Delitos financieros: ¿por qué no hay “arrepentidos” en Argentina?

A pesar de que las fortunas argentinas son una constante ante cada nuevo caso mundial de lavado de dinero, a nivel local las causas no avanzan. ¿Qué es la figura de “informante interno”?

Cuando a mediados de junio Hernán Arbizu, ex vicepresidente de la banca JP Morgan para la región, viajó hacia Estados Unidos, donde enfrenta cargos por fraude bancario y robo de identidad agravado, dejaba atrás 8 años en los que las dos causas que se iniciaron por lavado de dinero de las principales fortunas del país apenas si habían registrado algún movimiento.

A cargo de Banca Privada- unidad de negocios que se dedica a la administración de fortunas de grupos económicos y de familias- del JP Morgan durante casi una década, ya en 2008, en una entrevista realizada en el departamento de su abuela, en el microcentro porteño, Arbizu decía que “en Argentina no se investiga lo que denuncio porque la mayoría de los políticos tienen la plata afuera”. La causa por lavado y evasión ya se encontraba en manos del juez Sergio Torres. A pesar de que pasaron los años, se mantuvo en el cajón. Luego, un expediente conexo fue a parar al juzgado de Sebastián Casanello, quien, recién en 2013 lo llamó a declarar, pero luego todo quedó en el limbo.

Entre la llegada de Arbizu al país -escapando tras un fraude en una “cuenta del narcotráfico” en Paraguay- y su retorno a Estados Unidos, aparecieron los casos de Hervé Falciani y Stephanie Gibaud. Un denominador común: bancos poniendo sus estructuras para el lavado de dinero, entre otros, de argentinos.

Mientras una parte de las legislaciones de Occidente avanza en la creación de la figura de informante interno (whistleblower) -e incluso se bonifican los aportes de información sustancial-, en Argentina, quien se anime a revelar ilegalidades de este tipo se expone a un enorme riesgo.

El especialista Mateo Bermejo, coordinador de la Maestría en Derecho Penal y Ciencias Penales de la Universidad Nacional de Cuyo, explicó que “habría sido Ralph Nader quien propuso por primera vez, en 1970, que el whistleblowing fuera utilizado como un medio de controlar las infracciones legales de las empresas y la administración pública”.

Luego de citar el caso Commerzbank en Alemania y Enron y World Com en los Estados Unidos, donde los informantes internos cumplieron un rol clave en el descubrimiento de los delitos cometidos por las empresas y sus directivos, Bermejo puso como ejemplo la ley británica Public Interest Disclosure Act (1998) y la estadounidense Sarbanes Oxley Act (2002), en cuyos articulados se incorporaron formas de protección a quienes exponen las irregularidades cometidas por las empresas. En ese sentido, concluyó: “Si los incentivos legales no son los adecuados existen buenas razones prudenciales para que los individuos eviten los riesgos que supone reportar irregularidades”.

Argentina no es cualquier lugar. Alcanza con reseñar los tres casos mencionados, los cuales irrumpieron en apenas un lustro. Arbizu se radicó en el país en 2008 tras falsificar la firma de uno de sus clientes para pasar el dinero de su cuenta a la de un narco paraguayo. En ese momento, con una vasta información a cuestas llegó a Argentina después de trabajar en el Citibank, Deutsche Bank, Bank Boston, Unión de Bancos Suizos (UBS) y, finalmente, JP Morgan.

Instalado en el país, el chaqueño denunció las distintas formas que los bancos ofrecían a las fortunas más importantes de la región para evadir impuestos y lavar dinero. Sus clientes debían contar con un mínimo de 25 millones de dólares de liquidez, lo que hace un patrimonio de alrededor de 100 millones de dólares. En 2013, aportó una lista de 500 nombres con sus respectivas cuentas, entre quienes aparecían accionistas del Grupo Clarín, Carlos Pedro Baquier, Carlos Bulgheroni, las familias Constantini y Bemberg, etcétera.

En ese mismo 2008, la francesa Stephanie Gibaud, directora de Comunicaciones y Ceremonial de UBS, comenzó a archivar las fichas de miles de clientes que evadían impuestos. Había entre 3000 y 4000 cuentas de argentinos, presuntamente no registradas en el país, las cuales estaban radicadas en UBS de París y Ginebra. Hostigada por el banco y los servicios de inteligencia, en 2014 publicó el libro titulado: “La mujer que sabía verdaderamente demasiado. Los entretelones de la evasión fiscal en Suiza”.

Luego de reunir, desde 2006, 130 mil cuentas que el HSBC administraba en Suiza, el ingeniero tecnológico ítalo-francés Hervé Falciani fue detenido en 2008 por las autoridades helvéticas. Recluido en Francia, antes de instalarse en España, se dio a conocer la “lista Falciani”, donde entre los miles de nombres aparecen 4040 cuentas no declaradas de argentinos. Una de las consecuencias locales fue el desplazamiento de Gabriel Martino, presidente del HSBC Argentina, por parte del Banco Central. Precisamente, la Resolución Nº259 subrayaba que Martino “no dirigió las acciones necesarias para mitigar y abordar adecuadamente el riesgo de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo". Casi sin que avance la causa en manos de la jueza María Verónica Straccia, Martino reasumió a fines de abril de este año.

Como para que quede claro en qué dirección corre el gobierno nacional, Macri puso al frente de la Unidad de Información Financiera a los abogados Mariano Federici y María Talerico. El primero, formado en la Universidad Católica, hasta su nombramiento se desempeñaba en el Fondo Monetario Internacional. En tanto que la segunda proviene del HSBC, eje de la denuncia de Falciani.

Desde el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) impugnaron ambos nombramientos, ya que los dos funcionarios hasta asumir se habían desempeñado como “defensores de personas y empresas investigadas por lavado de activos. La mayoría de estos profesionales se agrupan en torno a la figura del abogado Juan Félix Marteau, cuyo estudio jurídico se dedica precisamente al asesoramiento y defensa de presuntos lavadores”.

Según el director ejecutivo de Cipce, Agustín Carrara, “en la legislación penal hay legislación de fondo, o sea los delitos financieros concretamente. La de forma, o sea la Ley Procesal Penal, que dice cómo se hace la investigación y el juicio; y algunas cuestiones generales que no son sólo para esos delitos, como el decomiso de los bienes -el Estado pasa a ser propietario de las ganancias ilícitas-; y la legislación administrativa, que es la que varía con mayor facilidad, ya que son las normas de los organismos de control como el Banco Central, que muchas veces regulan cuestiones generales del ámbito económico y no están pensando en delitos.”

Carrara agrega que “como este tipo de delitos se dan en forma de mercado, que generan estructuras como de una economía sólo que en este caso delictiva, estos mercados criminales se relacionan con mercados informales y legales, la regulación que hagas del mercado legal incide en el mercado criminal. Un ejemplo muy claro es la regulación que pueda hacer el Banco Central del control de cambios, fugas de capitales, exportaciones e importaciones, etcétera.

El referente del Cipce ve un problema en el Código Procesal Penal, es decir no tanto en la legislación “dura” sobre esos delitos, sino en las formas en que se investiga, lo que en definitiva influye sobre la legislación de fondo. “La legislación penal de fondo fue mejorada en 2011 con la Ley de Delitos Financieros y Bursátiles. En lo que sí hay problemas es en la de forma, por lo que venimos pidiendo una reforma procesal penal. Por ejemplo, en Comodoro Py funciona todo escrito. Es un sistema muy lento, muy secreto, opaco y que funciona de espaldas a la sociedad. Concretamente, no sólo impide investigaciones eficientes y un juicio rápido, sino que también permite el desarrollo de todas las prácticas oscuras que están detrás, como el cajoneo de causas. Por eso, pedimos que se implemente el nuevo Código Procesal Penal de la Nación”, sintetiza Carrara.

En cuanto a lo penal, en lo que tiene que ver con una generalidad de delitos, que no sólo tiene que ver con lo financiero, en lo referente al decomiso, se está discutiendo la ley general de dominio. Es importante avanzar hacia formas de decomiso sin condena, donde se pueda recuperar bienes cuando ya se puede probar que estas ganancias son ilícitas por más que todavía no haya condena. Lo ideal es que esos bienes recuperados tengan un destino dentro de las políticas públicas concretas, visibles y transparentes para toda la sociedad, y no como hoy en día que se lo suele quedar todo la Corte Suprema.

¿Cuál es su opinión sobre el caso de Hernán Arbizu?

Nosotros nos presentamos en la causa del JP Morgan, pidiendo acceder al expediente como un tercero con un interés legítimo. La idea era ver qué y cómo se estaba investigando. Nunca nos admitieron. Por esto, la información que manejo es a partir de lo que se conoce por los medios de comunicación. Como reflexión más general de una serie de casos, la principal razón por la que no se avanza es la falta de voluntad política de los distintos actores involucrados. A su vez, esta falta de voluntad política está condicionada porque el delito económico no está cometido por algún funcionario falto de ética, sino por algunos de los principales actores económicos a nivel mundial y que por ende tienen la posibilidad de ejercer una cuota de poder enorme. Hay un informe del Centro Politécnico de Zurich que dice que el JP Morgan es la sexta corporación con mayor capacidad de influencia en el mundo. Eso no es un dato menor a la hora que jueces y fiscales decidan si avanzan o no. A eso se suma la falta de recursos, de capacitación, etcétera.

¿Qué opina sobre la posibilidad de crear figuras como el informante interno (whistleblower)?

Hace poco se dio la discusión con un proyecto que presentó el Poder Ejecutivo sobre técnicas especiales de investigación, donde regulaban la figura de informante, pero en realidad era el buchón de la policía. Es también un problema de voluntad política el querer regularlo, porque en la actualidad con el desarrollo que hay de la tecnología de la comunicación si un legislador quiere hacer las cosas bien rápidamente accede a modelos de legislación de otros países. La información está, la cuestión es si se quiere aplicar o no. Pensar que el crimen organizado sólo pasa por el mercado de la droga por ejemplo, es un error. Ya que el buchón de la policía va a aportar absolutamente nada sobre formas de delincuencia empresarial, que en definitiva son formas de criminalidad organizada. Creemos que es muy importante que se regule esta figura.

¿Cómo analizaron, desde Cipce, la reciente Ley de Blanqueo?

Siempre, en leyes como ésta se pueden discutir muchos puntos: qué delitos se están perdonando y cuáles no; qué infracciones administrativas se están perdonando y cuáles no; qué impuestos se cobran para declarar esos bienes; si hay que obligar a las personas a invertir el dinero en algo en particular, los plazos, etcétera. En el fondo, cualquier ley de blanqueo, la actual y las del gobierno anterior, evidencia que hubo algo que falló. Porque si los controles hubieran funcionado bien, no tendríamos hoy, como se calcula, 400 mil millones de dólares riqueza de argentinos offshore. Todas esas violaciones a las leyes Penal Tributaria, Penal Cambiaria y la de prevención de lavado de dinero, no debería haber ocurrido.

En cuanto a las críticas a esta ley, en lo concerniente a la persecución del delito financiero el traslado de la Unidad de Información Financiera (UIF), que se incluyó a último momento, es algo consistente con lo que venía ocurriendo con la UIF, que estaba siendo cooptada por las personas que defendían a los investigados por lavado. Se dio la designación de un titular con conflicto de intereses, despidos masivos y recorte de funciones. El traslado de la UIF se dio con argumentos engañosos, como que las prácticas internacionales sugieren que sea así, cuando no es cierto, porque hay muchos modelos de UIF.

La ley, además, tiene una regulación muy confusa y bastante mala sobre cómo queda funcionando el sistema de prevención de lavado de dinero, porque dicen que el Estado mantiene la capacidad de controlar, pero al mismo tiempo a la UIF le impide informar a la justicia cuestiones cuando la información provenga de este programa de blanqueo. No se puede informar ni quién es la persona investigada ni quién aporta la información. Entonces no se entiende qué es lo que se puede informar. Una crítica desde lo económico es que permite que el dinero se quede fuera del país.

Según las apreciaciones de especialistas como Carrara y el Cipce, tanto la figura del “informante interno” como los propios procedimientos institucionales y judiciales para investigar delitos financieros tienen “fallas” de origen que hacen que el procesamiento, el juicio y la condena para quienes roban fortunas (provocando, entre otras cosas, el desfinanciamiento estatal y el ajuste sobre las mayorías trabajadoras) se transforme casi en un imposible. A no ser que se produzcan, como se suele ver, pujas entre poderosos que derivan en causas judiciales donde algunos pocos caídos en desgracia terminan perdiendo.

En última instancia, el andamiaje jurídico e institucional termina siendo todo lo funcional posible a los negocios (legales e ilegales) de las minorías que se apropian de la riqueza social y no de las mayorías.