La causa se inició el día 22 de septiembre del año 2009 en momentos en que personal de la Comisaría 11° de la P.F.A. se hiciera presente en un domicilio de la jurisdicción, en donde se entrevistó con la Sra. Dora Beatriz Viotti quien manifestó que en esa fecha, siendo las 18:49hs., su hija Glenda Burstein había recepcionado un llamado telefónico al abonado 4983-5506, que según su servicio de identificación de llamadas figuraba como anónimo, en el que una voz de sexo masculino refirió que se trataba de una encuesta, por lo que su hija cortó la comunicación.
Posteriormente, siendo las 20:08 hs. de ese día, volvió a recibir un llamado telefónico en esa misma línea, proveniente del abonado 5219-6565, en el que una voz masculina refirió “el teléfono de tu viejo que termina en 3107 lo tiene pinchado el Fino PALACIOS”, cortando abruptamente la comunicación. Así fue que la Sra. Viotti aclaró que el teléfono referenciado se trata del abonado 4986-3107, y que su marido era miembro de la Comisión de Investigación de Víctimas Fallecidas en el Atentado a la A.M.I.A., y que se encontraba de viaje en los EE.UU., formando parte de la comitiva presidencial en la sede de la O.N.U. en la Ciudad de New York, Estados Unidos.
El día 23 de septiembre de 2009, se le recibió declaración testimonial a Glenda Burstein, oportunidad en la que aclaró que el llamado relativo a la encuesta se trató de una voz femenina, mientras que efectivamente, el llamado intimidatorio fue efectuado por una voz masculina. Luego, refirió que el número 4986-3107, correspondía al celular de su padre, Sergio Burstein. Se le corrió vista al fiscal, quien formuló requerimiento de instrucción, solicitando la realización de diversas medidas.
La sala I de la Cámara de Casación Penal formada por los jueces Eduardo Farah, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero le sugirió al Juez Oyarbide que no investigara el expediente como si se tratara de escuchas ilegales aisladas sino como una organización para-estatal de espionaje.
El 31 de marzo de 2010, la Sala I de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal ratificó el fallo del juez Oyarbide (el 18 de diciembre de 2009), que había ampliado sus procesamientos en la causa por escuchas ilegales. La medida también involucra a cinco policías: Diego Gastón Guarda, Raúl Alberto Rojas, David Santiago Amaral, Antonio César Fernández y Rubén Alberto Quintana y a una funcionaria judicial de la provincia de Misiones: Mónica Elizabeth González.
En tanto, la Cámara revocó el procesamiento de Lidia Beatriz Kruchowski, Fernando Javier Castelli y Augusto Gregorio Busse, también funcionarios judiciales de Misiones, que había sido dispuesto por el juez Oyarbide.
Por otro lado, el tribunal bajó la calificación impuesta por Oyarbide por fraude contra la administración pública.
El 14 de mayo de 2010, el Juez Oyarbide dictó procesamiento sin prisión preventiva de José Luis Rey por considerarlo coautor penalmente responsable de los delitos previstos en los Arts. 153, 248 y 293 del Código Penal, las cuales concursan de manera real con los delitos previstos en el art. 153 incisos 2° y 4°, y el art. 293 del Código Penal. Además, se trabó embargo sobre sus bienes y dinero hasta cubrir la suma de doscientos cincuenta mil pesos ($ 250.000).
Se dictó procesamiento sin prisión preventiva de Horacio Enrique Gallardo y se ordenó su inmediata libertad. Se trabó embargo sobre sus bienes y dinero hasta cubrir la suma de doscientos cincuenta mil pesos ($ 250.000).
También se dictó la ampliación de procesamiento de Jorge Alberto Palacios y mantener sobre él la prisión preventiva y el embargo sobre sus bienes y dinero hasta cubrir la suma de doscientos cincuenta mil pesos ($250.000).
Por otra parte, se resolvió dictar procesamiento sin prisión preventiva de Mauricio Macri, quien fue procesado por los delitos de violación de secretos, abuso de autoridad y falisificación de documentos públicos en concurso con el de asociación ilícita (en carácter de miembro); y de Mariano Narodowski, trabar embargo sobre sus bienes y dinero hasta cubrir la suma de doscientos cincuenta mil pesos ($ 250.000).
Se le imputó a Mauricio Macri el tomar parte de la asociación ilícita investigada en autos, circunscribiendo su aporte al haber instrumentado en connivencia con Ciro Gerardo James, el Oficial Auxiliar Diego Gastón Guarda, el Comisario Mayor Antonio Cesar Fernández, el Dr. Horacio Enrique Gallardo y el Dr. Fernando Javier Castelli, la interceptación ilegítima de la línea telefónica perteneciente a Néstor Daniel Leonardo; y el haber instrumentado en connivencia con Jorge Alberto Palacios, Ciro James, Diego Guarda, el Comisario Inspector Raúl Alberto ROJAS, el Dr. Horacio Gallardo, el Dr. Castelli, el Dr. José Luís Rey y la Dra. Mónica Elizabet González, la interceptación ilegítima de la línea telefónica perteneciente a Sergio Leonardo Burstein.
Las conductas descriptas fueron realizadas por Mauricio Macri en su carácter de Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y sirviéndose de la estructura de la Policía Metropolitana y particularmente de las vinculaciones para realizar actividades ilegales del por entonces jefe de la misma, Jorge Alberto Palacios, y del aspirante a ingresar a esa fuerza y empleado del Ministerio de Educación del G.C.B.A, Ciro Gerardo James.
En lo que respecta a la interceptación indebida del abonado perteneciente a Néstor Leonardo, Macri le habría hecho llegar a Ciro James el número de teléfono perteneciente al mencionado Leonardo.
Respecto del rol de Ciro James en el Gobierno porteño, ni Macri ni el imputado Narodowski pudieron brindar una versión unívoca de cuáles eran las actividades que habría realizado para la cartera de educación.
El intento de mezclar a Ciro James como integrante de un grupo de abogados proveniente de la Universidad de la Matanza, fue sólo un elemento más para intentar hacer pasar desapercibida su figura y sobre todo burlar la luz que pudiera echarse sobre las circunstancias que rodearon su ingreso a esa cartera.
Ciro James habría sido contratado en el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para otorgarle una cobertura legal a su actividad ilícita que tuviera como víctima al mencionado Leonardo, retribuir dicha tarea, y protegerlo de ser objeto de una investigación de cualquier índole, y permitir de ese modo que pudiera llevar adelante futuras conductas ilícitas de similares características.
Con respecto a la intervención al teléfono de Sergio Burstein, la información con la que contaba Burstein, quien mantendría, a través del teléfono que le fuera intervenido, conversaciones con el Fiscal de la causa en la que se investigaba al Jefe de la Policía porteña, convertía a la víctima de la intrusión en el eslabón más débil para tener acceso a la información que podía complicar no sólo a Palacios, sino también comprometer el proyecto más trascendente del gobierno de Macri.
Sobre su participación en la asociación ilícita, la mayor demostración de la voluntad de integrar el acuerdo criminal se centra en el hecho de que Macri intentó montar la estructura ilegal, dentro del régimen gubernamental del que era Jefe. Es decir, intentó darle un viso de legalidad a la empresa ilícita conformada, entre otros, por el nombrado Palacios, a quien adjudicara la Jefatura policial local, y Ciro James.
Es decir, mientras que el rol de Palacios ha sido la procura de los números telefónicos a intervenir y el control posterior del producto de aquellas intervenciones ilegítimas, y James resultó ser el nexo entre la estructura local con aquella conformada al efecto en la Ciudad de Posadas, Macri tuvo a su cargo darle un cariz de legalidad al arreglo criminal y ello lo logró al incorporar a las filas del Gobierno del que era Jefe, a los miembros de la asociación ilícita que actuaban en el medio local.
Además, se dictó el sobreseimiento de Guillermo Tristán Montenegro. Se citó a Osvaldo Horacio Chamorro, Rosana Alejandra Barroso, Mónica Elizabet González, Raúl Alberto Rojas, Diego Gastón Guarda y Ciro Gerardo James para declaración de indagatoria.
El 15 de julio de 2010, la Cámara Federal, en un fallo unánime, confirmó el procesamiento de Mauricio Macri como presunto miembro de una "asociación ilícita" dedicada al espionaje ilegal. Dicha sentencia sostiene que Macri conoció y prestó su consentimiento para instalar, en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un aparato de inteligencia prohibido, del cual se habría servido.
A juicio de la Cámara, está demostrado el funcionamiento de un sistema "clandestino", que los jueces definen como "vertiente paralela" de la Policía Metropolitana, creada por Mauricio Macri, montado para poder hacer determinadas operaciones de inteligencia que la ley le prohíbe al gobierno porteño.
El último apartado del fallo incluye varias indicaciones para Oyarbide. Los jueces le ordenaron que hiciera lugar a pruebas pedidas por la defensa de Macri, que investigara a la empresa de seguridad estadounidense contratada por Franco Macri, que determinara si la consultora de seguridad que tenía Palacios aún funciona, y que averiguara quién era el verdadero interesado en cada una de las escuchas.
El 12 de agosto de 2010, El juez federal Norberto Oyarbide dispuso la ampliación del procesamiento del ex funcionario porteño Ciro James. Igual medida tomó con relación a Mónica González, ex secretaria judicial de Misiones, y de los policías de esa provincia Raúl Rojas y Diego Guarda. En la misma resolución, Oyarbide dictó la falta de mérito para el ex ministro de Educación porteño Mariano Narodowski.
Según el juez, a lo largo de esta pesquisa se han comprobado la existencia de solicitudes de intervención telefónica falsas emanadas por la División Homicidios de la Policía de Misiones mediante las cuales se pretendió vincular espuriamente a las personas que se hallan en estado de rebeldía en el marco de las investigaciones en curso en los Juzgados de Instrucción N° 1 y 2 de la ciudad de Posadas, Provincia de Misiones con los usuarios de teléfonos móviles que resultaron ser víctimas de ese accionar ilegal.
El 8 de junio de 2012, la sala III de la Cámara de Casación Penal desestimó una apelación de Mauricio Macri con lo cual quedó en condiciones de ser enviado a juicio oral y público. El tribunal también rechazó el recurso de casación que había planteado la defensa de Macri contra el juez, por lo que Norberto Oyarbide continuará a cargo de la causa.
En febrero de 2014, el juez Federal Sebastián Casanello sostuvo que no hay pruebas suficientes contra el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri como para enviarlo a juicio oral, con lo cual la causa sigue en espera de una resolución final.
El 7 de marzo de 2014, el juez federal Sebastián Casanello, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, resolvió decretar la clausura parcial de la instrucción seguida en la causa nro. 12.466/2009 y ordenar la elevación a juicio del legajo respecto de 11 de los imputados.
Casanello dispuso decretar la nulidad por arbitrariedad fáctica de la decisión oportunamente adoptada por el anterior juez de la causa, Norberto Oyarbide, que entendió completa la investigación respecto de Mauricio Macri y en consecuencia, nulificó los requerimientos de los querellantes y la fiscalía solamente en lo relativo al nombrado.
En los fundamentos de la resolución Casanello sostuvo que la decisión de considerar completa la instrucción en orden a los hechos imputados a Macri, resultó prematura y carente de pruebas que la respaldaran.
Entendió que con independencia de la responsabilidad política que pudiera caberle al jefe de gobierno porteño, las pruebas reunidas en la causa eran insuficientes a esta altura del proceso para avanzar hacia el juicio oral, con fundamento en la atribución de responsabilidad penal.
De los considerandos del resolutorio se desprende que si bien la Cámara Federal oportunamente convalidó el procesamiento decretado respecto de Macri, había sugerido al Dr. Oyarbide profundizar la investigación, a partir de los argumentos introducidos por la defensa, lo cual fue omitido por el anterior juez. En esa línea Casanello dispuso escuchar en declaración testimonial al Ministro Guillermo Montenegro y solicitó informes a la IGJ respecto de una empresa de seguridad privada.
Por su parte el juez de la causa ordenó el sobreseimiento de los cuatro imputados que se hallaban a la fecha con falta de mérito. Consecuentemente las actuaciones serán elevadas a juicio oral respecto de Ciro James, Alberto Palacios, Osvaldo Chamorro, Mariano Narodowski y de los funcionarios policiales y judiciales de la Provincia de Misiones que habían sido procesados.
En marzo de 2015, los abogados de Mauricio Macri presentaron un escrito de 20 carillas ante la Cámara Federal para que el tribunal lo desligue de la causa en la que está procesado por escuchas telefónicas ilegales que sufrieron víctimas de la AMIA y ex familiares suyos.
En julio de 2015, la Sala I de la Cámara Federal porteña determinó que Mauricio Macri debe seguir procesado por su presunta participación en una asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal. El tribunal consideró que hay que evaluar más pruebas antes de definir su situación procesal.
En diciembre de 2015, a días de asumir como presidente el fiscal Jorge Di Lello pidió sobreseer a Mauricio Macri en la causa con fundamento en las nuevas pruebas incorporadas a la misma. Macri fue finalmente sobreseído el 29 de diciembre. El Juez Federal Sebastián Casanello tomó la decisión de sobreseer a Mauricio Macri en dicho caso. El juez sostuvo en su fallo que no hay siquiera prueba directa que acreditara que Mauricio Macri había ordenado escuchar a su ex cuñado, ni tampoco a Burstein.
El 14 de junio de 2016, la Sala I de la Cámara Federal ratificó la decisión del juez federal Casanello y de esta manera sobreseyó a Mauricio Macri.
En la causa ya fueron enviadas a juicio oral 11 personas, entre ellas, Mariano Narodowski y Ciro James. El juicio quedó a cargo del Tribunal Oral Federal N° 5 que fijó para septiembre de 2017 el inicio del proceso.
