La causa se inició a raíz de una denuncia del entonces director de investigaciones de la Oficina Anticorrupción, Manuel Garrido. Se investiga la firma de un contrato de la Secretaría de Comunicaciones y la Comisión Nacional de Comunicaciones con la firma THALES, perjudicial a los intereses del Estado Nacional para el control y seguimiento de emisiones el espectro radioeléctrico. A su vez se averigua sobre la existencia de sobornos en el trámite previo a la firma de ese contrato.
Los contratos con Thales Spectrum se rescindieron en 2003, durante la presidencia de Néstor Kirchner. La decisión se tomó después de que se conociera un informe de la Auditoría General de la Nación, que hacía referencia a un millonario perjuicio al Estado. Los funcionarios y empresarios fueron imputados por una defraudación al Estado Nacional de 320 millones de pesos. Defraudaciones que le habrían dado a esa empresa una rentabilidad neta superior al 150
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