Los buenos y los malos: el relato de la corrupción en España.
Por Milena Berbari Luluaga
El caso de Rodrigo Rato posee varias aristas a partir de las cuales se puede realizar un análisis muy enriquecedor, sobre todo para lograr entender aunque sea someramente la situación actual de España, sobre todo en materia de corrupción.
Eje de los noticieros, tapa de los periódicos, tema de conversación latente entre los españoles, son cuestiones que nos pueden llevar a afirmar que este caso es de gran importancia actual para España. Esto se debe principalmente a dos factores: a que la corrupción es un tema en boga hoy en día en este país y a la cobertura de 24 horas por parte de los medios de comunicación.
La corrupción como problemática latente y sus consecuencias.
Según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas de 2014, la corrupción es el segundo de los principales problemas que atraviesan a España en consideración de la población, sólo encontrándose por detrás del desempleo. Es más, según los últimos resultados del Eurobarómetro, el 65% de los encuestados aseguran que el problema de la corrupción en España es muy habitual, que en los últimos tres años el 77% establece que la corrupción ha aumentado totalmente y el 63% cree que la corrupción afecta directamente su vida diaria.
Ahora bien, es necesario aclarar que los delitos que se le imputan a Rodrigo Rato afectan, por ahora y según los términos de la investigación, a la esfera de su actuación privada, no a la pública. Es decir, que hoy por hoy no se investigan comisiones políticas, desvíos de fondos públicos, prevaricaciones ni cohechos. No se trata de “corrupción pública” en términos estrictos, aunque sí se trata de hechos imputados muy graves relativos a la criminalidad económica. Sin embargo, se percibe la indignación de las personas y los cuestionamientos de ¿Cuándo empezó el fraude?¿Rato ya amasaba su fortuna ilegal cuando era dirigente del PP, cuando era vicepresidente de Aznar o cuando era director gerente del FMI?¿Rato ya era defraudador cuando fue presidente de Bankia o cuando dejó el FMI en el 2008 con la intención de suceder a Rajoy?. Ya que se sabe que Rato ha ocupado altos cargos en el gobierno español, los comportamientos que se le atribuyen no son los que el pueblo español esperaría de sus ex funcionarios públicos y, aunque todavía nada lo asegure, existe un cierto juicio de valor sobre su posible participación en actos corruptos cuando ocupaba cargos en el Estado.
Los juicios paralelos.
El problema de la corrupción es percibido como tan alto por la propia sociedad y existe un clima de tal hartazgo que automáticamente comienzan a realizarse juicios que resultan paralelos al que le corresponde a Rato frente a un juez imparcial, como cualquier ciudadano. Y es que si el propio ministro de Hacienda Cristóbal Montoro la semana pasada ha dicho públicamente en conferencia de prensa que “no entiende que una persona de la relevancia de Rodrigo Rato pueda haberse comportado así" y que se sentía “enfadado y decepcionado”, lamentando “que alguien tan próximo a él y con tan altas responsabilidades haya podido defraudar así a la ciudadanía", cómo vamos a esperar una conducta distinta por parte de los medios de comunicación o de la propia ciudadanía.
Porque en este punto es válido recordar que la Constitución española, como la mayoría de las constituciones del mundo, establece el llamado principio de presunción de inocencia, como pilar fundamental de cualquier sistema democrático y de respeto por los derechos fundamentales. Este principio, por el cual todos somos inocentes hasta que se establezca lo contrario mediante sentencia firme condenatoria, ha sido totalmente olvidado en países que se hacen llamar así mismos Estados de Derecho, donde todo el mundo lleva a cabo el papel de juez, impulsados y dirigidos en gran medida por la influencia y a veces presión de los medios de comunicación.
Y aquí aparece el segundo factor del que hablábamos. El asunto de estos "juicios paralelos" es muy interesante, pues es al mismo tiempo fruto de la grandeza y la miseria de una sociedad. Grandeza, porque se dan las condiciones para que una prensa libre colabore con la sociedad a que tenga y forme un criterio respecto de la gestión de los servidores públicos. Miseria, porque esa prensa no siempre es responsable, y con demasiada frecuencia sirve a intereses de grupos políticos y/o económicos, distorsionando la realidad.
Para demostrar este punto, vamos al momento en que Rodrigo Rato era detenido por agentes de la Aduana.Es difícil distinguir si nos encontrábamos ante uno de los mayores éxitos de la democracia Española, un gran espectáculo mediático o la propia ejecución pública de Rato, al estilo de la edad media, frente al sacrificio exigido por la masa agolpada en las calles. Porque es verdad que Rato contaba con todas las características exigidas para esta clase de espectáculos: hombre rico, poderoso y ya interrogado en los tribunales. También es verdad que se filtraron informaciones sobre la amnistía fiscal que sólo debería conocer la Agencia Tributaria y el juez en la instrucción y sin embargo es el propio Gobierno el que confirma que Rato se acogió a la amnistía fiscal cuando tiene prohibido dar datos sobre los investigados, no siendo la primera vez que unas diligencias de investigación, que además son declaradas secretas por el juez, acaban siendo publicadas. Es verdad también que alguien avisó con antelación a los medios de que se iba a producir la detención para que pudieran tomar posiciones frente al domicilio, como así también es verdad lo impactante de las imágenes que vieron millones de españoles a la hora de la cena sentados frente a sus televisores: Agentes de la autoridad llegando al domicilio de Rato, de pronto apareció el personaje y fue vejado por la rutinaria mano del agente sobre la nuca del malhechor esposado que es introducido en el coche policial. Y el infaltable grito oportuno y destructivo: "¡Vete de este barrio!" de un vecino. Luego la imagen de los agentes permaneciendo horas en su casa investigando papeles ante el suspenso sostenido por las cámaras. Luego de ese episodio, los periódicos se llenaron de interpretaciones acerca de la detención: Fin de una época: la destrucción del Partido Popular o Funciona el Estado de Derecho: el cartel electoral del Partido Popular. Una cosa era segura, en ese momento ya no quedaban dudas de que Rodrigo Rato era un reo confirmado, un maldito. Es necesario aclarar que no se trata de una defensa incondicional de la inocencia de Rodrigo Rato. No puede serlo simplemente porque ninguno de los medios de comunicación o los ciudadanos poseen pruebas de su inocencia ni tampoco de su culpabilidad. Eso queda para los jueces. Pero lamentablemente la pena mediática da por supuesta la decisión que todavía no ha tomado el juez y, en consecuencia, Rato ha sido objeto de una presunción de culpabilidad deducida de un gran espectáculo mediático. Además, el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que "la detención deberá practicarse en la forma que menos perjudique al detenido en su persona, reputación o patrimonio". ¿Hasta dónde llegó el derecho a la intimidad del acusado en este caso? Entonces, como decía un artículo del diario El Mundo, “Por muchas fiestas de la Constitución que celebremos, al final, nada como una bonita y bien sangrienta ejecución en plaza pública.”
¿Igualdad ante la ley?
Muchos alegan que estas imágenes se realizan para demostrar que todos somos iguales ante la ley. Pero, obviamente, la organización de estos espectáculos televisivos no demuestra nada sobre la ley. Lo que demuestra es una verdad viejísima, y es que no todos somos iguales ante los medios. Cualquier hombre sin relieve público, acusado de los mismos delitos que Rato, habría sido registrado y llevado a declarar en el silencio y la oscuridad más indiferentes y estrictos. Y aquí hago referencia a un artículo de opinión de Jorge Bustos que deja mucho por reflexionar: ¿Es Rato un humano normal? Según la retórica de Montoro lo es, y como a tal le aplica la ley; pero según el pensamiento de Montoro no lo es en absoluto, y por eso le monta el gran carnaval mediático en la puerta de su casa de pijo expiatorio (…) para salir a presumir de que aquí nadie es más que nadie, que los poderes andan bien separados, que el Gobierno tiene un compromiso con la regeneración tan largo que le mide hasta el Barrio de Salamanca”, “Pero no. Rato no era un ser humano normal en el auge y no lo es en la caída. Lo prueba el instinto carroñero de los medios, que nunca se equivoca: donde se reúnen, hay cadáver. ¿Y por qué no se reúnen en círculos sobre el Mediterráneo, que es un cementerio marino de un millón de cadáveres según las próximas estadísticas? Pues porque tampoco los negros son seres humanos normales, claro. La desigualdad congénita del hombre la estira nuestra vanidad hasta el mismo camposanto, donde algunos duermen en panteón rococó y otros se enlatan en nichos como gavetas, que a todos nos iguala la muerte pero en el recuerdo unos siempre son más iguales que otros. El primer borrador de ese recuerdo lo administra el periodismo, y no con la igualdad en la mirilla sino con su negación: lo común no es noticia. Es común que unas decenas de negros se ahoguen semanalmente cuando llega el buen tiempo; no lo es que Rodrigo Rato sea detenido.”
El deficiente funcionamiento de la justicia como “la otra cara de la moneda”.
Es verdad que el análisis no sería completo si no reconocemos otra verdad que pone de manifiesto correctamente Pedro G. Cuartango en un artículo de opinión: “No hay justificación jurídica para el espectáculo de estas detenciones. Tampoco son aceptables los juicios populares. Pero desgraciadamente el sistema judicial es tan lento, tan garantista y tan ineficaz que las imágenes de ayer son el justo castigo a la impresentable conducta de Rato”. Esto quiere decir que frente al hecho indiscutible del mal funcionamiento actual del sistema judicial y penal en su conjunto, la ciudadanía comienza a desconfiar en las instituciones y en las respuestas que para cada caso exigen las leyes, y comienza la necesidad de realizar una justicia por mano propia. Así, ya que la justicia no actuará o lo hará lentamente, la ciudadanía y los medios se encargarán de otorgar al delincuente el castigo que se merece. Esta es una situación totalmente entendible como así también criticable, ya que estos juicios paralelos de los que hablamos, no sólo afectan los derechos fundamentales de presunción de inocencia, honor, debido proceso e intimidad personal y familiar, sino que además perturban las investigaciones y procedimientos judiciales, influyen en la imparcialidad de los tribunales, significan una gran presión para los jueces, lo que en definitiva perjudica la credibilidad de la Justicia. Esto, unido a otros factores importantes, hacen que la ineficacia y pobre respuesta de los tribunales sea aún mayor, creando un círculo vicioso, en donde aumenta aún más la desconfianza ciudadana y hay mayor necesidad de realizar juicios paralelos y represión por mano propia.
Por último, con respecto a este tema, es importante analizar que si a una persona tan relevante como ha sido Rato se la trata con desprecio a cuanto dicen las leyes sobre la necesidad de proteger la presunción de inocencia y otros derechos, resulta inquietante pensar en los ciudadanos anónimos enfrentados diariamente a la fuerza policial y tributaria del Gobierno. Que la Justicia debe mejorar su actuación es un llamado de atención y un pedido que todos hacemos. Ahora bien, la falta de respeto por las garantías y derechos procesales de cualquier procesado no sería ni por lejos una solución a este problema, y debemos también velar por su cumplimiento estricto.
El uso y “abuso” del caso.
Otro aspecto digno de analizar es la siguiente pregunta:¿Quién filtró la información? Nadie duda de que se han venido publicando informaciones que sólo pueden provenir de instancias de la Administración Pública o del propio Gobierno. Es posible que Rajoy esté siendo víctima de un golpe interno o puede ser que desde fuera, pero con información suficiente, se pretende perjudicar al partido oficialista a menos de un mes de las elecciones municipales y autonómicas que se realizan en España.
Sea como sea, este asunto ha sido utilizado por los diversos partidos políticos y por la prensa, al servicio de sus intereses. Así, por un lado, los que están en contra del oficialismo, aprovechando que Rato ha sido uno de los referentes del PP y cercano al actual presidente, pronostican resultados totalmente negativos para dicho partido en las próximas elecciones y para la propia imagen del Presidente de Gobierno, considerando que la corrupción es el principal “demonio” que aqueja al PP, ya que no es el primer caso que sale a la luz. Un ejemplo de ello es la nota del diario español El Mundo, del 24 de abril en donde dice “la principal característica de las bombas de neutrones es que tenían una inmensa potencia de destrucción, pero sólo de los seres vivos, dejando intactos edificios, carreteras y todo tipo de instalaciones. Una bomba de neutrones lanzada sobre una ciudad habría dejado en pie su esqueleto entero, pero habría destruido todo vestigio de vida. Eso es lo que les está pasando a los miembros del PP. Están muriendo política y electoralmente en masa aunque sus estructuras de poder se mantienen todavía incólumes. Pero llegan muertos a las próximas elecciones. Si ya antes de esto los dirigentes del Partido Popular se veían amenazados por el abandono de sus votantes tradicionales, los efectos radiactivos del caso Rato han multiplicado la destrucción de sus miembros hasta aniquilar a todo el capital humano que compone al partido.”
Por otro lado, el líder del partido político Ciudadanos, Albert Rivera, ha advertido que Mariano Rajoy debe estar "muy preocupado" porque la detención de Rodrigo Rato es el símbolo de un "fin de etapa" y ha señalado que el jefe del Ejecutivo "no quiere asumir que se agota un modelo tanto de partido como de país". Y que Ciudadanos apuesta por abordar el problema de la corrupción "como una lacra nacional"." y "hacer un pacto nacional" contra la misma.
También, el Partido Socialista (PSOE), ha hecho uso del asunto, acusando a Mariano Rajoy de propiciar una "pérdida de la calidad democrática" en las instituciones puesto que “el Gobierno las utiliza en beneficio de los suyos”, haciendo referencia al uso de la amnistía fiscal dictada por el propio PP, de la cual se vio beneficiado Rato. Además, ha reclamado la reprobación del ministro de Hacienda, así como la publicación de la lista de las personas y sociedades que se acogieron a la amnistía fiscal de 2012 ya que es “la única forma de lograr una mayor transparencia”. Esta iniciativa del PSOE contó con el voto favorable de todos los grupos de la oposición salvo CiU. Sin embargo, el PP ha rechazo tal publicación justificando que el PSOE tiene un interés electoral "torticero" y ha recordado que los socialistas no pueden dar lecciones sobre corrupción, en medio del caso de los ERE, donde varios funcionarios de dicho partidos están implicados en casos de corrupción, como así también que el propio director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, dejó entrever que entre los cerca de 30.000 amnistiados hay también políticos del PSOE. Ahora nadie puede evitar que la oposición pretenda jugar el partido en un campo que, pese a sus propios pecados, considera que le es favorable ya que nada es comparable a ojos de los ciudadanos que los escándalos que afectan de lleno al Gobierno de turno y a su partido.
Ahora bien, también aquí es muy importante observar la postura que ha adoptado el PP ante esta cuestión, tratando de hacer un problema el baluarte de su campaña política. Esto es así ya que la posición del PP es demostrar que están tan preocupados por la corrupción y ocupado en su lucha que aún el miembro más referente y querido de su partido va a ser tratado sin preferencias algunas, convirtiéndose en espadachines de la transparencia, mostrando decepción y frustración con el que fue su referente, limitando los hechos a su entorno privado y presentándose como víctimas de los ataques contra el partido de gobierno. Estas ideas las encontramos en los dichos de Rajoy, admitiendo que el caso de Rodrigo Rato "afecta especialmente" a su partido, el PP, pero insistiendo en que todos los españoles son iguales ante la ley " y asegurando que, con respecto a la amnistía fiscal, la misma “no borra ni limpia delitos” y que Rato será perseguido penalmente como cualquier ciudadano común. “A partir de ahora estaremos a lo que diga la Agencia Tributaria, la Fiscalía y la Justicia, y el Gobierno garantizará la independencia, como ha hecho siempre” y subraya que su Gobierno ha hecho "batalla" de la lucha contra cualquier tipo de fraude, "sin entrar a prejuzgar absolutamente nada”. En el mismo sentido ha actuado el ministro de Hacienda al advertir que “España, una vez estudiados todos los sistemas comparados, es ahora uno de los peores países del mundo para defraudar: “Si queda alguna persona por ahí que no ha declarado correctamente tiene poco tiempo para hacerlo, da igual el relieve social, el político o el económico que uno se atribuya ya que todos somos iguales ante la ley”. También ha dejado bien en claro que el caso Rato es un asunto “particular y no tiene relación con el cargo que tuvo en el ámbito público”. Es decir que le afecta como contribuyente individual y no a la época en la que era vicepresidente o cuando dirigía toda el área económica de la era Aznar, que ha pasado al acervo popular como el mejor aval de la historia del partido.
De héroe a villano
Entonces, hemos pasado de considerar a Rato como "el mejor Ministro de Economía de la democracia" a ser objeto de toda investigación, probablemente promovida por quienes fueron compañeros de partido. ¿Es un "sacrificio humano" en aras de la Diosa de la transparencia, ahora que se avecinan las elecciones? Algo parecido con el asunto de Pujol: fue el "héroe nacional español" durante décadas porque, a cambio de influencias, poder y dinero, tuvo contentos a todos los que desde Madrid le pidieron apoyos para gobernar, ya fueran de derechas o de izquierdas. Ahora, como hay que combatir duramente el nacionalismo, Pujol fue desposeído de toda la protección y convertido ante el público en “ladrón”, aunque todos los que convivieron con él estaban enterados de sus comportamientos. De algún modo, en casos como éste se ve que hasta la lucha contra la corrupción puede llegar a ser corrupta. ¿Hasta qué punto hay un compromiso serio de los gobiernos por luchar contra la corrupción? ¿O sólo se utiliza como caballito de batalla en épocas de elecciones, ya sea como ejes de campaña propia o como crítica al partido opuesto, y luego que concluyen las mismas y ocupa un determinado partido el poder se olvida de esta lucha de la cual tanto prometió y los partidos perdedores sólo la utilizan para atacar al gobierno de turno, esperando su propia oportunidad de tomar el poder?
Un problema de todos
Por último es necesario que como sociedad nos miremos al espejo. Antes de señalar a Rato o a cualquier otro como “corrupto”, tendríamos que preguntarnos si realmente somos mejores que ellos. Si tenemos en libro a la empleada doméstica, si pedimos la factura de todo, si nunca hemos intentado pagar menos impuestos, ni aprovecharnos de algún contacto para lograr un puesto de privilegio, etc. Obviamente salvando las grandes distancias con personas como Rato que sus actuaciones pueden repercutir y perjudicar ampliamente el ámbito público, es verdad que somos pueblos de hoguera fácil, sentimos tanto furor por el escarmiento ajeno que preferimos causar dolor que defender y trabajar todos los días desde nuestro lugar en pos de nuestros intereses como sociedad.
Lo sucedido con Rato es triste. Igualmente también es triste que lo que sucede con cada caso de corrupción que sale a la luz en un país, tanto que sea un supuesto como así también, y en mayor medida, si es un caso confirmado. Es triste porque son síntomas de que la democracia, las instituciones y el sistema en sí mismo están fallando y que estamos yendo por el camino equivocado al no estar disminuyendo el problema ni atacándolo de raíz. Y es claro que en este caso de Rodrigo Rato, como de los tantos políticos imputados por corrupción, es necesario hacer justicia, pero hacerla bien. La justicia mal hecha no es justicia, es venganza o el síntoma evidente de que no entendimos ni internalizamos cómo debe funcionar un Estado de Derecho.