El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) expresa su rechazo ante la reciente decisión del Poder Ejecutivo de designar a la Jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia como responsable de la “Unidad Transitoria de Investigación” del caso conocido como "Libra Gate". Dejar cualquier tarea de investigación, así se la llame "recopilación de la información", a cargo de una funcionaria directamente dependiente del Presidente implicado en la causa, genera un conflicto de intereses y vulnera los principios de independencia y objetividad que deben regir toda investigación sobre hechos de corrupción.
El Decreto 114/2025 asigna a la Unidad amplias facultades de investigación, que exceden incluso la órbita del propio Poder Ejecutivo Nacional, y abarcan tareas como impulsar pedidos de información a organismos provinciales y a Estados extranjeros o convocar a funcionarios. Esas tareas son competencia exclusiva del Ministerio Público Fiscal, como órgano autónomo de investigación, y no pueden ser asumidas por el Poder Ejecutivo, menos aún en un caso de corrupción que involucra al Presidente.
La injerencia directa del Presidente de la Nación genera un riesgo directo de encubrimiento e impunidad. Esto se agrava en el actual contexto de debilitamiento de los controles institucionales, marcado por la reciente designación de jueces de la Corte Suprema por vía de decreto y por el control directo del Ejecutivo sobre los organismos de fiscalización y supervisión. Estas acciones ponen en jaque la separación de poderes, erosionan los mecanismos democráticos de rendición de cuentas y crean condiciones especiales de exposición a negociados ilegales en el manejo de los recursos públicos.
Desde el CIPCE llamamos a:
1) La inmediata disolución de la “Unidad Transitoria de la Investigación”, para evitar el conflicto de intereses y reducir el riesgo de obstaculización de la investigación; y la conformación de una unidad de investigación ad hoc, compuesta por organizaciones de la sociedad civil y expertos/as en la materia a los efectos de garantizar la transparencia y celeridad de la investigación.
2) Que el Ministerio Público Fiscal garantice una investigación eficaz y expedita a los fines de determinar la responsabilidad penal del Presidente por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. La fiscalía debe evitar las típicas maniobras de Comodoro Py de sobre-complejización orientadas a dilatar eternamente las investigaciones.
3) La urgente reforma del sistema de organismos de control, con el objetivo de garantizar su autonomía e independencia y asegurar que las investigaciones sobre corrupción se lleven a cabo con objetividad y rigor técnico, como establece el Decreto 54/2019
4) La pronta implementación del sistema acusatorio federal en Comodoro Py y la creación de un sistema de investigaciones de causas complejas, como condiciones necesarias para una persecución penal eficaz y transparente de la corrupción y la criminalidad económica.
Exigimos un compromiso real y efectivo con la transparencia y la justicia. La ciudadanía no puede seguir siendo testigo de decisiones que comprometen la integridad de las instituciones democráticas y la lucha contra la corrupción.