Por Martina Cirimele, Directora Ejecutiva del CIPCE.
La filtración de documentos de la FINCEN, Financial Crimes Enforcement Network, unidad antilavado del gobierno de los Estados Unidos, expone el entramado que se ha utilizado por parte de distintos sujetos, entre ellos, delincuentes económicos, estafadores, empresas, para operar grandes cantidades de dinero de dudosa procedencia, a través de bancos internacionales de “primer nivel” como Deutsche Bank, JPMorgan Chase, HSBC, entre otros.
Los FinCEN Files, incluyen más de 2.100 "reportes de actividades sospechosas" elaborados por bancos y otras instituciones financieras y enviados a la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Los SAR (de acuerdo a sus siglas en inglés), no implican por sí mismos delitos, sino que son reportes que realizan los sujetos obligados, como los bancos. Sirven para alertar a los organismos estatales sobre operaciones económicas o financieras, tentadas o realizadas, que habiéndose identificado previamente como inusuales, luego del análisis y evaluación realizados por el sujeto obligado, no guardan relación con las actividades lícitas declaradas por el cliente. Todo ello ocasionando sospecha de Lavado de Activos o aun tratándose de operaciones relacionadas con actividades lícitas, donde exista sospecha de que estén vinculadas o que vayan a ser utilizadas para la Financiación del Terrorismo.
En el marco de esta filtración, el equipo de investigadores/as argentinos/asi ha dado cuenta de un reporte de operación sospechosa que tiene un real impacto en nuestro coyuntura actual ya que vincula a la firma Glencore con Vicentin Paraguay, la subsidiaria de la agroexportadora argentina que fue denunciada en reiterados escritos de la UIF y el Banco Nación ante la Justicia argentina. En el primer reporte –el que corresponde a enero y febrero de 2014-, las autoridades de los Estados Unidos no especificaron el monto de las operaciones. Pero en el segundo SAR detallaron un giro puntual entre ambas compañíasii.
No hay que perder de vista, que la filtración, expone mucho más que maniobras delictivas entre bancos, entidades financieras, empresarios, políticos, delincuentes organizados. La misma, deja a la vista cómo operan todos esos actores que producen y reproducen las desigualdades sociales y de género más cruentas y generan un gran daño social que hasta ahora no ha sido reparado.
El caso de Vicentin es un caso paradigmático en el siguiente sentido: esta empresa que representa el 10% de la producción de alimentos en Argentina, se encuentra hoy acusada por la posible comisión de evasión, fraude, insolvencia fiscal, fuga de capitales y lavado de activos, por múltiples organismos estatales se encuentran impulsando las acciones penales correspondientes.
La Unidad de Información Financiera ha sostenido en su escrito para ser tenida como querellante en la causa Vicentin, que el accionar de los funcionarios intervinientes y los empresarios en el otorgamiento de los créditos por parte del BNA, además de implicar una posible y cuantiosa defraudación al Estado, también podría comprender “millonarios movimientos de fondos hacia cuentas off-shore a través de complejas maniobras de lavado de activos a cuya investigación queremos contribuir de la forma más cercana en el tiempo a los hechos materia de análisis”.
Todo ello, en un contexto de pandemia, demuestra como este tipo de criminalidad que impacta de lleno en las arcas del Estado y tiene consecuencias en la vida de cada uno y cada una de los/as ciudadanos/as, ya que impide a los gobiernos poder gestionar con mayores y mejores políticas públicas las distintas situaciones que se le van presentando, por la falta de recursos.
Esta nueva filtración nos invita a pensar distintos puntos. En primer lugar, sigue ratificando que nos encontramos frente a un problema de carácter sistémico y estructural, y que se encuentra fuera de control para los organismos de prevención y persecución de la criminalidad económica. El foco del análisis debe fijarse entonces, de manera integral, en el funcionamiento del sistema económico y financiero a nivel local, regional y mundial.
En segundo lugar, la filtración de reportes de actividades sospechosas, pone en tensión todo el sistema de prevención del lavado de activos / financiación del terrorismo y sus resultados. Pero además echa luz sobre el entramado que se orquesta entre todo tipo de sujetos, que abarca desde empresarios a delincuentes organizados, hasta políticos corruptos, así como también a los bancos, financistas, entidades financieras, entre otras, que lavan sus activos.
En tercer lugar, expone las fragilidades en materia de prevención de los organismos que regulan la materia, supervisan y realizan la persecución de los delitos económicos, y también ponen en tela de juicio la eficacia de las sanciones que imponen. El sistema antilavado que se ha estructurado por los organismos estatales, descansa sobre la base de que los propios sujetos obligados, quienes mueven millonarias sumas de dinero de dudosa procedencia, reporten a sus principales clientes. Si no los reportan, las sanciones que perciben, como por ejemplo multas, se convierten en un costo en los giros habituales de sus operaciones, pero no ponen en riesgo ni a sus ganancias ni a sus clientes.
Es en este punto, en donde los Estados deben intervenir con mayor firmeza, se le debe exigir a estos actores la aversión a estos delitos como la ley le exige a cualquier otra persona. No se puede permitir a estas instituciones el abuso del poder económico para aumentar sus ganancias.
Vicentin, también es paradigmático por esto, ni la Unidad de Información Financiera ni el Banco Central de la República Argentina tomaron cartas en el asunto hasta el cambio de gestión en diciembre del 2019.
Finalmente, y de manera positiva, creemos que esta filtración vuelve a demostrar la importancia del trabajo realizado desde la sociedad civil en estos temas. En este caso, el esfuerzo conjunto de un grupo de 400 periodistas de 88 países, a los/as que se les fue brindada la información con la cual llevaron adelante un mega análisis para desarmar el entramado de negocios delincuenciales y las tramas de complicidades entre algunos de los actores más poderosos del sistema económico.
iEl Equipo argentino ICIJ, que trabajó en FINCEN Files está integrado por Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli, Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky, Ivan Ruiz, Ricardo Brom y Emilia Delifno.