Esta conocida causa fue iniciada en 1994 para investigar las irregularidades que ocurrieron en las contrataciones para llevara a cabo el "Proyecto Centenario", en el cual IBM se comprometía a informatizar 525 sucursales del Banco Nación a cambio de 249 millones de dólares.
La empresa habría sobornado a funcionarios encargados (en distintos niveles) de seleccionar a la compañía que sería contratada para la actualización del sistema operativo del banco y de todas las sucursales con las que contaba en todo el país.
En la investigación se probaron hechos que indican que existió un acuerdo previo entre IBM S.A. y funcionarios para garantizar que la empresa fuera contratada por 250 millones de dólares, en lugar de los 129 millones que la obra requería. A cambio de esto, la empresa recompensó a funcionarios de alta jerarquía dentro del banco con el pago de sobornos.
IBM obtuvo su contrato y el Estado se comprometió (por decisión de los funcionarios corruptos) a pagar entre 80 y 120 millones de dólares de más.
Hasta el momento pudo determinarse que el Banco Nación pagó 21 millones de dólares a IBM, que a su vez se los había pagado a una empresa llamada CCR, supuesta proveedora. En realidad, el pago de estos 21 millones no estaba justificado: IBM no le debía nada a CCR pues esta empresa nunca le prestó ningún servicio, si no que se trataba de una compañía fantasma (sin actividad alguna) que sirvió para desviar el dinero que debía ir a los funcionarios que recibirían los sobornos gracias a su actuación en beneficio de IBM.
Los servicios de CCR ni siquiera estaban previstos en el contrato que el Estado tenía con IBM, lo que es otra importante irregularidad verificada en la ejecución de este contrato.
La existencia de los sobornos se vio confirmada por las declaraciones de dos de esos funcionarios de alta jerarquía dentro del banco: Alfredo Aldaco y Genaro Contartese (dos de los directores del banco).
Ambos confesaron haber recibido dinero en concepto de “gratificación” de parte de IBM que fue depositado por ellos y personas allegadas a ellos en diferentes cuentas en el exterior.
A partir de estas declaraciones, el juez a cargo de la investigación tomó medidas para rastrear el dinero de los sobornos, 4 millones y medio de dólares se pudieron individualizar y traer de nuevo a nuestro país. Este dinero sería parte de los 21 millones que, como dijimos antes, se pagaron a sin causa a CCR.
Resoluciones y situación actual
En noviembre de 2009, los siete procesados (ex funcionarios y empresarios) firmaron un acuerdo de juicio abreviado con la Fiscalía, en el cual estuvieron presentes CIPCE y ACIJ. En dicho acuerdo se estipulaba la condena de siete de ellos (Mario Jorge Dadone, Alejandro De Lellis, Hugo Gaggero, Juan Carlos Cattáneo, Alfredo Alberto Aldaco, Gerardo Contartese y Gustavo Soriani) y la absolución de uno (Ricardo Martorana).
El 12/05/2010, tribunal homologó ese acta con las condenas y absoluciones que habían pactado los mismos procesados, sin hacer ninguna modificación. Además, en el acuerdo también se resolvió: intimar a Mario Jorge Dadone a que depositara a la orden del Tribunal en el “Banco de la Ciudad de Buenos Aires” la suma de trescientos cuarenta y cuatro mil pesos ($ 344.000) en el término de diez días hábiles de quedar firme la sentencia (dentro de los doce meses de quedar firme la sentencia debería depositar los $420.000 restantes); intimar a Hugo Gaggero a que, dentro de los noventa días corridos de quedar firme la sentencia, depositara la suma de trescientos cincuenta mil pesos ($ 350.000) en el “Banco de la Ciudad de Buenos Aires”, a la orden del Tribunal; y disponer el decomiso del dinero secuestrado en autos, (U$S 4.441.507 en una cuenta congelada), proveniente de las confesiones realizadas por los condenados Aldaco y Contartese, y ordenar su oportuna transferencia a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Sin embargo, una vez que el Tribunal homologó el acuerdo, tres de los condenados (Soriani, De Lellis y Cattaneo) recurrieron el acuerdo que ellos mismos habían firmado. Esos recursos aun se encuentran tramitando ante la Cámara de Casación, sin resolución (nº 14.340, sala I).
Con fecha 19/4/2011, el CIPCE exigió que se efectuara el decomiso respecto de los demás condenados que no recurrieron la sentencia. Concretamente, solicitamos: se decomisen definitivamente las sumas de dinero que se encuentran en la cuenta del Banco Ciudad; se intime a Hugo Gaggero y Mario Dadone a que entreguen el dinero en concepto de decomiso voluntario que ordena la sentencia condenatoria dictada el 12 de mayo de 2010; y se proceda a la entrega social del dinero decomisado. Sin embargo, el Tribunal rechazó el pedido, sosteniendo que nuestra solicitud “sobrepasaba” y “excedía el marco de la autorización conferida”.
Presentamos recurso de casación frente a esa resolución, que fue denegado, por lo que fuimos en queja a la Cámara de Casación (aun está tramitando, con el nº15.315).
Observaciones: Esta causa tramitó en el Juz 7, Sec 13 del fuero, con el nº 2229/94 y los autos "Tiron SA s/defraudacion contra la administracion publica".
La cuenta 7606 del BPER (Luxemburgo) es "corresponsal" de la cuenta 6523 HSR en el BPER; Mabel Norma Caldara, es esposa de Mario Dadone. Causas vinculadas: IBM-DGI.
