El CIPCE presenta un informe sobre la Oficina Anticorrupción, analizando su actuación durante sus primeros 12 años de existencia.
Hoy, el CIPCE difundió un informe donde analiza el desempeño de la Oficina Anticorrupción (OA) en sus primeros 12 años de existencia, desde su creación por ley en el 2000 hasta el año pasado (2012). El documento puede consultarse haciendo click aquí.
La investigación del CIPCE fue finalizada hace un año, y fue hecha principalmente en base a los informes oficiales producidos por la OA hasta ese momento: desde el primero en el 2000, hasta el informe del primer semestre de 2012. Apenas concluida, fue presentada ante la OA, pidiéndoles una reunión en la cual se les explicara el diagnóstico realizado y las deficiencias detectadas, para discutir cómo corregir estas falencias y mejorar las capacidades del Estado argentino para prevenir y perseguir la corrupción. Considerando que ha transcurrido más de un año y esta reunión nunca fue concedida, en el día de hoy se reiteró formalmente el pedido y se difundió públicamente el informe de investigación.
Agustín Carrara, Director Ejecutivo del CIPCE, señaló que “el plan de acción de la OA fue diseñado en 2001 y no fue revisado en los 11 años posteriores. En todo este tiempo, el organismo no ha elaborado un mapa de la corrupción ni ha implementado de forma sistemática políticas de recupero patrimonial por delitos cometidos contra el Estado”. Sumado a esto, aún se desconoce en Argentina el monto total del perjuicio contra el patrimonio público por hechos de corrupción, y -a la fecha de conclusión del presente informe- la OA había logrado una sola condena en las causas en las que ha intervenido como querellante.
Silvina Vescovi, Coordinadora del Programa de Transparencia y Anticorrupción del CIPCE, indicó que “el informe demuestra también que la OA no trabaja en forma conjunta con los demás organismos de control del Estado Nacional: en 12 años solo celebró convenios con 11 organismos públicos (cuyos resultados se desconocen), y no tiene acceso a varias de las bases de datos y de información patrimonial más importantes”. Por otra parte, desde que ha comenzado a funcionar la Oficina Anticorrupción no se demostró que hayan disminuido los delitos que afectan el erario público.