La fuga de capitales como política económica: a propósito de un informe del BCRA

Por Nicolás Gross

Lic. en Sociología e investigador del CIPCE

Recientemente se dio a conocer un informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA) titulado “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019”^[1]. Complementando el mismo, el sitio “En Orsai” publicó la lista de personas y empresas que fugaron capitales desde el 2016^[2].

La principal conclusión que se desprende de dichas investigaciones es que la deuda que se tomó, durante el gobierno anterior,  sirvió para financiar la fuga de capitales. Bajo el nombre de “formación de activos externos” lo que se encuentra es un Estado tomando deuda en dólares- financiada nada menos que por el FMI-  que termina formando parte del activo de grupos económicos concentrados  en el exterior. Según se expresa en el informe del BCRA:

“Durante la fase de ingreso de capitales comprendida entre diciembre de 2015 y principios de 2018, aproximadamente 8 de cada 10 dólares que ingresaron al país desde el exterior tenían su origen en colocaciones de deuda y capitales especulativos. El ingreso de divisas por deuda pública, privada e inversiones especulativas de portafolio sumó USD 100.000 millones en el período. En 2018, a partir del cierre de los mercados voluntarios de crédito, se inició una fuerte reversión en los flujos de capitales, ante lo cual las autoridades decidieron recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI), que desembolsó un préstamo record de USD 44.500 millones.

A lo largo de todo el período, la formación de activos externos (FAE) de los residentes (coloquialmente llamada “fuga de capitales”) se triplicó, superando los USD 86.000 millones”.

En otras palabras, la deuda no fue canalizada hacia la inversión productiva, sino que financió las operaciones en el mercado cambiario y en el mercado de valores por las cuales dichos grupos obtuvieron una ganancia extraordinaria. Al respecto se recordará el uso y abuso de letras del tesoro (LEBACS, LELIQ y LETES) por las cuales los grupos económicos no sólo se capitalizaron en dólares, sino que además obtuvieron una renta extraordinaria por las cada vez más elevadas tasas de interés.

El modelo económico llevado adelante por el anterior gobierno, denominado “de valorización financiera”, se implantó por primera vez en la historia argentina en la última dictadura militar, tuvo su apogeo durante el menemismo y una estrepitosa caída durante la gestión de Fernando de la Rúa. El del pasado gobierno no fue sino una reedición de un modelo siempre destinado al fracaso, porque tiene por única finalidad el beneficio de un sector cada vez más pequeño y concentrado de nuestro país.

Es por la experiencia histórica que ya no alcanza con enmarcar la discusión desde la óptica de dos modelos antagónicos de desarrollo, o la falsa dicotomía entre libre-mercado e intervencionismo. Lo que demuestran una vez más los informes citados, es que lo que se nos presentó como libre-mercado y desregulación estatal, lejos de desatar las fuerzas productivas y alentar el desarrollo económico, resultó en la apropiación de recursos que debían beneficiar al conjunto de la sociedad argentina, por parte de unos pocos.

Es por ello que se impone la necesidad de discutir un marco regulatorio que imposibilite la financiación de la fuga de capitales, en tanto maniobra que tiene por única finalidad utilizar el Estado en beneficio de sectores concentrados de la economía. Para ello desde CIPCE consideramos que deben pensarse normas que posibiliten un control amplio y democrático de la toma y destino de la deuda pública; también debe reformarse la Ley de Ética Pública, para regular las situaciones que suscitan conflictos de intereses,^[3] asimismo, se vuelve necesario incorporar un régimen de limitaciones sobre quienes pueden ser contratados para asistir al país en el canje de deuda; por último debe establecerse con claridad la responsabilidad penal de los agentes tanto públicos como privados que intervengan en la fuga de capitales, para lo que se hace necesaria un abordaje jurídico de las conductas que hasta el momento sólo cuentan con una definición económica.