El caso López y los desafíos urgentes para recuperar el dinero ilícito.
El caso López reafirma la necesidad de discutir qué hace y qué debería hacer el Estado argentino con el dinero ilícito que mueven la corrupción y los delitos económicos.
Un primer punto se vincula a la administración de los bienes durante la investigación, cuando la persona investigada sigue siendo su propietaria. El sistema de administración actual es poco profesional, ineficiente, falto de transparencia y funcional a la corrupción. Nos urge diseñar un sistema que pueda responder al desafío de administrar una enorme cantidad de bienes, desde dinero hasta inmuebles, autos y campos.
Una segunda cuestión es avanzar sobre una mejor legislación y aplicación del decomiso previo a la condena. Esto es, que en el momento en que pueda demostrarse el origen ilícito del bien, el Estado ya esté en condiciones de pasar a ser el dueño de ese activo. La idea tradicional del decomiso que depende de una condena previa ha mostrado pésimos resultados. No solo es incoherente, sino que no se aplica prácticamente nunca por razones obvias: causas que duran años, sin alcanzar condenas significativas, y con prescripciones frecuentes.
Finalmente, debemos cambiar el destino de los bienes. Es lamentable que las pocas veces que se recupera dinero eso termine en los fondos de la Corte Suprema, con pocos controles y sin rendición de cuentas. Todos los poderes deben impulsar el destino social de los bienes recuperados, aplicándolos a políticas públicas que permitan reparar el daño causado por estos delitos. El Estado no está brindando soluciones satisfactorias para la sociedad, y el caso de María Julia Alsogaray fue uno de los ejemplos más significativos de eso: una de las pocas veces que logran recuperarse varios millones de pesos, la Corte Suprema se niega a darles una finalidad social.
Además de las discusiones sobre el recupero de activos, este caso remarca la importancia de enfocarnos en otras dos cuestiones fundamentales. Por un lado, debemos dar una discusión profunda sobre el financiamiento de la política y todas las actividades criminales que giran en torno a esto. Por otra parte, debemos revisar integralmente el mercado de la obra pública, bajo la idea de que nunca se trata de un caso de corrupción aislado sino de un fenómeno de cooptación del Estado por actores económicos.
Les dejamos una nota publicada por el CIPCE en Perfil, donde tratamos algunos de estos puntos.