Por Nicolás Gross y Martina Cirimele.
La causa se inició a raíz de la denuncia realizada el 27 de enero del 2020 por Fernando Miguez, Presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, basada en el Primer Informe sobre la situación de la firma Vicentín, de fecha 16 de enero de 2020, elaborado por el Lic. Claudio Lozano, director del Banco de la Nación Argentina, que analizó la situación económica de la firma VICENTÍN S.A y los préstamos otorgados por la anterior gestión del BNA, cuando aquella anunciara públicamente que se encontraba en una situación de estrés financiero, que no le permitiría hacer frente a sus obligaciones.
El 13 de febrero del 2020, el fiscal de la causa, Eduardo Pollicita, formuló el requerimiento de instrucción y dió impulso a la acción penal. La investigación del MPF, en este sentido, se orientaba en principio, en relación al accionar del ex titular del Banco de la Nación Argentina, Javier González Fraga, y a quienes fueron sindicados como responsables de la firma VICENTIN, Alberto Padoan y Gustavo Nardelli, ello sin perjuicio de una posible ampliación de la responsabilidad penal hacia otros funcionarios y empleados del BNA, funcionarios de distintos organismos del Estado Nacional e integrantes del grupo VICENTIN.
Este viernes, la Unidad de Información Financiera, se presentó en dicha causa, que tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10, Secretaría N° 20, para ser tenida como querellante, dado que además de los delitos que se investigan en dicho expediente, se sospecha la posible comisión del delito de lavado de activos.
¿POR QUÉ LA UIF SE PRESENTÓ PARA SER TENIDA COMO PARTE QUERELLANTE EN LA CAUSA CONTRA VICENTIN?
La Unidad de Información Financiera sospecha que el accionar de los funcionarios intervinientes y los empresarios en el otorgamiento de los créditos por parte del BNA, además de implicar una posible y cuantiosa defraudación al Estado, también podría comprender “millonarios movimientos de fondos hacia cuentas off-shore a través de complejas maniobras de lavado de activos a cuya investigación queremos contribuir de la forma más cercana en el tiempo a los hechos materia de análisis”.
La Unidad de Información Financiera, sostiene que la firma Vicentin, la cual se declaró en cesación de pagos a fines del 2019, “integra un grupo empresario con una situación económico-financiera saludable y habría remitido buena parte de sus ganancias al exterior mediante maniobras, que se presentan al menos como sospechosas”.
Si hacemos una reconstrucción de los hechos tenemos en un primer momento, millonarios créditos otorgados de forma irregular, como mínimo, por parte del Banco Nación.
Por otra parte se encuentra la venta de soja por parte de VICENTIN PARAGUAY a VICENTIN ARGENTINA, la que luego es exportada por RENOVA, una empresa de la que participan VICENTIN ARGENTINA, GLENCORE (Multinacional de granos Suiza) y, hasta hace muy poco tiempo, VICENTIN PARAGUAY. De acuerdo a lo que se ha investigado hasta el momento, VICENTIN PARAGUAY no tendría producción alguna, sino que simularía la venta de dicho grano que en realidad fue producida en Argentina con la doble finalidad de fugar dinero, y por otro evadir el pago de impuestos al momento de la exportación, ya que únicamente se pagarían las retenciones por la soja identificada como de procedencia argentina mientras que la que es identificada como de origen paraguayo se encontraría exenta de dicho régimen.
Lo que se está investigando, a su vez, y se pone en el centro de la persecución con la intervención de la UIF, es la existencia de posibles empresas offshore para que se pierda la ruta del dinero de las "ganancias" obtenidas, a través de las distintas maniobras denunciadas.
En este sentido, consideramos importante que el organismo antilavado del país lleve adelante acciones estratégicas en materia de persecución de este tipo de delincuencia.
