Por Pedro Biscay - Comité Directivo Cipce.
Por estos días somos testigos de un nuevo escándalo de corrupción que golpea en el corazón de la democracia y vuelve a poner en tela de juicio el funcionamiento de la política como instrumento de transformación social. La imagen del yate en la que se ve a un ex intendente dandoseuna vida de lujo y despilfarro no puede normalizarse ni calificarse como un simple yerro moral. Se trata de una imagen obscena para un país donde la pobreza se encamina al 60% y no es más que el reflejo de un sistema de corrupción que permanece intacto y se reproduce en los acuerdos espurios que se tejen entre diferentes sectores de la política y el empresariado. El tema es más grave aún sí se toma nota de otros elementos que se desprenden de un somero análisis de la información que se conoce del caso: de ser cierto que en medio de acuerdos de divorcio se manejaron cifran cercanas de los 20 millones de dólares, sería factible afirmar -al menos como hipótesis- el aceitado vínculo con negocios ilícitos desde larga data y la presencia del crimen organizado en el financiamiento de la política argentina.
Estos dos enunciados son expresiones concretas del modo que se está haciendo política en el país y, la ausencia de una impugnación radical sobre este modelo instala cada vez más una cultura de aceptación, tolerancia y naturalización de la corrupción, que es peligrosa para la calidad democrática, la vigencia de la justicia y el aseguramiento de condiciones mínimas de paz, equidad y dignidad. Afirmar esta hipótesis tampoco es descabellado si se tiene presente que el 83% de la población mundial actualmente está expuesta o convive en contextos de criminalidad organizada, tal como acaba de establecer la iniciativa Global Iniciative Against Transnational Organized Crime. Tampoco si se tiene presente la realidad de violencia que hoy impera en diferentes jurisdicciones del país, en las que el narcotráfico va ganando dominio a nivel social e institucional.
Cómo parte de este sistema, deseo mencionar cinco elementos aglutinadores de los vínculos entre corrupción, política y criminalidad organizada.
1. El control sobre el financiamiento de la política sigue siendo una materia ausente en la agenda pública y poco se conoce sobre las fuentes de aportes dinerarios que los candidatos y fuerzas políticas reciben de manera corriente y en ocasión de realizar sus actos de propaganda electoral. No sabemos si estamos en una democracia financiada por el poder económico, por la mafia o por los afiliados a cada partido político. Cada vez que se conoce algún mínimo aspecto de este asunto, saltan a la vista grandes conchabos ligados al campo de las compras públicas y la cartelización de licitaciones en beneficios de los aportantes. Nada se conoce de la circulación de flujos ilícitos de capital pagados en efectivo y por fuera de todo registro estatal, aunque sí se conoce de casos concretos en los que el narcotráfico y la política han operado al unísono como parte de un mismo consorcio.
2. La ineficacia de los organismos de prevención y control sigue siendo uno de los aspectos más críticos desde este punto de vista. Sin embargo, la infiltración del crimen organizado en estructuras del estado y los pactos con la política, implican un desafío mayor en términos de reorganización institucional, puesto que la agenda de los próximos años en esta materia no sólo deberá centrarse en volverlos más eficientes, sino -sobre todo- en depurarlos y blindarlos frente a la cooptación de las mafias líquidas. Esto es especialmente importante en organismos como la UIF y el BCRA, que tienen funciones de fiscalización sobre flujos financieros ilícitos. Estas agencias no están tomando cartas en el asunto o lo hacen de forma incompleta, sobre la base de presupuestos que no se condicen con las prioridades que se necesita desarrollar en el país. No poner atención, por ejemplo, en la entrada y salida de capitales ilícitos a través de mesas de dinero que operan con activos digitales, o que compensan contra cuentas recaudadoras en el exterior, contribuye a permitir que la generación de rentas ilícitas asociadas a delitos de trata, contrabando, tráfico de personas, de drogas, evasión fiscal, etc., circule libremente y se valorice sin riesgo alguno de detección.
3. El fracaso del sistema de persecución de delitos federales es otro elemento para poner de relieve. La ausencia de condenas en materia de grandes casos de corrupción, la complicidad entre agentes judiciales y el narcotráfico, el manejo de sentencias y resoluciones digitadas por abogados y lobistas en tribunales, conformar un dispositivo que tiene la capacidad de brindar protección a las mafias que moldean el aparato estatal a su gusto. Sin un sistema de persecución basado en planificación penalestratégica, y sin jueces independientes, es imposible trazar un punto de inflexión que permita romper la triada corrupción – política – criminalidad organizada.
4. La gestión de los organismos públicos, ministerios, secretarías, direcciones y reparticiones de los tres poderes no alcanza niveles mínimos de transparencia. No es suficiente con publicar información a consecuencia de requerimientos ligados a pedidos de acceso a la información. Se necesita que cada oficina pública construya un modelo de transparencia y acceso a los datos de gobierno que sea sencillo de comprender, accesible, trazable en el tiempo y que facilita a la ciudadanía el control sobre los asuntos de gobierno y, sobre todo, el seguimiento del presupuesto.
5. Los regímenes de contratación de personal y manejo del gasto público son opacos y facilitan el manejo discrecional de recursos fiscales. Se debe hacer una auditoría de todos estos procesos que han sido utilizados como fuentes de generación de recursos basados en la malversación de caudales públicos sin ningún tipo de tapujos.
Este listado de factores es simplemente descriptivo, pero sirve para mostrar que detrás de cada escándalo de corrupción que emerge en la faz pública, existe un sistema aceitado de dineros ilícitos que comprometen la vida democrática haciendo de la política un simple negocio para un grupito de vivos, que bajo el ropaje del “compromiso con el pueblo” disfrazan sus ambiciones personales, postergando a generaciones enteras a vivir de limosas y concesiones clientelares. Re-impulsar el debate de no tolerancia a la corrupción es uno de los pocos caminos que quedan para enfrentar la crisis de la democracia.