Artículo de Federico Miguel Martínez, publicado en Sin Corrupción.
Con el devenir de la democracia, hace ya más de 30 años, surgió un nuevo paradigma en relación al rol que las Fuerzas Armadas deben ocupar en nuestro país. Si bien es cierto que nuestra Constitución y leyes posteriores son claras al respecto, intentar dar por finalizada la discusión en ese punto no es más que intentar frenar una ola con las manos. Un intercambio de ideas, que con ferviente arraigo constitucional, busque entender la lógica del actual escenario geopolítico mundial del que no es ajena nuestra Nación, es necesario frente a la situación actual de las Fuerzas Armadas y su nebulosa existencial.
Escribir a este respecto obliga a plasmar ciertos números que nos indicaran el verdadero valor que el poder político de turno le da a esta cuestión. Actualmente la partida presupuestaria asignada para la cartera de defensa supera apenas el 0,9% del PBI (es oportuno recordar que se asigno una partida presupuestaria extra producto de lo tristemente ocurrido con el submarino ARA “San Juan”, la realización de la reunión del G20 y la impotencia de brindar una adecuada seguridad aérea a los participantes de la misma). Según datos del Banco Mundial, en comparación con las restantes naciones de América del Sur, Argentina es el país que menos recursos le asigna a la defensa en proporción a su PBI. Por ejemplo: Brasil gasta un 1,3% de su producto, Bolivia 1,6% y Chile un 1,8%. Colombia, el que más presupuesto le reserva a sus Fuerzas Armadas en el subcontinente, llega a un 3,4%. El gráfico ilustra la relación entre el gasto militar y el tamaño de la economía: cuanto más grande es el país, más presupuesto asigna, en proporción, a Defensa. Mencionar esta cuestión no es menor, ni pasajero, sobre todo si tenemos presente el altísimo costo operativo que demanda sostener una Fuerza Armada con capacidad suficiente para dar una respuesta satisfactoria a la misión que le sea asignada.
En este marco debo destacar que parece insostenible, desde lo racional, plantear un incremento presupuestario a un aparato del Estado que no tiene un rol definido. En otras palabras, en términos un poco más coloquiales, ¿más dinero para comprar o hacer qué?, ¿En función de dar protección a qué objetivos?, etc.
Si bien la intención de este artículo no es ahondar en estos matices, es imposible descontextualizarlo de esta cuestión coyuntural por la que atraviesa Argentina. Dicho esto, y salvadas las aclaraciones mencionadas, es momento de hablar del modo en el cual se administran los recursos económicos existentes y asignados a cada una de las diferentes unidades militares desplegadas a lo largo y ancho de nuestro país. En el transcurrir de estos últimos años, al igual que a lo largo de la historia de nuestro país, como es de público conocimiento, en el ámbito militar se han sucedido diversos hechos ilícitos (Vg. La desaparición del misil antitanque modelo “TOW 2” en un regimiento de la ciudad de La Plata, la inexplicable faltante de 26.000 municiones en otra base militar con asiento en la ciudad de Fray Luis Beltran, etc. Ambos son hechos absolutamente mediatizados, y nombrados en carácter meramente ejemplificativo) que ponen en evidencia ciertas malas prácticas a la hora de dar una adecuado usos a las partidas presupuestarias asignadas por el poder político de turno y administradas por cada Fuerza en particular; estas prácticas son en muchas ocasiones ilícitas en tanto que otras, constituyen actos legales pero no
transparentes.
Todo accionar destinado a prevenir estas conductas maliciosas en principio son beneficiosos, pero mucho más aún si se los lleva acabo de manera ordenada y organizada, trabajando sobre la consciencia del individuo militar en formación, desde sus inicios, educando sobre la materia y los mandos superiores, predicando con el ejemplo. Adquirimos real dimensión sobre esta problemática cuando visualizamos la herida que se produce en el erario público en general y, en particular, la estocada mortal que se le asesta a los fondos asignados a las Fuerzas.
Brindar una formación seria respecto de esta temática que está en pleno auge, acompañada de la implementación de acciones concretas, en tiempo real, destinadas a sancionar a quienes incurran en estas actividades ilícitas relacionas con el tema o bien en prácticas no transparentes, constituyen el doble esfuerzo que servirá de puntapié inicial para el combate serio de este tumor maligno que aqueja de manera transversal a la totalidad de las Fuerzas.
¿Cómo diseñar una estrategia inteligente para prevenir este flagelo? He aquí el quid de la cuestión. Un cambio de paradigma fue necesario, el actual enfoque preventivo en contraposición al anterior predominantemente represivo, que trabaja principalmente sobre el hecho consumado, demanda la construcción de cimientos fuertes de cara a las futuras generaciones de militares y, a su vez, invita a trabajar de manera profunda en la corrección de aquellas malas conductas que se presentan en el accionar cotidiano de quienes actualmente ocupan los cargos con poder de decisión (oficiales y/o suboficiales por igual, ambos en ecuánime medida a los fines que persigue el presente artículo).
Como vine detallando a lo largo del presente artículo todo esfuerzo que se alcance al respecto es útil, pero el mismo debe ser ordenado y estar dotado de una lógica solución de continuidad a lo largo del tiempo. En este sentido, es imperiosa la elaboración de un mapa de riesgo de cada una de las Instituciones Militares de la Nación y del conjunto de entes descentralizados que dan forman al aparato bélico del País. En este sentido, una vez obtenido el indicador mencionado, tendremos un panorama concreto el cual nos permitirá definir los diferentes focos de atención, encaminando diversas tareas tendientes a brindar una solución definitiva o bien resolver la aplicación de diferentes acciones de carácter preventivo.
En un plano general la elaboración de manual de buenas prácticas y/o de ejercicio ético de la función, acompañado de un eficiente sistema de protección del denunciante son los pilares para la construcción de la consciencia colectiva al respecto. Esta lógica cotidiana de conducta es la más eficaz de las herramientas para optimizar los diferentes procesos que dan vida a este aparato del Estado.
A modo de cierre de la presente y no de conclusión (esta última es tarea de los lectores) debo destacar que la elaboración de un protocolo de denuncias brindaría mayor agilidad al trámite de las mismas, el cual a su vez otorgaría un absoluto marco de protección a quién dé noticia cierta sobre la comisión de hechos de corrupción que sean objeto de investigación del área oportunamente designada para su investigación. Este esfuerzo es quizás el punto de inicio de una política seria que entienda y atienda estas cuestiones.