Cabe destacar que la causa se inició por una denuncia de la Oficina Anticorrupción, a partir de informes elaborados por la SIGEN a resultas de trabajos de auditorías llevados a cabo en la sede de FONCAP, en las que se puso de manifiesto la existencia de irregularidades de diversa índole presuntamente constituidas de ilícitos penales.
Es loable señalar que FONCAP es una sociedad anónima creada mediante el decreto 675/97, en el año 1997, que facultó a la entonces Secretaría de Desarrollo Social a constituirla, con el principal objetivo de favorecer el desarrollo del sector de microempresas de menores recursos. El Estado Nacional integró la totalidad de los recursos aportados a dicho Fondo, que en su origen ascendían a cuarenta millones de pesos, a pesar de lo cual su administración se otorgó a una sociedad anónima, donde la participación estatal era minoritaria (49%) en tanto que el 51% restante estaba atribuido a dos entidades privadas.
La denuncia por diversas anomalías en el funcionamiento de esta sociedad anónima fue realizada en diciembre de 2004 por la Oficina Anticorrupción (OA). Esta oficina además se constituyó como parte querellante en marzo del año 2005 atento a las características de los hechos denunciados y la importancia de la afectación del patrimonio del Estado.
Las investigaciones comenzaron como consecuencia de informes realizados por la SIGEN, de los que surgen que en esa particular sociedad no existía un sistema de control sobre el manejo de los fondos, habiendo sido mayor el gasto realizado en sostener su propia estructura que el dirigido a los fines de su creación. Además, una de sus accionistas, habría sido especialmente beneficiada por los préstamos del FONCAP, en algunos casos no reembolsables. También se comprobaron gastos desproporcionados y no justificados en compras, obras, viajes, contrataciones, honorarios profesionales y remuneraciones de directivos de dicha sociedad. Entre los funcionarios involucrados se encuentran: Oscar Tangelson, Juan Pablo Cafiero, Horacio Rodríguez Larreta, José Figueroa, Eduardo Amadeo, Graciela Fernández Meijide y Nélida “Chichi” Doga.
La Fiscalía, a cargo de la instrucción, solicitó en el mes de noviembre de 2005 diversas indagatorias a funcionarios jerárquicos de Foncap, basándose en la denuncia presentada por la Oficina Anticorrupción.
El Sr. Fiscal Guillermo Marijuán impulsó la acusación contra Horacio Rodríguez Larreta, quien era titular de FONCAP en ese momento. Dicha acusación establecía que el FONCAP le había prestado $1.112.000 a la Fundación Emprender, el cual debía ser utilizado para promover a la pequeña empresa pero, en cambio, dicha empresa utilizó ese dinero para cancelar deudas bancarias y, por lo tanto, esos fondos se habrían desviado para fines distintos a los fijados por la ley.
Dicha causa tramitó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 5, a cargo del Juez Norberto Oyarbide, quien dispuso el sobreseimiento de Horacio Rodríguez Larreta en el año 2001, lo cual fue revocado por la Cámara Federal por mayoría, ya que el voto minoritario solo fue de la Dra. Ledesma.
Posteriormente el recurso del imputado Rodríguez Larreta fue rechazado por la Sala II de la Cámara de Casación Penal.
El dia 4 de abril de 2014, se solicita el sobreseimiento del imputado por vencimiento del plazo razonable; por lo que el Ministerio Público Fiscal y la Oficina Anticorrupción se opusieron a dicha solicitud.
Con fecha 27 de noviembre de 2014, el Juez a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 5, Norberto Oyarbide, resuelve disponer el sobreseimiento por plazo razonable.
Posteriormente, el día 2 de diciembre de 2014, el Ministerio Público Fiscal presentó la apelación, toda vez que atribuye la dilación del proceso al imputado y sus múltiples solicitudes de prescripción de la acción penal.
En marzo de 2015, la Sala II de la Cámara Federal de Casación revocó el sobreseimiento, que había sido cerrada por “prescripción” en dos oportunidades por el Juez Federal Norberto Oyarbide y ordenó seguir investigando.
La defensa de Rodríguez Larreta apeló dicha resolución ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El máximo tribunal de Justicia confirmó la continuidad de la investigación de dicha causa y los Jueces de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda desestimaron un “recurso de hecho” interpuesto por la defensa de Rodríguez Larreta, con lo que confirmaron la prosecución de la investigación de dicha causa.
