En el día de ayer el Tribunal Oral Federal 4 de Comodoro Py inició el juicio por la causa conocida como “Skanska”. La investigación se inició en el año 2005, a raíz de una denuncia de AFIP por el presunto pago de coimas por parte de la empresa Skanska S.A a funcionarios del Estado Nacional, por 17 millones de pesos, equivalente a por lo menos 4 millones de dólares de ese momento. Los sobornos se habrían pagado a través de facturas apócrifas otorgadas por empresas fantasmas.
En noviembre de 2006 el Juez Javier López Biscayart comienza a investigar la hipótesis del pago de sobornos a funcionarios públicos en razón de resultar la empresa Skanska adjudicataria del proyecto del Gasoducto Norte, relativo a la ampliación de una planta compresora de gas en Deán Funes, Provincia de Córdoba, en el año 2005.
Skanska se ha visto involucrada en otros casos de corrupción alrededor del mundo: el Proyecto de ampliación del Gasoducto Camisea en Perú, la represa Urrá en Colombia, la represa Bujagali en Uganda, la represa Pergau en Malasia, el dique Hotmail en Sri Lanka, la construcción de hospitales en la Isla de Malta. Se trata como en tantos otros casos de un comportamiento de la empresa, lo cual fue advertido por el CIPCE en el año 2007 ante el Punto Nacional de Contacto de la OCDE, la embajada Sueca en Argentina y la justicia sueca, no sólo en relación a los hechos de corrupción y evasión sino también por la afectación del medio ambiente.
El caso Skanska pone en evidencia la impunidad de la criminalidad económica en Argentina y cuál ha sido el rol de la Justicia federal. Al mismo tiempo, permite dar cuenta de la lógica relacional de la criminalidad económica toda vez que podemos visibilizar qué rol cumplieron los funcionarios públicos como los empresarios. Aquí se ve con claridad a la corrupción (incluso a nivel internacional) como una forma de hacer negocios.
Desde CIPCE sostenemos desde hace años que los/as empresarios/as no son víctimas sino responsables fundamentales en esta matriz criminal que continúa vigente hasta la actualidad y que se caracteriza por las fuertes presiones en materia regulatoria, el control sobre los procesos de compras públicas y la prebenda a cambio de información privilegiada. La investigación de estas cuestiones debe extenderse a todo el país y a todas las actividades económicas involucradas. En particular, resulta fundamental investigar al sistema financiero.
Este caso es uno de los tantos que corroboran la ineficacia de la persecución en este tipo de delincuencia. La demora de 18 años para enjuiciar las presentes maniobras no puede ser celebrada bajo ningún concepto, por el contrario, refleja la necesidad absoluta de que se generen múltiples cambios para no perpetuar la impunidad en materia de criminalidad económica, entre ellos:
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Implementar de manera urgente el nuevo Código Procesal Penal de la Nación, para que la justicia federal abandone un sistema fundamentalmente escrito y secreto, y el Ministerio Público Fiscal pueda reorganizar la persecución penal.
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Impulsar políticas de recupero de activos. Hoy por hoy existen herramientas para localizar, cautelar y recuperar el dinero ilícito. Es responsabilidad de los/as operadores/as judiciales aplicarlas.
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Desarrollar políticas de prevención y persecución de la corrupción y la criminalidad económica que dejen de hacer distinciones ilegales en base al partido político involucrado en cada caso.
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Transparentar el sistema de financiamiento de la política (por ejemplo, garantizando el conocimiento público sobre el historial de créditos y débitos operados en las cuentas bancarias de los partidos y alianzas políticas y generando un marco legal que restrinja al máximo las fuentes de financiamiento privado tanto a partidos y alianzas como a candidatos/as).
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Fortalecer la red de organismos de control y supervisión en esta materia.