ¿Se subastó?),
- la ubicación física del bien (figura en el caso de algunos bienes).
En consecuencia, si bien celebramos que se haya creado este registro y esté publicado en una página web a la que todos/as los/as ciudadanos/as podemos acceder, creemos que aún faltan los datos enunciados anteriormente que, en materia de recuperación de activos, son esenciales para tomar conocimiento de lo que ocurre realmente en cada etapa del proceso y, especialmente, en lo que respecta al destino de los bienes decomisados.
MESAS DE TRABAJO ENTRE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y LA UIF, BCRA, CNV, ENTRE OTRAS (en progreso)
- Realización de dos (2) mesas de trabajo anuales con sociedad civil y otros organismos vinculados al trabajo sobre criminalidad económica a fin de identificar conjuntos de datos a ser publicados (entre ellos, Consejo de la Magistratura, Unidad de Información Financiera, Comisión Nacional de Valores, Banco Central, etc.).
En este caso, el gobierno publica en la página https://trello.com/, que es la destinada a informar a la sociedad civil el curso del progreso de cada uno de los compromisos, que este hito está “en progreso”. Pero lo cierto es que en base a la información que tenemos disponible desde agosto del 2017 hasta la actualidad no se han realizado ninguna de las mesas de trabajo mencionadas.
Vemos esto con inquietud ya que no se puede avanzar en el fortalecimiento de la transparencia. Estas mesas de trabajo permitirían que la sociedad civil y los organismos públicos encargados de perseguir, prevenir y sancionar la criminalidad económica se retroalimenten con la información con la que trabajan y puedan avanzar en conjunto para erradicar la impunidad que caracteriza a este tipo de delitos.
Esto, a su vez, va en contra de uno de los fines del Plan de Acción y del compromiso en particular, que es la facilitación de la interacción de los organismos públicos con los/las ciudadanos/as, contribuyendo a generar una relación de ida y vuelta.