Por Nicolás Gross
La causa por los “aportantes truchos” en la campaña de Cambiemos de 2017, ha abierto nuevamente el debate sobre el financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales. Al menos es posible pensar en dos grandes ejes: por un lado, el que hace a la transparencia en la recaudación de fondos y, por otro, el que refiere a la equidad en la competencia a partir del acceso a medios para publicidad. Es así que frente a la causa mencionada el gobierno nacional ha planteado la necesidad y la urgencia de legalizar el aporte por parte de personas de existencia ideal – las empresas- en una suerte de reconocimiento de que la realidad pareciera imponerse por sobre lo que la ley vigente ordena.
Vemos entonces que desde principios de año vienen presentándose proyectos de reforma a la Ley 26.215 de financiamiento de los partidos políticos que van desde la bancarización de los aportes y permiso a las empresas para realizar aportes, hasta la prohibición de todo aporte privado, siendo el Estado el único ente habilitado a la vez que obligado para distribuir el dinero de las campañas de acuerdo con criterios de equidad.
La diputada Lospennato de “Cambiemos” presentó un proyecto que se centra en la bancarización de aportes: “todas las consecuencias que se desprenden de la bancarización de los aportes en este acto propuesta, serán elementos de alto valor para lograr una cada vez mayor transparencia en el financiamiento de la política y, como resultado, en el fortalecimiento y vigorización de la democracia argentina” (Proyecto 5944-D-2018). En este caso la diputada sólo aborda el eje de la transparencia, considerando que la bancarización de los aportes es suficiente para saldar el debate en torno a la reforma de la Ley en cuestión.
Por su parte el diputado Jorge Enriquez, también perteneciente a la alianza gobernante ha presentado un proyecto de reforma en el que dentro de los fundamentos y apoyándose en el Mensaje N° 99/18 del Poder Ejecutivo, ha afirmado que la falta de transparencia se debe a la prohibición de aportes por parte de empresas, pues “existe un amplio consenso respecto a que estos aportes ocurren de todos modos. Frente a la restricción jurídica, tal como lo advierten los estudios sobre este tema, el dinero de las empresas ha seguido financiando campañas, pero lo ha hecho sin que ese dinero sea registrado, dejando el financiamiento político aún más lejos del escrutinio público”.
Lo que reproduce en su proyecto el diputado Enriquez, es la línea del poder ejecutivo que supone la capitulación del Estado. Se afirma entonces que es la prohibición lo que genera opacidad y no la falta de control estatal. Ello sin mencionar que en el presente proyecto se olvida por completo que una de las razones para limitar el aporte privado es, entre otras, la de garantizar condiciones de competencia equitativas y a la vez evitar el desequilibrio que supone la posibilidad de aportes de campaña llevados adelante por grupos económicos. La potencia publicitaria de un partido apoyado por grandes grupos económicos es, naturalmente, muy superior a la de partidos que no cuenten con los mismos.
Por otra parte, Graciela Camaño del Frente Renovador, presentó un proyecto de ley a la luz de los hechos ocurridos, que propone no sólo la bancarización de aportes, sino que plantea un escenario más equitativo al del sistema actual. Esto, mediante la modificación de los porcentajes de distribución de fondos públicos, aumentando de un 20% a un 40% los fondos que se reparten equitativamente y reduciendo en consecuencia aquellos que se reparten de forma proporcional a los votos obtenidos en elecciones anteriores. También propone la creación de un registro de proveedores de servicios de publicidad bajo la órbita de la Cámara Nacional Electoral (4447-D-2018).
En 2016 Máximo Kirchner por el Frente para la Victoria presentó un proyecto que proponía el endurecimiento de las multas por incumplimiento de la normativa, el fortalecimiento del aporte estatal a las campañas de forma equitativa, y un control por parte de una comisión bicameral del desarrollo de la campaña; esto es sumar el control por parte del poder legislativo al existente por parte de la Cámara Nacional Electoral (7573-D-2016).
Por último en este abanico de propuestas se encuentra el proyecto presentado por el diputado Nicolás del Caño, por el Frente de Izquierda, que plantea un esquema de financiamiento plenamente estatal con distribución igualitaria de los recursos y espacios publicitarios para todas las listas oficializadas. En este caso no se contemplan los resultados de elecciones anteriores como variable para la distribución de recursos, sino que todos los partidos contarían con la misma cantidad de recursos. Prohíbe a su vez, todo financiamiento privado (4637-D-2018).
Como puede observarse, estamos frente a uno de los temas centrales de una democracia. La causa de los “aportantes truchos” nos pone frente a un escenario que tiene a la justicia como principal responsable capaz de demostrar que el Estado está en condiciones de cumplir su función de fiscalización del financiamiento de las campañas electorales. Incluso imponiendo las consecuencias penales correspondientes en cada caso. No nos olvidemos que la investigación se inició en el fuero penal por delitos tan graves como el lavado de dinero, asociación ilícita, entre otros, que llegaron incluso a salpicar a la Gobernadora María Eugenia Vidal.
En otras palabras, lo que está en juego es el rol del Estado como garante del sistema democrático. La transparencia y la bancarización de aportes es sólo un capítulo de un debate cuyo fondo es si el Estado va a garantizar condiciones igualitarias en la competencia electoral, o si por el contrario va a entregarle a los grupos económicos la herramienta para imponer a sus propios candidatos.