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La Corte Suprema de Santa Fe resolvió el viernes pasado que la Justicia provincial es competente para intervenir en delitos de lavado de activos.
Se trata de la megacausa de fraude inmobiliario, donde los fiscales sostuvieron que los acusados se apoderaban de inmuebles a través de maniobras convalidadas por escribanos en una acción que incluía el lavado de dinero.
De la resolución se desprende que no hay impedimento legal para que intervengan jueces de la provincia en trámites de lavado.
El Ministerio Público de la Acusación (MPA), en especial de Rosario, reclama desde hace tiempo la potestad de avanzar en las investigaciones de lavado. Los/as fiscales del MPA sostienen que la competencia provincial del lavado de activos es una herramienta fundamental no solo para perseguir delitos económicos sino, fundamentalmente, para dominar a las organizaciones criminales violentas.
Si se pone el foco en los bienes de las organizaciones criminales con la finalidad de desapoderarlos de los mismos, la violencia que producen esos grupos pierde sentido, sostienen.
En el voto del juez de la Corte Daniel Erbetta se señala que no es razonable que un caso que se despliega en el territorio provincial sea investigado por un fuero de excepción como es la Justicia Federal.
En el presente caso los defensores de los acusados "no logran demostrar que el lavado de activos endilgado a los justiciables no sea consecuencia de delitos ordinarios cometidos en el ámbito de la provincia de Santa Fe, ni que afecten intereses que excedan los personales e institucionales -bien jurídico orden económico y financiero- locales".
La dra. Angélica Gastaldi, jueza de la Corte, destaca en su voto que "El fuero federal es de excepción". Y sostiene “en nuestro régimen federal de gobierno los órganos del Estado Nacional solo poseen las atribuciones que las provincias les han delegado, la atribución de llevar adelante los juicios por delitos que tienen incidencia sobre intereses locales, que tienen lugar en el territorio provincial, no forma parte de aquella".
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