El día 2 de octubre de 2007, Ricardo Gil Lavedra acompañado por Andrés D Alessio y Julio Strassera, reclamó a la justicia federal que investigue si el Poder Ejecutivo incurrió en el uso irregular de fondos públicos para financiar la campaña de la postulante presidencial del Frente para la Victoria, Cristina Fernández de Kirchner.
La denuncia presentada por Gil Lavedra fue acompañada por una serie de notas publicadas en varios medios de comunicación, en particular las editadas por LA NACION, que dieron cuenta de la aplicación de recursos públicos en la campaña (gastos de traslado y alojamiento de la primera dama y sus colaboradores en sus viajes de instalación mediática en el exterior), y solicita además a la justicia electoral que investigue la eventual violación del Código Nacional Electoral y de la ley de financiamiento de los partidos políticos.
Durante la campaña presidencial "Cristina, Cobos y Vos" del 2007, el Frente para la Victoria recaudó casi 15 millones de pesos, de los cuales cerca de un 35% fueron aportes de empresas vinculadas a sectores de la salud y a farmacéuticas. Las empresas aportantes entregaban a los responsables de la campaña electoral cheques con un importe, recibían a cambio la factura y previa a la presentación del cheque en el banco, se cubría el monto con depósitos de dinero en efectivo por caja.
La investigación determinó que era plata que no estaba declarada, fuera del circuito financiero, y que estaba fuera de la capacidad económica de las droguería o laboratorios. Por eso, el juez citó a declaración indagatoria a empresarios y ex funcionarios kirchneristas por presunto lavado de dinero durante la campaña electoral 2007.
Las empresas que aportaron fondos que no pueden justificar son: Multipharma, Snafor Salud (ex Seacamp) y Global Pharmacy. Por Multipharma fue citado Carlos Torres y Néstor Lorenzo; por Sanfor Salud, Soledad Bellone (viuda de Sebastián Forza, víctima del Triple Crimen) y Gabriel Brito de Global Pharmacy. Se les imputa haber aportado 886 mil pesos que no pudieron justificar.
Entre los rubros que la Justicia investigó se encuentran: realización de viajes en transportes oficiales para hacer campaña; Utilización de inmuebles públicos para posicionar a un candidato en particular (ejemplo de esto fueron la gran cantidad de discursos que el entonces presidente de la Nación llevó a cabo desde la Casa Rosada fomentando el voto hacia Fernández de Kirchner); uso de medios de comunicación de propiedad estatal oficial para transmitir discursos de determinados candidatos, no cubriendo en la misma forma a otros candidatos; distribución de la pauta publicitaria por el Estado nacional y los estados provinciales. Según datos de la Asociación por los Derechos Civiles, durante los primeros 10 meses del año el Estado Nacional invirtió 270.729.286 pesos, lo que implica un 29,14 por ciento más del total gastado durante 2006. Además, excedió en un 33 por ciento el presupuesto previsto para ese año, que fue de 202.792.000 pesos.
Todos estos elementos observados durante la campaña distorsionan la competencia electoral, siempre en favor de aquellos partidos que tienen acceso a recursos públicos. Además acentúan la falta de transparencia e implican un desafío para las investigaciones judiciales.
Lo llamativo es que diez días antes de las elecciones, el Frente para la Victoria (Orden Nacional) estimó, según lo declarado en su informe previo, percibir en toda la campaña electoral 11.521.184 de pesos. Sin embargo, posteriormente, en el informe final declara haber percibido 14.947.390 de pesos. Es decir, en sólo diez días, sus previsiones fallaron en casi 3.500.000 de pesos. Similares cifras aparecen en el rubro de gastos.
Por otra parte, cabe destacar que Cristina Fernández de Kirchner gastó un 545 % más que su marido para llegar a la Presidencia de acuerdo a los gastos que el Frente Para la Victoria presentó en 2003 y 2007 respectivamente.
Durante la campaña electoral, Canal 7, de propiedad estatal, llevó adelante una cobertura especial de las actividades de campaña de la candidata Cristina Fernández de Kirchner y de los actos de campaña en los cuales el entonces Presidente de la Nación, Néstor Kirchner fomentaba el voto a favor de su esposa.
Poder Ciudadano realizó un seguimiento de la programación del canal durante los dos últimos meses de campaña.
La observación de esta cobertura llevó a Poder Ciudadano a realizar un pedido de información a la emisora televisiva para acceder a los diferentes precios que cobra la señal para publicitar en sus diversos programas. A partir de la respuesta del canal y del relevamiento de los minutos durante los cuales se cortaba la programación, en cualquier momento de la misma, se calcularon los siguientes costos: 451 minutos al aire donó Canal 7 a la Campaña de Cristina Fernández de Kirchner, lo cual se traduce a 2.836.200 pesos en concepto de publicidad que debería haber pagado el Frente para la Victoria para que Canal 7 transmitiera los discursos de campaña de la candidata Fernández de Kirchner.
La relación entre donantes ocultos/gastos de campaña y el clientelismo político es muy importante. Si un partido no registra determinados ingresos tampoco registrará los gastos que se generen con ellos. El clientelismo político aquí se siente en su juego preferido, la existencia de dinero para conseguir votos en favor de un candidato determinado, sin la necesidad de rendir cuentas sobre su origen. Los grandes donantes con fuertes intereses económicos también encuentran un ambiente favorable: el del ocultamiento de información.
En cuanto a la utilización de recursos públicos para favorecer a un candidato en particular, el análisis pasa por la normativa existente y por la ética del ejercicio de la función pública. En primer lugar la observación de la utilización de aviones, comitivas, y canales de televisión públicos es motivo suficiente para que la Justicia investigue sobre la legalidad de esos hechos. Se indicó en este monitoreo que la candidata Fernández de Kirchner realizó una importante cantidad de viajes mencionados en la prensa como “de posicionamiento internacional” en aviones oficiales o con comitivas de Presidencia de la Nación. Del mismo modo, la Justicia con competencia electoral debería observar si esta utilización de recursos públicos no se repitió con otros candidatos cercanos o en ejercicio del ejecutivo de alguna provincia.
El día 29 y 31 de marzo de 2016, el juez Ariel Lijo, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, citó a indagatoria a exfuncionarios y empresarios en una causa por lavado de dinero en aportes a la campaña presidencial del 2007 de la fórmula “Fernández de Kirchner - Cobos” del Frente para la Victoria.
Los citados fueron los siguientes: Carlos Horacio Torres (presidente de Multipharma SA), Néstor Osvaldo Lorenzo (director suplente de Multipharma SA), Solange Bellone (presidente de Sanfor Salud S.A.) y Gabriel Brito (titular de Global Pharmacy S.A.), como así también a los responsables de percibir y administrar dichos fondos Héctor Capaccioli, Sebastián Gramajo y Hernán Diez.
Según la resolución, se les imputa la participación en la maniobra mediante la cual se aportaron a la campaña presidencial del año 2007 para la fórmula ‘Fernández de Kirchner – Cobos’ del Partido Político ‘Frente para la Victoria’ la suma de ochocientos ochenta y seis mil pesos a través de las contribuciones realizadas por las empresas ‘Multipharma’, ‘Sanford Salud S.A.’ (ex Seacamp) y ‘Global Pharmacy S.A.’, por las cuales se puso en circulación en el mercado, dinero no declarado de origen ilícito, a los fines de disimular la fuente real de los fondos y obtener la apariencia de licitud de ésta.
El día 23 de junio de 2016, El juez Ariel Lijo, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, dispuso el procesamiento de Héctor Capaccioli (ex superintendente de Servicios de la Salud e integrante de la Mesa Ejecutiva de la Alianza Frente para la Victoria), Sebastián Gramajo (ex legislador de la Ciudad de Buenos Aires y responsable político de la alianza electoral), Néstor Lorenzo, Carlos Torres, Gabriel Brito y Solange Bellone (viuda de Sebastián Forza, una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez).
En su resolución, el magistrado afirmó que los aportes efectuados por las empresas “Multipharma”, “Global Pharmacy” y “Seacamp” para la campaña electoral del Frente para la Victoria del año 2007 se puso en circulación en el mercado la suma total de ochocientos ochenta y seis mil pesos de origen ilícito, a los fines de disimular la fuente real de los fondos y obtener su apariencia de licitud.
Se analizó que tanto Néstor Lorenzo como Héctor Capaccioli fueron los encargados de poner en circulación este dinero y aprovecharon la campaña política para llevarlo a cabo. En base a las limitaciones que presentaba la ley de financiamiento de los partidos políticos (Ley 26.215) necesitaban de compañías privadas para desarrollar la maniobra, ya que no podían realizar donaciones anónimas y, además, tenían un tope máximo por empresa.
El juez demostró que la modalidad empleada por esta maniobra era la siguiente: las firmas en cuestión les entregaban a los responsables de la campaña electoral un cheque con el aporte correspondiente, recibiendo a cambio el recibo por parte de éstos y, en la fecha de cobro, las libranzas eran cubiertas con depósitos de dinero en efectivo.
En tal sentido, se verificó que “Multipharma”, “Seacamp” y “Global Pharmacy” no contaban con capacidad económica suficiente para hacer frente a los aportes que aquí se registraron, las sumas aportadas no guardaban similitud con los parámetros de dinero que manejaban, y además no poseían registros contables de los correspondientes aportes realizados. Así, destacó que las empresas carecían de fondos suficientes para ello e igualmente realizaron esos aportes bajo un supuesto modo de donación.
Indicó además que las operaciones realizadas por esas tres empresas no guardaban semejanza con su realidad económica. Aclaró que carecía de sentido realizar una donación por un monto mayor al que la compañía podía manejar, y sólo era posible llevarlo a cabo si ese dinero no le pertenecía. Por ello, sostuvo que se trataba de blanquear dinero de origen espurio que no se encontraba debidamente declarado.
Sumado a esa insuficiencia económica de las empresas, destacó el hecho de que en la misma fecha en la que era presentado el cheque para su cobro en el banco interviniente se cubría el monto necesario con depósitos de dinero en efectivo por caja. Incluso recalcó que había cuentas bancarias que hasta ese momento presentaban saldo negativo. Analizó que la forma en la que era realizados los depósitos permitió que no quedara rastro de quién fue el que efectuó el correspondiente aporte, puesto que la normativa bancaria no contemplaba la individualización del depositante y, de tal modo, el aportante se volvía anónimo.
Asimismo, se destacó que Lorenzo retuvo para sí los recibos de los aportes “Multipharma S.A.”, “Global Pharmacy Service S.A.” y hasta aquellos librados a título personal por Torres, los cuales fueron oportunamente incautados de su domicilio en los allanamientos practicados en los autos nro. 1787/07 en el que se investigaba la llamada “mafia de los medicamentos”.
Así, a raíz de todas las pruebas colectadas, el magistrado consideró que quedó evidenciado que las circunstancias y el contexto en las que los activos fueron manejados permitían deducir indefectiblemente que los fondos aportados sólo podían provenir de la comisión de un delito. En efecto, destacó que no existiría razón alguna para encubrir el origen del dinero si ello no fuera así.
Respecto del origen ilícito del dinero tuvo en cuenta tres cuestiones: (i) incremento patrimonial injustificado u operaciones financieras anómalas; (ii) inexistencia de actividades económicas o comerciales legales; y (iii) vinculación, relación o conexión con actividades de tráfico de estupefacientes, o con otras actividades delictivas, o con personas o grupos relacionados con ellas.
Luego de verificar los dos primeros en base a las circunstancias anteriormente señaladas el juez se expidió en relación a la vinculación con grupos delictivos. En ese orden el magistrado indicó que las personas involucradas fueron procesadas en el marco la llamada “mafia de los medicamentos”. Es decir, que las mismas personas que aquí emplearon un mecanismo de lavado de dinero fueron procesados y elevados a juicios por formar parte de una asociación ilícita dedicada a realizar diversos delitos. Así tuvo por probado un vínculo delictivo directo entre ellos.
Sin embargo, destacó que también existían otras pruebas que los vinculaban a otros grupos delictivos. Así las cosas, sostuvo que se advirtieron indicios de que el dinero pudo haber provenido de carteles de droga de México. En ese orden, mencionó que el propio Forza indicó oportunamente que el dinero que aportó su empresa “era plata del narcotráfico, más precisamente de los carteles de México”.
Al respecto, sostuvo que través de los elementos colectados se estableció que Torres, Lorenzo y Forza habitualmente transitaban por las cooperativas (o entidades financieras irregulares) donde iban a cambiar sus cheques para la obtención de dinero. En ese ámbito se relacionaban y conocían muchos empresarios que –conforme fuera comprobado en el marco del expediente del “Triple Crimen”- se encontrarían vinculados al tráfico de efedrina, como lo eran Ibar Pérez Corradi, Luis Marcelo Tarzia, Ariel Vilán, entre otros.
En síntesis, a raíz de la demostrada incapacidad económica de las empresas aportantes, la forma en la que fueron cubiertos los cheques librados, el hecho de que los correspondientes recibos fueran encontrados en el domicilio del propio Lorenzo, la vinculación existente entre los intervinientes –quienes fueron procesados por conformar una asociación ilícita-, como así también sus conexiones con actividades delictivas como el tráfico de efedrina, el juez afirmó que indudablemente el dinero aportado en la campaña tiene origen ilícito.
