La denuncia fue presentada por diputados del FPV; responsabilizan al juez y al titular del BCRA por haber autorizados los pagos luego de la devaluación.
El 13 de abril de 2016, el Presidente del Banco Central Federico Sturzenegger y el juez federal Claudio Bonadío fueron denunciados conjuntamente por haber pagado los contratos de “dólar a futuro” del gobierno Kirchnerista con los precios de la devaluación y por haber citado a declaración indagatoria a Cristina Fernández.
El contragolpe judicial fue planteado en una denuncia presentada por el jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria (FpV), HéctorRecalde, y nueve legisladores más de ese grupo plantearon que Sturzenegger y Bonadio habrían perpetrado varios delitos: defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad, violaciones de los deberes de funcionario público, estafa procesal, y hasta privación ilegal de la libertad.
El fiscal federal Jorge Di Lello pidió abrir una investigación contra el juez Claudio Bonadío y el presidente Sturzenegger, por presunta administración infiel en perjuicio de la administración pública.
La denuncia fue radicada en la Cámara Federal casi en simultáneo con la presentación de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner ante el juez Claudio Bonadio y recayó en el juzgado federal número 12 de Sergio Torres, después del sorteo de práctica.
El argumento de la denuncia es que el pago de los contratos de dólares a futuro fue realizado por la actual conducción del Banco Central y autorizados por el propio Bonadio luego de la devaluación llevada adelante por el Gobierno de Cambiemos luego de la renuncia de Alejandro Vanoli.
El pedido de Di Lello fue hecho ante el juez federal Sergio Torres y, como medida de prueba, reclamó la citación a prestar declaración testimonial a la ex mandataria y al exministro de Economía Axel Kicillof, ambos imputados en la causa que investiga la venta de dólar a futuro y quienes fueran indagados por Bonadío en abril de 2016.
El 20 de abril de 2016, El fiscal federal Jorge Di Lello resolvió la imputación del juez federal Claudio Bonadío y del presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger.
Di Lello también pidió a "las entidades correspondientes el listado completo de las personas físicas y jurídicas que adquirieron dólar a futuro entre el 15 de octubre y el 9 de diciembre de 2015". Además, solicitó que Torres "escuche en declaración testimonial a quienes fueran presidentes del Banco Central desde el año 2007 en adelante", y que el BCRA informe "el volumen del dólar a futuro vendido en ese período".
Por otra parte, pidió al juez que reclame informes sobre la evolución de los valores del dólar entre el 1 de enero del 2008 y el 30 de noviembre del 2015 y la diferencia de cotización mes a mes dentro de ese mismo período, como así también el volumen vendido de divisas al cambio oficial durante el período denominado como 'cepo cambiario' tanto para ahorro como para pago de tarjetas de crédito.
En su dictamen, el fiscal federal señaló que Sturzenegger, oportunamente, le había solicitado al juez federal Bonadío (en el marco de la causa que tramita ante su juzgado) le informara si existía alguna restricción o limitación a la que tuviere que atenerse ya que debía actuar con la mayor premura para resolver la actitud a adoptar ante los adquirentes de los contratos a término, en las operaciones realizadas a partir del 15 de octubre de 2015. Sobre esta consulta, y según surge de la presentación, el magistrado instructor respondió que en las mencionadas actuaciones no se había dispuesto medida restrictiva alguna.
El 14 de junio de 2016, la Sala I de la Cámara revocó la decisión del juez Torres, quien había rechazado el pedido de la defensa de la expresidenta.
La Cámara Federal porteña aceptó como querellante a Cristina Kirchner y podrá impulsar la investigación por las operaciones de venta de dólar a futuro en la que están imputados, el juez Claudio Bonadio y actual presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger.
El abogado Carlos Beraldi, defensor de la ex Presidenta, había pedido que esta fuera considerada como parte acusadora de Bonadío, quien la procesó en la causa abierta por una denuncia de diputados macristas antes de las elecciones presidenciales.
