Preocupación ante el permanente desmantelamiento del sistema anti-lavado

Preocupación ante el permanente desmantelamiento del sistema anti-lavado

Desde el CIPCE manifestamos nuestra preocupación ante la serie de hechos vinculados a la desarticulación del sistema de prevención y persecución del lavado de dinero en nuestro país.

La Unidad de Información Financiera es el principal organismo del sistema anti-lavado. Durante los últimos meses, se ha provocado un debilitamiento evidente del organismo. Esto tiene una incidencia sumamente negativa sobre muchos de los factores que permitieron que Argentina saliera de la conocida "lista gris". El desmantelamiento de la UIF genera el riesgo de retrotraernos al estado de situación de años atrás, cuando el organismo tenía un funcionamiento deficiente y los controles al lavado de dinero eran sumamente escasos y desarticulados.

En primer lugar, la conducción del organismo fue asumida por abogados afectados por manifiestos conflictos de intereses. Luego en sucesivas oportunidades se recortaron las funciones de la UIF. Esto se complementó con despidos masivos de personal de todas las áreas, el vaciamiento del Consejo Directivo de la UIF, y el abandono de ciertas causas judiciales que el organismo estaba impulsando. 

Finalmente, en la discusión de la nueva ley de blanqueo de capitales, se introdujo repentinamente un artículo que traspasa la UIF desde el Ministerio de Justicia al Ministerio de Hacienda. El argumento de que esto se debe a "buenas prácticas internacionales" es sumamente falaz. En primer lugar, porque existen distintos modelos de UIF en todo el mundo. Y en segundo término, porque en los países donde la UIF funciona bajo los Ministerios de Economía esto se inserta en una red más amplia y fuerte de organismos de control, lo cual no sucede en Argentina.

Esto se enmarca en el proceso más amplio por el cual la UIF ha relegado a un segundo plano la persecución del lavado vinculado a delitos económicos y financieros. Así, al enfocar el discurso exclusivamente en corrupción y narcotráfico, se deja de lado la incidencia sobre los fenómenos criminales donde se genera la mayor cantidad de dinero ilícito, según los pocos estudios existentes. No es casual que las nuevas autoridades de la UIF, al asumir, hubieran adelantado que la tarea del organismo sería "buscar inversiones internacionales". Así, en lugar de controlar la ilicitud del Poder Económico, el organismo parece más bien alinearse con él, evitando el desarrollo de acciones que puedan molestar al establishment.

Por estas razones, solicitamos al Senado que tengan en consideración estas cuestiones al debatir la norma, sabiendo que la aprobación del traspaso de la UIF será otro paso en el debilitamiento del sistema de prevención del lavado de dinero.

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