En 2008 el abogado Ricardo Mooner Sanz denuncia a Julio De Vido y su esposa, Alessandra Minnicelli, por enriquecimiento ilícito a partir información periodística publicada por Jorge Lanata en su diario “Crítica Argentina”. La denuncia fue radicada en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 3. Dicha nota sostenía que De Vido había incrementado su patrimonio neto en aproximadamente un 50% entre 2003 y 2008 (de $ 954.654 a $ 1.435.089).
Por otra parte se denunció que las declaraciones juradas no reflejarían el verdadero patrimonio puesto que se consignan los valores fiscales de las propiedades (los cuales son muy inferiores a los de mercado) así como también se omitó la declaración de al menos un inmueble cuyo valor asciende a u$s 750.000.- Cabe destacar que la cifra mencionada por el diario no se encuentra respaldada por documentación ni por fuente alguna que se haya hecho pública por fuera de las declaraciones juradas.
En 2009 el juez Octavio Araoz de Lamadrid sobreseyó a ambos imputados por entender que de acuerdo a las pruebas reunidas, no se encontraba probado el enriquecimiento ilícito, sino que el patrimonio del matrimonio era acorde con el dinero declarado antes de ingresar a la función pública.
Dicha resolución fue apelada por el titular de la Fiscalía de Investigación Administrativa. Sin embargo la apelación fue desestimada primero por la Cámara Federal y luego por la Cámara de Casación Penal por entender que dicha Fiscalía no era competente para llevar adelante la apelación. Sostenían que el fiscal ante la Cámara, Germán Moldes no había apelado la decisión de Araoz de Lamadrid.
En agosto de 2013, el caso llega a la CSJN, la misma entendió que la Fiscalía de Investigación Administrativa sí poseía legitimación para apelar el decisorio de primera instancia de modo que ordenó el tratamiento de la causa por parte de la Cámara Federal. Así es que el 18/7/2014 la Sala 1 de la Cámara confirma el sobreseimiento de los imputados. Apelado dicho decisorio, la Cámara de Casación Penal revocó el fallo de Cámara y ordenó continuar con la investigación.
El juez Luis Rodríguez, a pedido del fiscal Patricio Evers, ordena entonces la producción de medidas de prueba entre las que se encuentran oficios a los Registros de propiedad inmueble, aeronaves, propiedad automotor, yates y buques, así como también a la Inspección General de Justicia sobre las empresas Fonres S.A, Uni-Vite S.A, Coral Art S.A, Terrazas de Uriarte S.A, Torre Patricios S.A y Strips S.A.
Ya en 2016 se realizan allanamientos en inmuebles del matrimonio con la aprobación de la Cámara de Diputados en atención al límite impuesto por los fueros de los que goza De Vido en su calidad de Diputado Nacional.
