En septiembre de 2015 se inicia una causa en la que se encuentran involucrados Fernando Niembro y su socio Atilio Meza así como los funcionarios del gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta (ex-jefe de Gabinete porteño y actual Jefe de Gobierno), Carolina Stanley (ex-ministra de Desarrollo Social de CABA, ahora de la Nación, Gabriela Mabel Reybaud (ex-ministra de Salud porteña) y Facundo Gaytán (ex-secretario de Comunicación Social).
Tanto a Fernando Niembro como a Atilio Meza se les imputa el delito de lavado de activos en razón de contratos realizados con el gobierno porteño a través de la productora “La Usina Productora”. Se sospecha que dichos contratos se realizaron de manera irregular ya que no se celebraron de acuerdo a los mecanismos de licitación pública corrientes; en su lugar se empleó la figura de “contratación de urgencia”. A los funcionarios del gobierno porteño se les imputa los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público entre otros.
Inicialmente la PROCELAC denunció: "Nos hallamos por el momento frente a un universo de 164 contrataciones adjudicadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a favor de 'La Usina Producciones S.R.L.' por un monto total de $19.473.878,30" que nunca fueron otorgadas a través del mecanismo de licitación pública" (extracto de la denuncia en fiscales.gov.ar),
Otros indicios que dieron lugar a la sospecha son:
- que dentro de los contratos se estipulaba el reparto de folletería y realización de encuestas, actividades no comprendidas en su objeto social.
- que la productora no contaba con ningún empleado.
- que dichas actividades no se encontraban dentro del régimen de contrataciones directas o de urgencia.
- que por esas fechas tanto Niembro como su socio incorporaron autos de alta gama Mercedes Benz y Audi a sus patrimonios.
Por otra parte la denuncia de PROCELAC sostenía que “La Usina Producciones” debió ser inhabilitada para contratar con el Estado debido a una deuda tributaria que mantenía con ARBA.
En junio de 2017 se dictó el sobreseimiento de todos los imputados. De acuerdo a la resolución judicial del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción Nº 23, se concluyó que "de las evidencias objetivas colectadas no puede deducirse válidamente la voluntad de algún funcionario público de perjudicar al erario público, o de haber omitido abusivamente la aplicación de alguna disposición normativa, dejando expresamente asentado, que arribo a tal conclusión porque la Fiscalía no ha logrado delinear un accionar delictivo en tal sentido". (DIARIO PERFIL 12/6/2017)
Sin embargo el sobreseimiento fue apelado por el Fiscal Carlos Velarde de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°43 por entender que las declaraciones de los funcionarios imputados eran parciales y que el “juez restó valor a las deficiencias en el Libro Diario apuntadas por los peritos contadores oficiales de las que dijeron que ‘disminuye la confiabilidad de las anotaciones contables’, así como que se registraron los pagos efectuados por el GCBA hasta abril de 2015 (última registración del Libro Diario) y no hasta de diciembre de 2015, y que hay pagos del GCBA que no se ha asociado con carpetas (…) lo que ascendería a $4.383.434 o $4.435.651 (…) por lo que restaría solicitar al GCBA el envío de dicha documentación para conocer si los pagos efectuados por el GCBA tiene respaldo documental. Así también la pericia contable dejó de manifiesto que el GCBA abonó a La Usina Producciones S.R.L. la suma de $24.718.031 por servicios que la Usina contrató por $5.644.989”
La siguiente nómina de personas figuran en la causa pero se desconoce su situación procesal:
ATILIO ALBERTO MEZA, DNI 10.983.600.
CAROLINA STANLEY, DNI 24.873.119, Ex-Ministra de Desarrollo Social y actual de la Nación, Imputada.
GABRIELA MABEL REYBAUD, DNI 18.521.018, ex-ministra de Salud porteña, imputada.
PABLO FACUNDO AMADO GAYTÁN, DNI 29.434.598, ex-secretario de Comunicación Social, Imputado.
HORACIO RODRIGUEZ LARRETA, ex-jefe de Gabinete porteño y actual Jefe de Gobierno.
SANTIAGO VIDELA, mencionado en la apelación del sobreseimiento de Niembro como imputado sin más datos.
OBSERVACIONES: Todos los funcionarios públicos mencionados fueron imputados en 2015. No se encuentra información respecto de si fueron sobreseídos y si la apelación al sobreseimiento de Niembro los alcanza a ellos también.
