La causa fue iniciada en septiembre de 2009. Se encuentra radicada en el Juzgado Nº 12 en lo Criminal y Correccional Federal, a cargo de Sergio Torres.
La causa estuvo a cargo del fiscal Gerardo Di Masi (fallecido), ex-titular de la Fiscalía Nº 8. Tras su ascenso a la Fiscalía General N° 6 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, fue subrogado por Juan Pedro Zoni.
La causa se inició por una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans, en la cual refirió que Aerolíneas Argentina habría pagado sobreprecios en la compra de 20 aviones E-190 a la empresa brasileña Embraer. Por la operación, Aerolíneas desembolsó un pago total de 700 millones de dólares (34,9 millones de dólares por cada avión). La empresa reconoció ante la Comisión Nacional de Valores de los Estados Unidos (SEC), que inició una investigación interna por presuntas irregularidades.
La compra de los Embraer formó parte de una serie de protocolos bilaterales que firmaron, en Brasilia, Cristina Fernández de Kirchner y Luiz Ignacio Da Silva el 8 de septiembre de 2008. La negociación fue conducida personalmente por Jaime, quien políticamente reportaba al entonces ex presidente Néstor Kirchner.
El contrato negociado por Jaime y Manuel Vázquez fue firmado por Julio Alak, el entonces presidente de Aerolíneas Argentinas-Austral, y Mauro Kern Jr, presidente de Embraer.
Además, el Centro de Información Judicial (CIJ) informó que la suma pagada en sobreprecios la calculan en 65 millones de dólares. El mismo medio confirma, además, que se detectó un correo electrónico de un alto funcionario de Aerolíneas, en el que se alerta a un grupo de funcionarios acerca de que el precio de los aviones era mayor al adecuado. Y que allí mismo se recomendaba, remarcado en negrita, no realizar la compra.
El 30 de marzo de 2010, De Vido aseguró que se trata de un delito que no tiene la posibilidad de concretarse porque la operación se realizó entre Estado y Estado, ya que tanto Aerolíneas Argentinas como Embraer son públicas.
Por su parte, Alak advirtió que en medio de las negociaciones hubo un fuerte lobby de la empresa Boeing para evitar que la Argentina contrate con Embraer, porque generalmente las empresas que producen aviones lo que hacen es tener a la empresa aérea capturada para siempre porque introducir un avión a la empresa significa la formación de pilotos, azafatas y repuestos.
Alak explicó que ha sido una operación sumamente auditada y la discusión en cuanto a los precios ha sido muy larga, profunda, en algunos momentos tensa, pero se arribó a una operación altamente beneficiosa no solamente por los precios competitivos sino porque Embraer garantizaba la entrega de 20 aeronaves en un año y medio cuando se entregan entre 2 y 5 años.
Alak comentó que el precio obtenido finalmente fue cinco millones de dólares menos por unidad que el precio que había planteado inicialmente la empresa, aunque reconoció que los costos del avión se vieron incrementados en un porcentaje menor por el agregado de adicionales que sirven para poder utilizar la totalidad de los aeropuertos argentinos.
Remarcó que se pagó lo que valía más los agregados adicionales.
En 2010, se realizó un allanamiento en Aerolíneas Argentinas, donde se constató documentos, los cuales dejan en evidencia que Alak sabía de los sobreprecios.
En diciembre de 2011, el juez Sergio Torres envió un exhorto a los Estados Unidos pidiendo información sobre la investigación que lleva adelante la SEC.
En abril de 2013, la empresa brasileña Embraer confirmó a los EEUU que inició una causa interna por la venta de aeronaves E-190 a cinco países, entre ellos la Argentina, por una operación para su controlada Austral por u$s698 millones en 2009. Lo hizo a través de un comunicado enviado a la Comisión Nacional de Valores.
La operación fue financiada en un 80% con un préstamos del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (Bndes), y que lleva la firma del ministro de Planificación, Julio de Vido; el entonces presidente de Aerolíneas Argentinas, Julio Alak; y el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime.
Por otra parte, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Ralph Lauren Corp admitió el pago de sobornos a funcionarios argentinos entre 2005 y 2009 para ingresar mercancías de manera ilegal al país.
Luego de admitir el delito, la firma aceptó pagar 882.000 dólares de multa para resolver alegaciones de que violó el Acta de Prácticas de Corrupción en el Extranjero (FCPA) sobornando a responsables del gobierno en Argentina para obtener autorización aduanera ilegal para mercancías. Además, Ralph Lauren acordó pagarle a la SEC 734.846 dólares en concepto de reembolso de ganancias e intereses.
En mayo de 2014, solicitaron informes a Embraer para saber si lleva a cabo una investigación interna sobre el supuesto pago de sobreprecios.
El 29 de agosto de 2015, se determinó que la compra de 20 aviones Embraer para Austral se habría pactado por un precio final de US$ 729 millones, casi US$ 30 millones por encima de lo que por entonces informaron las autoridades de Argentina y Brasil. La publicación de una investigación de la revista Brio, arrojó nuevos datos sobre esta multimillonaria compra, que es financiada con parte de los subsidios que cada mes reciben Aerolíneas Argentinas y Austral por parte del Estado argentino. Con el título “La mano invisible del BNDeS en América latina”, la investigación de Brio se focaliza en la actuación de este banco estatal brasileño en la financiación de grandes proyectos en la Argentina, Ecuador, Bolivia, Panamá y Perú. En el caso de la Argentina, el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDeS) financió con un préstamo blando el 85% de la compra de los 20 Embraer.
Además de que el precio final es casi 30 millones de dólares más alto de lo que se informó, la investigación de Brio detectó que Embraer había devuelto casi 10 millones de dólares a Aerolíneas Argentinas-Austral.
