Coimas en el Senado: el jueves 17 comienzan los alegatos de las defensas
La causa N° 857/07, caratulada "Cantarero, Emilio Marcelo y otros s/ cohecho", en la que se investiga el presunto pago de sobornos durante abril del año 2000 para lograr la aprobación de la ley 25.250 de reforma laboral, radica en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de la Capital.
La fiscalía de juicio realizó su alegato la semana pasada, en el que solicitó 6 años de prisión para el ex presidente Fernando De la Rúa, Fernando de Santibañes, ex Secretario de Inteligencia de Estado, y para Augusto Alasino, Alberto Tell y Remo Constanzo, ex Senadores Nacionales; un año y seis meses de prisión en suspenso para Mario Pontaquarto, ex-Secretario Parlamentario del Senado de la Nación y la absolución de Mario Alberto Flamarique, ex Ministro de Trabajo de la Nación y Ricardo Alberto Branda, ex Senador Nacional – respecto del ex senador Emilio Marcelo Cantarero el proceso se encuentra suspendido por cuestiones de salud-.
La fiscal del juicio Sabrina Namer, en una nota publicada en www.fiscales.gob.ar hizo referencia a una serie de dificultades que tuvo que enfrentar la fiscalía ante un caso tan complejo, ya que en este caso se trata de un poder del Estado que habría sobornado a otro poder del Estado, cuando según las propias palabras de la fiscal, todo el sistema está preparado para que un particular o una empresa paguen una coima para que el Estado o un funcionario público haga algo o deje de hacer algo.
En cuanto al cumplimiento de las garantías procesales respecto de la declaración de Pontaquarto, que por un lado se autoincriminaba pero al mismo tiempo su relato era prueba contra los otros imputados, Namer dijo que la estrategia fue investigar más allá de los dichos de Pontaquarto y obtener pruebas que no sean dependientes solamente de ese relato. Una de esas pruebas la constituyó el pedido de información telefónica con celdas de identificación que realizó en instrucción, ya que esas celdas permiten saber en que lugar físicamente se encuentran las personas que realizan o reciben un llamado y se pudo reconstruir la historia según los datos que mostraban las antenas.
El Tribunal compuesto por los jueces Guillermo Gordo, Miguel Pons y Fernando Ramírez comenzará a escuchar los alegatos de las defensas el jueves 17 de octubre, que el sitio CIJ TV va a transmitir en vivo.
La operación, según la resolución del 1 de agosto de 2005 dictada por el Juez Daniel Rafecas, “involucró la malversación de $ 5.000.000 de las arcas públicas, originariamente destinados a gastos reservados (cfr. decreto ley “S” 5315/56) en el ámbito de la Secretaría de Inteligencia de la Nación, a cargo de Fernando de Santibañes, cuyo destino habría de ser desviado ilícitamente, por orden de éste, casi en su totalidad para cohechar a los conductores del bloque PJ del Senado ($ 4.300.000) y el saldo de $ 700.000, para “retribuir” al menos a uno de los principales negociadores oficialistas, José Genoud. La salida ilícita de estos caudales malversados fue justificada con el devenir de los meses posteriores, a través de simples actas rubricadas por De Santibañes, por una larga cadena de supuestas operaciones especiales y otros rubros no auditables; y fue luego cubierta merced a un fuerte refuerzo presupuestario que recibió la SIDE de $ 30.000.000 el 14 de julio de 2000, a través del decreto secreto 569/00.”
Rafecas en 2005 comunicó lo resuelto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, para que a través del Procurador del Tesoro de la Nación y del Cuerpo de Abogados del Estado, se promuevan las acciones judiciales tendientes a lograr la restitución del dinero robado al Estado.
Ahora, pasados 8 años de esa resolución, nadie marca la importancia de recuperar ese dinero, cuando es necesario tener conciencia de que es tan importante obtener condenas por estos hechos dañinos para la sociedad como también llevar adelante las medidas tendientes a lograr que esos activos regresen al patrimonio estatal.