Por Agustín Carrara
Miembro del Comité Directivo del CIPCE
Ayer leí el diario y me quedaron dando vuelta en la cabeza dos discusiones vinculadas al Poder Económico. Por un lado, la necesidad o no de un nuevo impuesto a las grandes fortunas. Por otro, la dificultad para aplicarlo “al campo” por no saber con precisión quiénes son los dueños de la tierra. No vamos a resolver estos temas acá, pero al menos podemos dejar en claro que ambas cuestiones responden a problemas preexistentes, que se reflejan con mayor crudeza en un contexto como el actual.
- Evasión y elusión.
Quienes entiendan de política económica podrán discutir mejor que yo sobre la conveniencia de un nuevo impuesto a las grandes fortunas. Lo que sí podemos remarcar aquí es que esta necesidad de financiamiento proviene -entre otras- de dos causas: (1) los impuestos que ya existen son evadidos por estas personas y corporaciones, de manera profesional y sistemática, y (2) la persecución de esas formas de evasión es en muchos casos ineficiente, y en algunos casos directamente no existe (nos referimos a los casos de evasión a través de elusión).
En cuanto a la magnitud de la evasión, en 2017 el Instituto Mundial de Investigaciones de Economía del Desarrollo (de la Universidad de las Naciones Unidas) publicó un estudio intitulado “Global distribution of revenue loss from tax Avoidance”. Allí se analiza cuántos ingresos perdieron los distintos países en 2013 a través de maniobras de evasión y elusión impositiva. En base a estadísticas del FMI, si se miden estos montos en relación al PBI de cada Estado, Argentina comparte con otros países el cuarto lugar de la lista, habiendo perdido el equivalente a un 5,1% de su PBI (más de 24 mil millones de dólares).
En cuanto a la ausencia de persecución de la evasión que se comete a través de la elusión fiscal, remitimos a un artículo publicado hace un tiempo en Página12 intitulado “¿Tener una offshore no es delito?”. Spoiler alert: la elusión es delito, no es ninguna “zona gris”.
En síntesis: esta mecánica de desfinanciamiento del Estado no surgió con la pandemia, ni va a terminar cuando pase la emergencia.
- Los dueños de la tierra.
Este futuro impuesto tiene un "enemigo invisible", según escribe Raúl Dellatorre en su nota en Página12. "El problema a resolver es cómo definir quién es el dueño de cada campo. Porque así como existe una ingeniería financiera para fugar el dinero del país y llevar a guaridas fiscales las grandes fortunas que no se podrán gravar, existe en el país toda una gama de argucias y maniobras para ocultar a los verdaderos terratenientes, mediante fondos de inversión y fiduciarios, sociedades ficticias y otras herramientas".
Otra vez, esto nos lleva a un problema preexistente y más profundo: la ausencia de un registro completo, centralizado, actualizado y público de “beneficiarios finales”. Algo que nos permita saber qué personas físicas se encuentran detrás de sociedades, fideicomisos y otras estructuras jurídicas. Un informe publicado en 2019 por Fundación SES, elaborado por María Eugenia Marano, da cuenta del estado de situación. La información recopilada actualmente sobre beneficiarios finales se encuentra dispersa, incompleta y desactualizada. Por mencionar un ejemplo, “de los 36 organismos de registro y control de personas jurídicas, sólo 3 cuentan con una definición sobre beneficiarios finales y mantienen un registro en soporte papel”.
Es inaceptable que un Estado no pueda saber con facilidad quién es dueño/a de qué.
Cerremos focalizando en el aspecto positivo. Con voluntad y estrategia, tal vez un contexto tan grave como éste transforme la relación de fuerzas y permita ver avances en estos temas. Un Estado presente tiene la obligación -y la necesidad- de reducir la impunidad de las elites.