Victoria Prado y Facundo Zocchi
Durante los meses de septiembre y octubre del corriente, en los medios locales se publicaron importantes datos que emergieron de los denominados “Fincen Files”. Como planteó el periodista Hugo Alconada Mon sobre el tema, “Los Fincen Files —más de 2100 documentos secretos de la unidad de control de delitos financieros estadounidense (FinCEN, por su sigla en inglés)— abrieron una ventana a la verdadera forma de operar de los grandes bancos internacionales, las enormes dificultades que afrontan los organismos globales que deberían controlarlos y cómo ambos factores impactan en todo el mundo y, en particular, en América Latina (…)”1. La filtración de estos reportes nos llevan a un punto que nos parece ineludible: el sistema anti lavado y ciertos mecanismos de prevención y detección de criminalidad económica parecen encontrarse en una encerrona.
Si hay algo que resalta de la investigación periodística es que los sistemas anti lavado necesitan, fundamentalmente, de la información que filtran quienes serían los principales proveedores de los mecanismos necesarios para lavar dinero en todo el mundo. Estamos frente a algunas de las principales complicaciones que se presentan frente a la criminalidad económica: encierra maniobras de criminalidad compleja y la información que nos lleva a este tipo de delitos es de difícil acceso. Para peor, tal y como se encuentran actualmente los planteos sobre las regulaciones (oscilando entre formas de autorregulación y autorregulación regulada2), quienes debieran ser aliados claves no sólo no tendrían motivos suficientes para colaborar sino que se encuentran involucrados en las maniobras investigadas.
Según surge de la investigación desarrollada, las entidades obligadas habrían reportado información fundamental que revela cómo, por medio de las corporaciones más importantes del sistema financiero mundial, se estructuran conexiones aptas para mover flujos de dinero con el fin de incumplir los controles dispuestos globalmente. Entre los datos a los que se accedió proliferan los llamados intermediarios financieros, las sociedades pantallas, las triangulaciones con jurisdicciones off shore y las dificultades para identificar a los beneficiarios finales detrás de las millonarias transacciones.
Es que una de las áreas de negocio más rentable de los bancos internacionales es la llamada “private banking”, que brinda el servicio denominado “Wealth management”. La mayoría de los bancos internacionales cuentan con el sector de banca privada, que funciona a través de las oficinas ubicadas en casi todos los países del mundo (o mediante agentes independientes) en conexión con las filiales localizadas en las guaridas fiscales y en los centros financieros globales más importantes. Los servicios ofrecidos incluyen: apertura de cuentas bancarias offshore de personas físicas y jurídicas; interposición de sociedades fantasmas, fundaciones o trusts founds; asesoramiento en fusiones y adquisiciones societarias y en transacciones en el mercado de capitales; y, planificación de sucesiones y asesoramiento de inversión en fondos mutuos3. Para el diseño de estas arquitecturas, la banca privada dispone de abogados especializados y aceitados contactos con las grandes firmas de consultoría y tributación que trabajan en conjunto con los banqueros para diseñar los mecanismos a ser utilizados. Los bancos cuentan con estos sectores estructurados especialmente para cumplir como facilitadores frente a un público que demanda evitar los controles y vehiculizar fondos que directamente pueden provenir de diferentes mercados criminales.
El BNP Paribas, catalogado como uno de los más importantes en la Eurozona, es de los grandes bancos globales mencionados en las revelaciones de los Fincen Files. A nivel local, esta entidad cuenta con una investigación por operaciones de lavado de activos en su sucursal de Buenos Aires. La causa comenzó en el año 2009, cuando se detectó que la entidad ofrecía el servicio de “banca privada”, asesorando a clientes en la administración e inversión de fondos de origen no declarados para, luego, ser transferidos a paraísos fiscales. A modo de ejemplo, puede verse cómo publicitaba sus servicios de banca privada:
Disponemos de equipos dedicados al seguimiento de la clientela de un país, una región (…) Teniendo en cuenta el buen conocimiento de las expectativas de los clientes, por cuyo seguimiento velan, nuestros Asesores de Banca Privada realizan un análisis global de la situación de cada uno de nuestros clientes y crean, con su ayuda, una estrategia patrimonial global tomando en consideración sus objetivos personales y prioridades patrimoniales. El Asesor de Banca Privada no sólo ejerce de mediador entre los clientes y BNP Paribas Banca Privada, sino que además, con la ayuda de los equipos de especialistas que le rodean (gestores de patrimonio, fiscalistas, especialistas en ingeniería financiera, analistas financieros, gestores de cartera, analistas de crédito…), propone a nuestros clientes las soluciones más completas4
De esta manera, los sistemas anti lavado que se ponen en juego cuentan con una gran dificultad para acceder a la información oculta detrás de estas ingenierías financieras que se estructuran a nivel mundial, con la necesaria intervención de corporaciones poderosas: los bancos, que funcionan como facilitadores de la circulación del dinero ilícito. Al mismo tiempo, es esto lo que convierte a estas corporaciones en las portadoras de insumos esenciales para detectar y frenar las maniobras delictivas o con sospecha de tales.
No resulta novedad que las entidades financieras más importantes, que siguen un fin de lucro, difícilmente puedan ser condicionadas por intermedio de las normas solamente por la potencialidad criminal de ciertos negocios que pasan por sus manos: al final y al cabo, se les estaría pidiendo que dejen de hacer sus negocios por imperativo ético. Al menos hasta donde nos muestran las investigaciones de los últimos tiempos, no se ha logrado condicionar a los infractores ni con multas ni con obligaciones atadas a la debida diligencia a la que se comprometen judicialmente. Según los archivos filtrados a los que venimos haciendo mención, cinco de los bancos más destacados –Deutsche Bank, Bank of New York Mellon, Standard Chartered, JPMorgan y HSBC– violaron en repetidas ocasiones sus promesas de buen comportamiento.
El problema más notorio, en todo caso, resulta ser que sean estas entidades financieras (por medio de los reportes de operaciones sospechosas) las que intervengan en uno de los pocos canales de acceso a la información con los que cuentan los organismos de control y justicia para dar con los lavadores y los mercados de criminalidad económica que están detrás. Al aproximarnos al tema, aparecen las contradicciones, los intereses contrapuestos y los conflictos que presenta el sistema anti lavado.
El propio fenómeno de las filtraciones y los escándalos mundiales generados por las investigaciones periodísticas como la actual -y ejemplos anteriores como los resonantes Panamá Papers o casos regionales de alto vuelo mediático y judicial como el de la empresa Odebrecht- son los que se vuelven insumos claves para intentar desbaratar las maniobras financieras delictivas. Desde el punto de vista del acceso del público general a la problemática del sistema financiero y su vínculo con el lavado de activos y la circulación de flujos ilícitos, todavía no pareciera haberse generado, en los involucrados, la aversión suficiente como para que el factor reputacional los aleje de sus conexiones con la criminalidad. La percepción social respecto de este tipo de criminalidad parece estar cambiando de a poco y nos volvemos más conscientes de la gravedad de las repercusiones que estas maniobras tienen en la cotidianeidad de nuestro bienestar social, pero es necesario que ello sea acompañado por sistemas de prevención y persecución que se ajusten a las dinámicas mencionadas.
Lo que sí sabemos es que, cuanto más avanzan los controles de los Estados, más proliferan las innovaciones generadas para continuar con la circulación de estos flujos de dinero a merced de los intereses económicos que se presentan. El servicio de “banca privada” es la respuesta que los grandes bancos crearon para ello, pero no es la única: también se observó la participación de las conocidas “cuevas”, mesas de dinero y sociedades vehículo que facilitaron los circuitos con cuentas en paraísos offshore, según surge expresamente de los reportes5.
Sin embargo, y más allá de las dificultades planteadas, de las revelaciones periodísticas también desprende que gran parte de la información que se necesitaba para activar las alarmas ya se encontraba en manos de los organismos de control, pero fue procesada de manera tardía o ineficiente. En este sentido, el panorama que emerge a partir de los Fincen Files es poco optimista e insta a una revisión.
Una de las conclusiones que nos deja la investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación es que urge mejorar el intercambio de información disponible entre organismos de control, sujetos obligados, operadores de justicia, sociedad civil y comunidad internacional. Es muy importante que toda la información necesaria sea reportada en forma completa y precisa, y para ello se vuelve imperioso contar con estrictos requerimientos de información. Por otro lado, también es necesario que la información recibida sea procesada eficazmente para avanzar en investigaciones que alcancen resultados más allá de las exigencias formales que impone el sistema actual.
Al mismo tiempo, aparecen nuevas figuras en el universo de acciones posibles para enfrentar estas problemáticas. Entre ellas se hallan los denominados “Whistleblowers”: informantes internos que podrían cumplir un rol fundamental en la persecución de los delitos económicos ya que brindan información proveniente del interior de las organizaciones y, en algunos casos, sus denuncias consisten en la única vía posible para el descubrimiento de las maniobras investigadas (en este sentido, resulta emblemático el caso HSBC y sus ramificaciones).
Las filtraciones han dejado al descubierto que el hermetismo de los negocios del sistema financiero internacional es permeable. El poder regulador de los Estados necesita de la colaboración de otros actores que contribuyan a mejorar los criterios y las herramientas actuales de prevención y persecución de la criminalidad económica, pero es necesario no soslayar quiénes son los actores intervinientes y cuáles son los intereses que se ponen en juego.
1 Hugo Alconada Mon, “Fincen Files: una nueva filtración con enseñanzas para América Latina”. The New York Times, 14 de octubre de 2020. https://www.nytimes.com/es/2020/10/14/espanol/opinion/fincen-files-argentina-mexico.html
2 La autoregulación regulada es descripta por como “un intervencionismo a distancia basado en la cooperación entre los poderes públicos, sujetos regulados y otros agentes sociales (sindicatos, ONGs…) con el fin no sólo de generar o perfilar normas de comportamiento, sino también encargarse de su enforcement” (Nieto, Adán. “Responsabilidad social, gobierno corporativo y autoregulación: sus influencias en el derecho penal de la empresa”. Política Criminal N° 5, 2008, A3-5, pp. 1-18)
3 RUA, Magdalena: Fuga de Capitales IX. El rol de los Bancos Internacionales y el “Caso HSBC”, Ediciones Z, Buenos Aires, 2017.
4 Causa Judicial Nº 19.888/2009 “BNP Paribas s/ encubrimiento”.
5 Emilia Delfino, “EE.UU. puso la mira en financieras que movieron millones durante el cepo”. Diario Perfil, 25 de septiembre de 2020. https://www.perfil.com/noticias/politica/eeuu-puso-la-mira-en-financieras-que-movieron-millones-durante-el-cepo.phtml