La causa se inicia con la denuncia formulada por Leonardo Martinez Herrero el 18 de julio de 2016. A raíz de una causa penal en la que Gabriela Michetti denunció que le habían sustraído la suma de $ 245.000.- y US$ 50.000.- el día en que fue electa vicepresidenta, surge la sospecha respecto del origen de esos fondos.
Leonardo Martínez Herrero se presenta ante la justicia solicitando se investigue la procedencia de los fondos a raíz de información a la que accede a través de las redes sociales, presenta un twitter en que el periodista Roberto Navarro, asegura que los US$ 50.000.- no habían sido declarados.
Michetti respondió a las acusaciones con un comunicado oficial en el que aseguraba que la suma de $ 200.000.- la recibió en carácter de donaciones para la fundación SUMA que ella preside; que $ 45.000.- le pertenecían e iban a ser empleados para una reforma que estaba llevando a cabo en su casa y que los US$ 50.000.- se los había dado su marido teniendo por destino abonar una maestría para su hijo.
Con posterioridad Leonardo Martínez Herrero se presenta a ratificar la denuncia acompañando tres artículos periodísticos relacionados con los hechos puestos en conocimiento (una publicación del Boletín Oficial de la Sociedad Tough Match S.R.L. propiedad de Juan Martín Tonelli Banfi; una constancia donde surge que la Fundación SUMA no posee empleados; y constancias tanto de compras directas como de contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, vinculadas con la empresa Tough Match S.R.L.).
La denuncia buscaba poner en cuestión un supuesto entramado de corrupción que vincula fundaciones relacionadas al partido Propuesta Republicana (“PRO”), con contrataciones directas desde el gobierno de la ciudad sospechadas de generar “retornos” para los funcionarios involucrados.
La investigación por tanto se dividió en la averiguación de si existía algún delito vinculado por un lado al dinero que le fuera sustraído a Michetti y por otro lado a si existía delito relacionado “con la constitución, composición, funcionamiento y financiamiento de distintas fundaciones integradas por miembros del gobierno (entre las que se encuentran las Fundaciones SUMA, presidida por Marta Gabriela Michetti; FUNDAR-JUSTICIA Y SEGURIDAD, presidida por Eugenio Nicolás Burzaco; CREER Y CRECER, presidida por Néstor Grindetti; FORMAR, presidida por Guillermo Javier Dietrich; y PERICLES, presidida por Fabián Rodríguez Simón), las cuales desarrollarían tareas políticas paralelas a las que formalmente despliega el partido político Propuesta Republicana (PRO), financiando así su funcionamiento. En cuanto a este suceso, se señaló además que el Grupo FARALLON, presidido por Eduardo Ramón Gutiérrez, figuraría como aportantes de algunas de las fundaciones mencionadas y se habría beneficiado con millonarios contratos otorgados por parte de funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, para luego presuntamente retornar parte de ese dinero bajo la figura aparente de donaciones” (Resolución del 12 de abril de 2017).
En función de las pruebas reunidas (movimientos bancarios de Michetti y su pareja, libros de todas las fundaciones y extractos bancarios, testimonios, etc) el juez Lijo decidió sobreseer a Michetti por entender que quedó confirmada la legitimidad de la procedencia del dinero sustraído así como la regularidad del manejo de la totalidad de las fundaciones sospechadas.
Monto de perjuicio: $ 245.000.- y US$ 50.000.
