Pedro M. Biscay, Comisión Directiva CIPCE
Durante estos días, se destapó un nuevo escándalo de corrupción vinculado con el mal manejo de fondos y recursos públicos. Está vez, el caso no toca a un intendente, ni un diputado, ni un ministro; apunta directo al ex Presidente de la Nación.
La trama de los hechos, que ahora se encuentran bajo investigación penal, se habría configurado con la generación de un mercado cautivo que tuvo su génesis en el Decreto 823/2021, que ordenó a la Administración Pública Nacional, los entes descentralizados, las Instituciones de Seguridad Social y otras reparticiones públicas la contratación por vía DIRECTA de la empresa NACIÓN SEGUROS S.A. para la generación de coberturas relativas a la administración de riesgos asociados a determinados activos, entre muchos otros el fondo de la ANSES para créditos a jubilados. Sobre la base de este decreto, se contrató a intermediarios que por la colocación de seguros intra-administración, generaban comisiones millonarias. La información que se conoce hasta aquí da cuenta de comisiones que promediaban el 18%, lo que arroja sumas millonarias en beneficio de privados.
La particularidad central de este caso reside en que mientras uno de los brokers era el marido de la secretaria privada del ex - Presidente, el otro sería amigo/cercano al entonces Presidente de la Cámara de Diputados y posteriormente Ministro de Economía y candidato a Presidente de la Nación. Estas cadenas de conexión íntimas entre la esfera pública y privada no sólo muestran el grado de captura regulatoria en el sentido clásico de construir un mercado a la medida del oferente del servicio, sino lo que es más complejo aún, revela que a lo largo de todo el aparato estatal se tejen redes de corrupción público-privada que saben cómo utilizar el instrumental técnico regulatorio de la administración para generar negocios ilícitos extraídos de los recursos públicos. De esta trama vive un amplio sector de la política (que ve allí una fuente ágil de financiamiento espurio) y del empresariado acostumbrado a generar ganancias altamente lucrativas.
Cuando sobre un proceso sistemático de captura estatal operan redes de corrupción sólidamente establecidas, la discusión sobre políticas y esfuerzos anti-corrupción en materia preventiva, requiere de un nivel de integración mayor con el diseño de políticas orientados a generar investigaciones basadas en modelos de inteligencia criminal de los que ni la Oficina Anticorrupción, ni la Sindicatura General de la Nación, ni la Unidad de Información Financiera, ni el Ministerio Público Fiscal, utilizan a efectos de disuadir / denunciar / perseguir estas conductas, que insisto, están ampliamente esparcidas en los tres niveles de la administración pública.
La ineficacia de la Oficina Anticorrupción para detectar a tiempo este tipo de casos de corrupción refleja un aspecto central de la debilidad de políticas anticorrupción en el país a la vez que da cuenta de la necesidad de un cambio urgente en el diseño institucional orientado a: 1. separarla de la órbita del Poder Ejecutivo y; 2. garantizar que la sociedad civil organizada ocupe un lugar preponderante en la dirección e investigación de eventuales conductas ilícitas.
El primer aspecto es una derivación elemental del grado de infiltración de mafias de diversa índole en el Estado Argentino. Lo segundo es consistente con el ideal de participación cívica en materia de rendición de cuentas, que fuera abandonado a medida del aumento del deterioro institucional del país.
Por otro lado, no escapa que el corazón de la maniobra bajo investigación posee aspectos financieros (mercado de seguros), lo cual habla también a las claras sobre el nulo papel que han jugado en estos años los organismos de supervisión financiera, empezando por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. A medida que el crimen organizado expande sus negocios hacia las más diversas áreas económicas, el segmento financiero ocupa un papel cada vez más relevante dado que por allí se canalizan operaciones transaccionales que, disfrazadas de apariencia legal, facilitan el reciclado de dineros originados en diversos delitos. La corrupción y el fraude al estado son dos fenómenos criminales compatibles con la lógica del lavado de dinero, por lo que se requiere de una revisión estructural del modo en que los reguladores financieros han cumplido con sus obligaciones en materia de Due Dilligence, análisis de riesgo y detección de fraudes.
Avanzar en un programa de reformas en esta materia hace también al establecimiento de las condiciones mínimas que hoy son necesarias para dotar de efectividad político criminal a todo el sistema de detección temprana de ilícitos de corrupción y delitos financieros complejos.
Los niveles de atraso en esta materia son preocupantes y requieren de acciones urgentes en al menos los siguientes ejes preventivos:
1. Emprender una reforma integral de los mecanismos de control y detección de los principales fenómenos criminales ligados al manejo de recursos públicos y financieros. Esto incluye a la OA, la UIF y los Supervisores del mercado financiero.
2. Desarrollo de herramientas protección a testigos y denunciantes en instituciones públicos y privados.
3. Elaboración de políticas ligadas al diseño de sistemas modernos de inteligencia criminal.
4. Impulso a la investigaciones independiente sobre las principales redes de corrupción que operan en el país.
5. Inversión en recursos y nuevas tecnologías orientadas a la identificación de riesgos de fraude.
6. Participación activa de la ciudadanía en el control de recursos presupuestarios y su planificación.
Estas son algunas medidas que deben tomarse para poner sobre la mesa nuevamente el conjunto de temas e iniciativas ligadas a la lucha contra el flagelo histórico de la corrupción y la impunidad en el país.