Equipo de Investigaciones Feministas sobre el Poder Económico
En la madrugada del jueves 15 de noviembre se aprobó el presupuesto nacional para el año 2019. El rubro “servicios de la deuda pública” crece de manera alarmante, luego del acuerdo que el Gobierno cerró con el FMI. Junto con la deuda externa aumenta también la fuga de capitales. Y mientras tanto, se espera la cumbre del G20 en nuestro país. En un contexto de fortalecimiento de los feminismos, algunas preguntas cobran cada vez mayor relevancia: ¿por qué la conjugación de estos y otros acontecimientos reproducen las desigualdades de géneros? ¿Qué relación existe entre la corrupción, la criminalidad económica, el capitalismo y el patriarcado?
Hace 15 años se creó el CIPCE (Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica). Desde este espacio siempre hemos sostenido que la corrupción es una de las caras de un fenómeno más abarcativo: la criminalidad económica. Esta acumulación y concentración criminal de la riqueza no es exclusiva del Poder Político, sino que el Poder Económico cumple un rol fundamental. Los sobornos para ganar contratos, los vaciamientos fraudulentos de bancos, la evasión y elusión de impuestos, el lavado de activos y la cartelización del empresariado –entre otros delitos– tienen una consecuencia en común: el daño social que generan.
Hoy, el impulso de los movimientos feministas ha llevado a la creación del “Equipo de Investigaciones Feministas sobre el Poder Económico” del CIPCE. Dentro del mismo buscamos analizar cómo la criminalidad económica genera impactos diferenciados en las mujeres y las poblaciones feminizadas. El daño social de la delincuencia económica nos impacta a todes, pero recae con mayor crueldad sobre ciertos cuerpos.
1. Feminización de la pobreza
Tomamos la feminización de la pobreza como uno de nuestros puntos de partida. Como explican Rosa Cobo y Luisa Posada, desde los feminismos se utiliza esta expresión para connotar “el creciente empobrecimiento material de las mujeres, el empeoramiento de sus condiciones de vida y la vulneración de sus derechos fundamentales [...]”. Se trata de un hecho verificable y reconocido mundialmente como preocupación tras la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de la ONU (Beijing, 1995), en la cual se afirmó que el 70% de los pobres del mundo eran mujeres. Esto tiene su raíz en la subordinación social, política y económica que sufren las mujeres y los cuerpos feminizados en relación a los varones cis blancos heterosexuales.
El sistema capitalista se monta en una división sexual del trabajo, que valora socialmente actividades asociadas con lo “masculino” e infravalora otras asociadas con lo “femenino”. Esto da lugar a una esfera de trabajo “no pago”, también llamada de trabajo “reproductivo”, que refiere a las tareas domésticas y de cuidado y mantenimiento de la fuerza de trabajo. Se trata de servicios vitales para el sistema capitalista y realizados en su mayoría por las mujeres.
En este contexto, las mujeres se ven desigualmente afectadas en la distribución de horas de trabajo no pago y acceso al mercado laboral. Esto repercute sobre la distribución del ingreso y la carga y persistencia de la pobreza. Según el Indec, en Argentina las mujeres destinan 5.7 horas diarias al trabajo reproductivo “no pago”, mientras que los varones destinan solo 2 horas. De acuerdo un informe de Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) de la Secretaría de Desarrollo Social, para el III Trimestre de 2017 en Argentina la tasa de actividad de los varones fue del 70%, mientras que para las mujeres del 48%; a su vez, la tasa de desempleo para las mujeres fue de casi el 10%, mientras que el desempleo en los varones se mantuvo en 7%.
Asimismo, se verifica una mayor participación de las mujeres en empleos precarizados (de tiempo parcial, sin seguridad social, de menor remuneración). De acuerdo un informe publicado por Economía Femini(s)ta hay 36% de trabajadoras mujeres no registradas, contra 31% de trabajadores varones no registrados. Todas estas variables hacen que la brecha de ingresos entre varones y mujeres esté cerca del 28% en nuestro país.
2- El presupuesto
La política de ajuste que evidencia el presupuesto nacional para el 2019 tiene como correlato un fuerte impacto en los derechos de mujeres, lesbianas, travestis y trans.
Los recortes a las pensiones, la reforma al sistema previsional, la reducción del gasto público y el anuncio de una recesión nos muestran cómo hubo un claro cambio en las políticas públicas, con un país que se ordena bajo las lógicas del capital financiero.
En este sentido, si nos ponemos las lentes feministas, vemos que en el presupuesto presentado para el 2019 se recortan los fondos destinados a cuestiones de género, respondiendo con los compromisos asumidos por el gobierno con el FMI, entre los que se encuentran metas como el de déficit 0. Un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela que si se compara el total de programas que contienen políticas de género del 2019 y 2018, el ajuste en términos reales en este campo es de diecinueve por ciento (19%).
De un informe publicado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) surge del presupuesto que al INAM se le adjudicará para el 2019 un total de $234.394.881. Si bien esto representa un 11% de aumento en términos nominales, teniendo en cuenta el promedio de inflación empleado por el propio Poder Ejecutivo en la elaboración del presupuesto (34,8%), esto implica una caída del 18% en términos reales en relación al año anterior.
Otros números del informe que marcan la misma tendencia, son los siguientes:
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Se prevé $32.099.395 para la implementación Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Esto implica una reducción en términos nominales del 39%, mientras que en términos reales implica una pérdida del 55%.
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Las Líneas 137 y 0800-222-1717 a cargo del Ministerio de Justicia de la Nación contarán en el 2019 con $301.790.243 pesos. En términos nominales es apenas un 2% de aumento, mientras que en términos reales implica una pérdida de 24%.
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En 2019 el Programa Hacemos Futuro Juntas (anteriormente Ellas Hacen) tendrá $3.658.695.500 pesos. En términos nominales representa una pérdida de un 24% mientras que en términos reales implica una pérdida del 44%.
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El acceso, permanencia y aumento de la participación laboral es un punto clave para saldar la brecha salarial y autonomía económica de las mujeres, sin embargo, el monto otorgado a la Secretaría de Trabajo para “entender la igualdad de oportunidades y de trato entre hombre y mujeres en el acceso al empleo y en el trabajo” es de $1.156.183
Otro dato preocupante que se desprende del presupuesto, sostienen desde ELA, es el hecho de que los gastos destinados a pagar deudas del Estado equivale a la suma de las partidas asignadas para 2019 a 5 Ministerios: Justicia y Derechos Humanos; Producción y Trabajo; Defensa; Seguridad, y el de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
3- La fuga
El Gobierno ha decidido llevar adelante un plan de apertura financiera, a través de una desregulación cambiaria con efectos preocupantes. La eliminación de controles a los flujos de capital favorece negocios financieros a costa de mayor inestabilidad y fragilidad financiera. Las finanzas, en su voracidad, desean librarse de cualquier límite o control que se les imponga.
Algunos ejemplos son la desregulación de la compra de moneda extranjera para atesoramiento y turismo, la eliminación del plazo máximo de tiempo para liquidar divisas por exportación (que regía desde el 2001) y la eliminación del techo máximo de tenencia de moneda extranjera para cualquier fin. Estas medidas se implementaron con el objetivo de “atraer inversiones”. Sin embargo, las inversiones no llegaron. Lo que sí llegaron fueron cifras récord de fuga de capitales y un aumento acelerado de toma de deuda externa para sostener la fuga incrementada.
En relación específicamente al sistema bancario, podemos obtener datos oficiales relacionados a la fuga de capitales a partir del informe mensual que publica el Banco Central de la República Argentina sobre la evolución del mercado cambiario y el balance cambiario.
El Observatorio de Deuda Externa de UMET presentó su 13° informe el 18 de septiembre de 2018 en el que hace referencia que tomando como fuente los datos publicados por el BCRA en el período diciembre de 2015 a julio de 2018, se fugaron en concepto de la formación de activos externos de residentes - esto es la compra de dólares por parte de personas físicas y jurídicas que viven en Argentina -Utilidades, Dividendos y Otras Rentas, y Turismo por un monto de USD 81.399 millones. Si se tienen en cuenta los intereses de la deuda, agrega el Observatorio, en ese período el monto total se eleva a USD 108.352 millones.
Así, si tenemos en cuenta los datos publicados por el BCRA en relación a los meses de agosto y septiembre por esos conceptos, nos encontramos que la fuga asciende a un total de USD 122.145 millones desde diciembre de 2015 a la actualidad.
4- La deuda
Al mismo tiempo que se fugaban todos estos activos, el Gobierno ampliaba la deuda. En el mes de junio la Argentina solicitó un nuevo préstamo al FMI. Y éste accedió a prestarle U$S57.100 millones.
Este acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el Fondo tiene como condición la reducción de gastos primarios, esto es, las jubilaciones, los subsidios de energía y transporte, salarios y bienes y servicios, entre otros. Esto implica una grave afectación a los derechos de la población, a cambio del crédito.
Las emisiones de deuda del Tesoro Nacional en moneda local y extranjera, y de las Provincias y el Sector Corporativo en moneda extranjera suman desde inicios de la gestión de Cambiemos unos USD 128.830 millones. De allí, el 80,6% corresponden a colocaciones en moneda extranjera y el 80,2% (USD 103.328 millones) corresponden a emisiones del Tesoro Nacional.
Si se agregan los USD 15.000 millones del primer desembolso del préstamo stand by con el FMI, el total de la deuda asciende a USD 143.830 millones, según el Observatorio de la Deuda Argentina de la UMET.
5- La criminalidad económica
Hasta aquí hemos visto que patriarcado y capitalismo van indefectiblemente de la mano y que la feminización de la pobreza es la condición de posibilidad para la reproducción social y económica del sistema. Ahora bien, ¿qué sucede cuando sumamos el factor invisibilizado: la criminalidad económica? Un análisis más abarcativo nos permite entender que la criminalidad económica también funciona bajo una lógica patriarcal que explota, profundiza y se monta en las divisiones sociales (de poder) de género(s).
El vínculo entre las desigualdades de género(s) y la criminalidad económica se puede abordar desde varios ángulos. Uno de ellos lo configura el lavado de activos. Las maniobras de lavado permiten que las ganancias generadas por cualquier delito sean introducidas en la economía formal, dándoles apariencia de licitud.
Algunos mercados criminales se basan en las desigualdades de géneros. Éste es el caso, por ejemplo, del mercado de trata y explotación sexual, donde las mujeres y niñas son las principales víctimas. Aquí, la lógica patriarcal origina este mercado, mientras que la criminalidad económica (a través del lavado de las ganancias) lo vuelve redituable y permite su expansión.
Al mismo tiempo, existen mercados que impactan con mayor fuerza sobre las desigualdades de géneros. Este es el caso del mercado de fabricación, tráfico y compraventa de armas de que entremezcla actividades lícitas e ilícitas. Según un informe preliminar de INECIP, publicado en diciembre de 2017, aproximadamente uno de cada cuatro femicidios se produce con armas de fuego.
A su vez, existe una industria offshore que gira en torno a los paraísos fiscales. Aquí se entremezclan lavado, fuga de capitales, evasión de impuestos y un gran catálogo de delitos. Este mercado de servicios offshore es manejado por una serie de facilitadores: estudios jurídicos y contables, firmas de auditoría y consultoría, bancos internacionales y locales, departamentos contables y jurídicos de las corporaciones transnacionales, entre otros.
El sistema financiero constituye uno de los principales canales de lavado de activos a nivel mundial. En este sentido, tanto el capitalismo como la criminalidad necesitan a las finanzas. A su vez, esta relación es recíproca: las finanzas también necesitan a la criminalidad. Los casos de grandes bancos recibiendo dinero de operaciones criminales no son descuidos ni casos aislados, sino reflejos de un determinado modelo de negocios.
El lavado transforma el poder de adquisición potencial de los activos ilícitos en un poder de adquisición efectivo (al disfrazar su verdadero origen). Muchos fenómenos criminales se desarrollan con una lógica mercantil, que exige poder utilizar esos activos en la economía formal. Estos fenómenos criminales, como vimos, se basan sobre las desigualdades de género(s) existentes y/o las explotan. En tanto el lavado permite que esas actividades sean redituables y esos mercados se expandan, puede observarse un punto de conexión entre criminalidad económica, patriarcado y capitalismo.
El escenario nos muestra que los actores del Poder Económico (que capturan institucionalmente al Estado) se benefician tanto de la criminalidad económica como de las estructuras económicas legales. El punto de partida sigue siendo el mismo sistema capitalista, que se sostiene y reproduce a partir del pacto de división sexual de los roles. Es en esta matriz que la criminalidad económica -en sus distintas expresiones- se basa en, reproduce y/o explota las desigualdades de género(s). Ciertas formas de acumulación y circulación del capital se vinculan a ciertas formas de violencia sobre ciertos cuerpos.
6- El Poder Económico gestionando el Estado
Una configuración específicamente grave de esta vinculación se da cuando el modo de gestión del Estado lleva al traspaso de actores del sector privado al público, para eventualmente regresar a aquél. Se trata del fenómeno conocido como “puerta giratoria”. En un Gobierno donde un tercio de los funcionarios ha ocupado alguna vez un puesto de alta o media/alta gerencia en diversas empresas (según datos del Observatorio de las elites de la UNSAM), lo que se genera –de mínima– es un problema estructural de conflictos de intereses.
Así, por ejemplo, Luis Caputo, ex Ministro de Finanzas y ex Presidente del Banco Central, en 2016 autorizó el giro de 450 millones de pesos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES al fondo de inversión Axis, del cual había sido fundador y presidente. Asimismo, el fondo Noctua, cuyo dueño indirecto es Caputo, suscribió al bono a 100 años emitido en junio de 2017 por él mismo cuando ocupaba el cargo de Ministro de Finanzas.
Otro caso paradigmático fue el del Presidente Mauricio Macri, que intentó condonar la deuda que Correo Argentino S.A. mantiene con el Estado Argentino desde fines de los 90. Esta empresa es una, sociedad de su familia y suya, a través de SOCMA S.A., SOCMA AMERICANA S.A., SIDECO S.A.
Del mismo modo, resulta preocupante que el Gobierno haya facilitado que familiares y allegados/as de funcionarios/as hayan blanqueado 132 millones de dólares. Aquí se incluyen Gianfranco Macri (hermano del Presidente), Alejandro Jaime Peña (primo de Marcos Peña, Jefe de Gabinete de Ministros), Nicolás Caputo (el mejor amigo del Presidente), Marcelo Mindlin (comprador de IECSA, empresa de la familia Macri), y el cuñado de Pablo Clusellas (secretario de legal y técnica).
¿Qué pasa cuando estos conflictos de intereses se trasladan a los organismos de control y supervisión? El caso de la Unidad de Información Financiera (UIF) brinda un claro ejemplo de los problemas que esto implica. Desde 2016, el principal organismo antilavado del país pasó a ser conducido por un equipo de personas que hasta el momento se habían desempeñado como defensores/as de personas y empresas investigadas por lavado de activos.
Con todo esto, podemos ver como los que otrora eran empresarios y que ahora devinieron en funcionarios de alto rango (presidente, ministros de economía, finanzas, titulares del Banco Central, entre otros) utilizan la estructura estatal para generar movimientos de entrada y salida de capitales, toma de deudas, realizan condonaciones impositivas, entre otros, en un marco de desregulación absoluta del sistema financiero y sin que el interés del Estado se pose sobre el origen y destino de dichos flujos. Y son aquellos que con sus empresas atraviesan tanto estructuras formales e informales, legales e ilegales generando más riquezas, con total impunidad.
CONCLUSIÓN
A partir de todo lo expuesto, podemos ver que ciertas formas de la criminalidad requieren la aplicación de nuevos mecanismos de disciplinamiento sobre los cuerpos feminizados, para poder acumular y concentrar las riquezas. Pero además se visibiliza que las prácticas económicas lícitas e ilícitas, se reproducen gracias a redes informales del Estado que garantizan que ciertas conductas serán perseguidas como delitos y otras no.
En este contexto de desregulación del sistema financiero, según las políticas económicas, monetarias y cambiarias incentivadas por el Gobierno Nacional, la especulación es la regla. Todo esto permite que los flujos de activos se mezclen y circulen, constantemente y con mayor facilidad, entre los mercados criminales, la economía informal y las actividades legales.
De esta forma, parte de estos flujos se encuentran por fuera del alcance de la estructura formalizada y productiva y las consecuencias repercuten directamente, y con mayor potencia, sobre los cuerpos feminizados. Que a su vez, resultan ser los más explotados, tanto en el ámbito de lo público como en lo privado: en sus trabajos, a la hora de pagar los servicios, cuando van al supermercado, cuando buscan asistencia en un banco y no pueden pagar los intereses que les generan las cuotas de un microcrédito, cuando tienen que vivir más integrantes de una familia en una misma casa, cuando hay que preparar una cena con lo poco que se encuentre para tirar en la olla o cuando una mujer se cansa de un marido violento y no tiene otro techo para romper ese vínculo. Las preguntas que hay que hacerse frente a estos sucesos son ¿Quiénes son las personas que más se endeudan, recargan más sus jornadas de trabajo (formal o informal), quedan expuestas a condiciones denigrantes y subyugantes cuando hay que sacar el dinero para sostener a una familia con bajos ingresos? ¿Quiénes son los sujetos sociales que bancan la reproducción del sistema de la financiarización y desregulación de la economía argentina?
Acá es donde encontramos la conexión que existe entre la feminización de la pobreza y los flujos ilícitos circulantes en una economía donde prima la especulación del capital financiero y los delitos económicos resuenan cada vez más en las cuestiones de cada día. A partir de estas preguntas es que empezamos trazar lazos para romper la inmunidad e impunidad de lo que se encuentra invisibilizado.
Queda evidenciado que tanto la estructura legal como la estructura criminal del sistema capitalista son inescindibles la una de la otra. En las mismas, interactúan los mismos actores (los miembros de las organizaciones criminales, los bancos, los empresarios, los funcionarios, etc) y replican los mismos mecanismos, pero además tienen en miras el mismo interés. La delincuencia económica tiene un rol fundamental en todo el circuito de movimiento de capitales y acumulación de riquezas, y tiene como consecuencias impactos desiguales sobre los géneros. Todo ello así, porque son parte de la misma estructura capitalista patriarcal que se basa en un pacto de división sexual, a partir del cual se establece que las poblaciones feminizadas se encargan de la reproducción social y los varones de producir para el mismo. Y esto es condición de posibilidad para que ambas caras del mismo sistema sigan funcionando.
Es por todo esto que resulta imprescindible visibilizar que la criminalidad económica es parte de la relación que se oculta en el par capitalismo-patriarcado y, en ese sentido, la perspectiva de género(s) resulta crucial para entender el fenómeno en toda su complejidad. Tanto desde el punto de vista de las consecuencias diferenciales de la criminalidad económica para varones y mujeres (y otros géneros feminizados) como para entender de qué forma la circulación ilícita de capitales configura violencias y se monta sobre desigualdades entre los existentes géneros.