En esta causa (comúnmente conocida como "Coimas en el Senado" o "Sobornos en el Senado") se investiga el presunto pago de coimas ocurrido entre marzo y abril del año 2000, mediante el cual ciertos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional compraron la voluntad de algunos senadores para lograr la sanción de la ley 25.250. Esta ley regulaba una reforma laboral exigida a nuestro país por el Fondo Monetario Internacional, cuyas directivas fueron acatadas por el Gobierno del ex presidente Fernando de la Rúa, para así obtener el finaEl monto total del dinero pagado en sobornos asciende a $5.400.000. Si se tiene en cuenta que a la época de los hechos aún regía el sistema de convertibilidad, se trata de un perjuicio al Estado de 5.400.000 dólares.
Fernando De Santibañes, José Genoud, Alberto Flamarique y Mario Pontaquarto habrían ofrecido, acordado y luego dado a Augusto Alasino, Remo Costanzo, Ricardo Branda, Alberto Tell y Emilio Cantarero la suma de $4.700.000 para que modifiquen su voluntad y aprueben –la noche del 26 de abril de 2000- el proyecto de reforma laboral que culminó en la sanción y promulgación de la ley 25.250. Fernando De la Rúa, como Presidente de la Nación, habría participado del acuerdo ilegal, ordenado que se pague el dinero y controlado en todo momento el desarrollo del delito a través de sus subordinados jerárquicos.
Al día siguiente, el 27 de abril, antes de emprender su viaje a Jordania, Pontaquarto habría entregado a Genoud en su despacho ubicado en el Congreso de la Nación la “comisión por la gestión”: $700.000 que compartiría luego con Alberto Flamarique.
ABSOLUCIONES
El 23 de diciembre de 2013, el Tribunal Oral absolvió a los ocho acusados que estaban siendo juzgados al momento, considerando que el hecho no fue probado.
En la misma sentencia, los jueces ordenaron que se investiguen: "las circunstancias que rodearon la presentación de Mario Luis Pontaquarto como supuesto arrepentido", "las circunstancias que rodearon la declaración testimonial de Luis Alberto Ruidía" (ex chofer de la SIDE), y "la posible comisión del delito de falso testimonio en que habrían incurrido Aníbal Ibarra, Sandra Patricia Montero [ex secretaria de Costanzo] y Jorge Florentino Barca [amigo de Pontaquarto]".
Asimismo, ordenaron remitir copia de la sentencia al Consejo de la Magistratura (en referencia al juez Rafecas), y al Tribunal de ética del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (en referencia al abogado Hugo Wortman Jofré). Por último, se excluyó a Mario Luis Pontaquarto y Sandra Patricia Montero del Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados, y se impuso el pago de las costas a la Oficina Anticorrupción.
En diciembre de 2015, la Cámara Federal de Casación confirmó la absolución del ex presidente Fernando de la Rúa y del resto de los acusados. En esa oportunidad, los magistrados declararon que no había elementos que probaran que los sobornos hayan existido y que, por lo tanto, correspondía aplicarse el beneficio de la duda.
Junto con De la Rúa, Casación también ratificó allí las absoluciones de ex jefe de la SIDE ex Fernando de Santibañes; del ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique –a quien en el juicio la Fiscalía y la querella no acusaron–; de los ex senadores del PJ Alberto Tell, Remo Constanzo, Ricardo Branda y Augusto Alasino; y del arrepentido Pontaquarto.
Tras el fallo, el fiscal de esa instancia, Javier de Luca, y los abogados de la Oficina Anticorrupción acordaron no apelar esa decisión ante la Corte Suprema, al considerar que los plazos procesales se agotaron.
FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS
Fernando de la Rúa: Era el Presidente de la Nación. Se le imputa haber autorizado el ofrecimiento de una suma de dinero a algunos de los Senadores justicialistas para que apoyaran el proyecto de ley. En su despacho se habría realizado la reunión donde se acordó este pago.
Mario Luis Pontaquarto: Era el Secretario Parlamentario de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, afiliado al partido radical y fiel colaborador de José Genoud. Fue elegido para participar en la maniobra por la buena relación y diálogo que mantenía con los senadores de la oposición justicialista
Él habría retirado de la Secretaría de Inteligencia el dinero para luego distribuirlo entre los legisladores. A fines de 2003, confesó el delito y su participación en él, y describió toda la maniobra, corroborando la hipótesis delictiva que había elaborado la fiscalía.
José Genoud: Era Senador Nacional por la Unión Cívica Radical de Mendoza y Presidente Provisional del Senado. Habría participado en la reunión realizada en el despacho de De la Rúa como representante del bloque oficialista, junto al ex presidente y Pontaquarto. Falleció en 2008.
Fernando Jorge de Santibáñes: Se encontraba a cargo de la Secretaría de Inteligencia del Estado (conocida actualmente como Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación). Él fue quien le habría dado a Pontaquarto el dinero extraído de los fondos de su Secretaría para sobornar a los senadores.
Mario Alberto Flamarique: Era el Ministro de Trabajo. Habría participado en la reunión en el despacho de De la Rúa, designado por el ex Presidente como el único negociador político que representaba la voluntad del Poder Ejecutivo frente a los demás actores involucrados en el proceso de reforma de la ley laboral.
Emilio Marcelo Cantarero: Era uno de los Senadores justicialistas que habrían integrado el bloque opositor en la reunión donde se acordaron los sobornos.
Alberto Máximo Tell: Era Senador del Partido Justicialista de Jujuy y el presidente de la Comisión de Legislación Laboral. Habría sido uno de los que integró el bloque opositor en la reunión donde se acordaron los sobornos.
Augusto José María Alasino: Era Senador por el Partido Justicialista de Entre Ríos y presidente del bloque del Partido Justicialista. Habría sido uno de los que integró el bloque opositor en la reunión donde se acordaron los sobornos.
Remo José Costanzo: Era Senador por el Partido Justicialista, y habría sido uno de los que integró el bloque opositor en la reunión donde se acordaron los sobornos.
Ricardo Alberto Branda: Era Senador por el Partido Justicialista y Presidente de la Comisión de Legislación General. Habría sido uno de los que integró el bloque opositor en la reunión donde se acordaron los sobornos.
MONTO DEL PERJUICIO
El monto total del dinero pagado en sobornos asciende a $5.400.000. Si se tiene en cuenta que a la época de los hechos aún regía el sistema de convertibilidad, se trata de un perjuicio al Estado de 5.400.000 dólares.
-
En la etapa de instrucción, esta causa se identificaba con el nº 9900/00 y estaba caratulada como n.n. s/cohecho.
