El 19 de enero de 2010 el abogado Eduardo Barcesat promovió una denuncia penal contra Adrián Martín Pérez Redrado por el delito de malversación de caudales públicos, administración fraudulenta, incumplimiento de autoridad y violación de deberes de funcionario público.
Así, sostiene el denunciante que de acuerdo con la investigación periodística de Horacio Verbitsky se han detectado en el BCRA diversos gastos dispuestos por el Dr. Redrado sin autorización ni intervención previa del Directorio del Banco Central, los cuales se detallan a continuación: el día 19 de enero de 2009 el Banco Central adjudicó la contratación de compra de diarios, revistas por 2,2 millones de pesos y desembolsó tres millones de pesos por la contratación de aviones de las fuerzas de seguridad; el 14 de abril de 2009 contrató como asesor de la presidencia del BCRA al ex Superintendente de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal, comisario Alberto Carlos Capuchetti, su remuneración por asesorar a Redrado era de 14.000 pesos mensuales brutos; el 21 de enero de 2009 Redrado autorizó la contratación por 9.400 pesos de un taller de yoga y el 22 de enero de 2009 de otro similar por $8.200.
Además, el 3 de febrero de 2009 sumó 9.750 pesos para contratar un taller de coro. Dos días después desembolsó 150.000 pesos en pago de funciones de teatro de títeres. El 20 de febrero de 2009 autorizó el pago de 40.000 pesos por el taller de actuación de Danie Miglioranza, contrato que se repitió por el mismo monto el día 1 de junio de 2009. Otro profesor de teatro fue contratado el 28 de abril de 2009 por 8.400 pesos.
La causa pasó a tramitar por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1, a cargo de la Dra. María Servini de Cubría, quien delegó la investigación a la Fiscalía Federal Nº 6.
El contenido de la denuncia que tenía por parte querellante a la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia versaba “en la anómala asignación de aproximadamente pesos cuarenta y seis mil ($46.000) mensuales en concepto de ‘fondos reservados’ al entonces Presidente de la Comisión Nacional de Valores Hernán Martín Pérez Redrado, durante el período 1991-1994, que habrían sido otorgados por el Ministerio de Economía y luego por la Secretaría General de la Presidencia de la Nación.
El día 8 de enero de 2010, la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal María José Sarmiento dictó una medida cautelar en la que ordenó la suspensión de los efectos del decreto de necesidad y urgencia 18/2010, por el que el Poder Ejecutivo dispuso la remoción de Martín Redrado como presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Sarmiento, que actuó en la causa como jueza de feria, hizo lugar a la cautelar solicitada por Redrado en una acción de amparo en la que pidió, como reclamo de fondo, la nulidad de aquel decreto.
En la resolución, la magistrada consignó que la Carta Orgánica del BCRA establece que los miembros del Directorio (el presidente de la institución forma parte de ese cuerpo) podrán ser removidos de sus cargos por el Poder Ejecutivo por incumplimiento de las disposiciones contenidas en aquella Carta, previéndose además la posibilidad de ser removidos cuando mediare mala conducta o incumplimiento de los deberes de funcionario público, debiéndose contar para ello con el previo consejo de una comisión del Congreso, presidida por el presidente del Senado e integrada por los presidentes de las comisiones de Presupuesto y hacienda y de Economía de la Cámara alta, y por los presidentes de las comisiones de Presupuesto y hacienda y de Finanzas de las Cámara de Diputados.
La Jueza planteó que de la lectura del DNU nº 18/2010 dictado se advierte que la Señora Presidente de la República en su art. 2º pretende exceptuarse de esta exigencia la que, prima facie, parecería resultar improcedente ya que la previa comunicación a la comisión bicameral tendría como única finalidad garantizar la posible intervención del Poder Legislativo con la única finalidad de garantizar el sistema republicano de gobierno.
El viernes 8 de enero de 2010, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal había designado, por sorteo, a la jueza Liliana Heiland, titular del Juzgado Nº 10, para que actúe en la acción de amparo presentada por Redrado una vez reiniciada la actividad judicial. Mientras tanto, y según acordadas de aquél tribunal, durante la feria iban a actuar como jueces Sarmiento (entre el 1 y el 15 de enero) y Ernesto Marinelli (entre el 16 y 31 de enero).
El día 16 de julio de 2010, el Juez Claudio Bonadío, sobreseyó a Martín Redrado por no encuadrar los hechos denunciados en figura legal alguna.
El día 9 de noviembre de 2010, La Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal confirmó el sobreseimiento de Martín Redrado en dicha causa.
